El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Tribunal Supremo de España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El magistrado cuestiona el procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo y alega indefensión.
En la demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de derecho "al dejar indefensas a las víctimas".
El juez, que se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, está representado por Interights, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.
Con su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, Garzón denuncia la violación por parte del Supremo del principio de independencia judicial.
"La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia", se dice en el texto.
Fuentes próximas al magistrado explican que la suspensión provisional decretada por el alto tribunal le ha acarreado un grave perjuicio ya que se le ha privado de su derecho a desempeñar sus funciones como juez y que, aunque posteriormente fuera absuelto, el daño no desaparecería, pues han sido muchos los procedimientos y causas en las que debería haber participado y que su suspensión ha impedido.
La finalidad del escrito presentado ayer en Estrasburgo es precisamente "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial".
La demanda también cuestiona los argumentos esgrimidos por el Supremo para imputar a Garzón.
"La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".
Para los defensores de Garzón no debería calificar se arbitraria o carente de razón la interpretación dada por el magistrado para investigar los crímenes del franquismo sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".
El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones propuestas por Garzón contra cinco de los siete magistrados del alto tribunal que debe juzgarlo.
El pasado día 17, la Sala Penal del Tribunal Supremo volvió a rechazar otro recurso del juez en el caso de los cursos, en esta ocasión contra la solicitud de pruebas documentales y testificales, que consideró "innecesarias". El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el Ministerio Fiscal.
Garzón había propuesto al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos de América , se aportasen los soportes documentales de sus nóminas.
El instructor lo rechazó y la Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza, ratificaron una vez más todas las decisiones del instructor.
La Sala Penal partía de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias imprescindibles".
En su última aparición pública, el pasado día 14, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, durante la presentación del libro La fuerza de la Razón, una entrevista que le hizo el escritor Manuel Rivas, Garzón dijo: "Quiero despedirme aquí, entre estas columnas que respiran cultura, antes que en una sala de juicios".
El juez se siente condenado aunque, al ser preguntado aquel día por esta cuestión respondió: "No depende de mí, ni siquiera de quienes lo van a decidir en primera instancia". Y añadió: "Injusticia es lo que ocurre ahora en Japón o en Libia. El que se me juzgue a mí es un síntoma de que soy un ciudadano más", dijo.
Asesor de la OEA
Por otra parte, Garzón trabajará como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó hoy a Efe una fuente del organismo interamericano. La misma fuente aseguró que Garzón comenzará su cometido "cuanto antes" y que ahora están en curso "conversaciones" con el juez para precisar los términos y los detalles de su nuevo cargo.
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