El Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ), es una organización no gubernamental de promoción, educación y defensa de los derechos humanos y la paz. Comenzó a trabajar en 1981 durante la dictadura cívico militar (1973-1985). Es la primera organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos fundamentales que se creó en Uruguay. El Secretariado Nacional está integrado a la red continental SERPAJ-América Latina, con estatuto consultivo ante la ONU en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y presidida por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Serpaj Uruguay manifestó su apoyo a la Plataforma de Regulación Responsable de la marihuana, ya que supone un camino para 'poner límite a la irracionalidad penal que actualmente existe' en torno al tema y terminar con la criminalización de los consumidores.
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
El Servicio Paz y Justicia apoya e integra la Plataforma de Regulación Responsable. La regulación del mercado de marihuana por parte del Estado es un camino que puede poner límite a la irracionalidad penal que actualmente existe, que se manifiesta en el tratamiento criminalizante de los consumidores de droga.
Este mecanismo de control penal –junto a otras producciones discursivas estigmatizadoras- aumenta para las poblaciones más vulnerables, condenando a la privación de libertad a miles de jóvenes de nivel socio-económico bajo y muy bajo.
Despenalizar el acceso y producción de la marihuana hará más transparente el conocimiento sobre la variedad de sustancias que ofrece el mercado, posibilitando un mayor control de la calidad sobre las mismas.
Asimismo desde el punto de vista de los beneficios económicos, el Estado obtendría recursos con su comercialización que se destinarían a políticas enfocadas a la educación y salud en general y especialmente de los sectores más comprometidos con el consumo problemático.
Por otro lado, restringiría las formas menos apropiadas en que el Estado se hace presente en la 'lucha contra el narcotráfico'.
La distribución y regulación de marihuana -a través de la formalización jurídica-, modifica la respuesta actual de castigo al acceso y evita dejar el control de la distribución en territorios de ilegalidad.
La Propuesta de la Plataforma favorecerá a que se deconstruya la imagen creada del consumidor y la guerra contra las drogas como el 'enemigo apropiado' para desarrollar políticas más punitivas.
Alcanzar los objetivos planteados en la Plataforma es colocar al sujeto, a la persona humana en el centro de la discusión y no, a las drogas y la legislación en torno a ellas, como ocurre actualmente.
Aprobar la regulación del mercado de marihuana propiciará rediscutir las múltiples dimensiones que existe entre el Control Social y los Derechos Humanos. Nos parece imprescindible avanzar en esta dirección: democratizando y destabuizando el debate y generando un control social y sanitario adecuado.
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