Aseguran que es una medida en contra de los gitanos, pero que nadie en el gobierno de Finlandia va a admitirlo. Por eso, las organizaciones de derechos humanos de ese país pusieron el grito en el cielo en contra de una propuesta de la ministra de Interior que quiere prohibir la mendicidad y convertirla en un delito.
La ministra Anne Holmlund, planteó esta medida que, si bien no está oficialmente destinada a los gitanos, a nadie se le escapa que ellos serán sus principales destinatarios.
Luego de que varias ongs acusaran a la ministra de ir tras los gitanos, perseguidos por otro gobierno europeo como el de Francia, Holmlund intentó defenderse.
La ministra intentó defenderse: "El objetivo no va en contra los mendigos, es un paso en la lucha contra el crimen organizado que se aprovecha de ellos", manifestó.
Y añadió que su propuesta no iba dirigida contra ninguna minoría étnica.
El gobierno finlandés, según la agencia AFP, cuenta unos 200 mendigos activos en toda Finlandia, uno de los países con mayor nivel de vida de Europa.
La mayoría de ellos serían gitanos de nacionalidad rumana, los mismos que Francia está deportando.
Amnistía Internacional en Finlandia, de boca de su director Frank Johansson, dijo que la propuesta del gobierno finlandés es "discriminatoria, porque es evidente que esta ley va dirigida contra los 200 mendigos gitanos".
El consejo de ministros del gobierno finlandés no ha dado su visto bueno a la propuesta de la ministra Holmlund, que incluye poner fin a los campamentos ilegales, a la mendicidad pública y castigar como un crimen cualquier tipo de mendicidad organizada.
Fuentes de la Policía finlandesa aseguran que esos mendigos gitanos no están organizados, aunque la ministra asegura que sí existe una cierta estructura.
Mika Pöry, superintendente de la Policía finlandesa, contradijo a su ministra y aseguró que tras realizar una serie de investigaciones, no pudo comprobarse que los gitanos estuviesen siendo obligados a mendigar. "Los gitanos supuestamente implicados no han corroborado estas teorías".
La decisión de Francia de expulsar a los gitanos y enviarlos a sus países de origen provocó un fuerte rechazo de la comunidad internacional, incluidos el Vaticano, la OUN, Estados Unidos de América y la misma Unión Europea.
A finales de septiembre, la Comisión Europea anunció el comienzo de un proceso mediante el cual podría sancionar a Francia por violar el derecho comunitario de libre circulación por la polémica medida de expulsar gitanos y enviarlos a sus países de origen. Ahora, es Finlandia la que se ha puesto en su mira.
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