La tabacalera Philip Morris amenaza con demandar al Estado uruguayo por US$ 2.000 millones por supuestas pérdidas que dicen se le habrían ocasionado por la aplicación de las medidas antitabaco resueltas por la administración Vázquez para disminuir la cantidad de fallecimientos producidos como consecuencia de fumar, dijeron al diario Ultimas Noticias fuentes oficiales.
Philip Morris pedirá cerca de 2.000 millones de dólares, algo más del 6% del Producto Interno Bruto de Uruguay en 2009, por concepto de reparación económica por daños ocasionados en la venta de cigarrillos desde que en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez se aprobaron los decretos regulatorios de los pictogramas de las cajillas.
Según informaron a Ultimas Noticias fuentes oficiales, las autoridades de gobierno fueron advertidas por la tabacalera del reclamo millonario, por lo que se generó cierta preocupación de parte de las autoridades nacionales.
Además, el gobierno solicitó una prórroga de la primera instancia del litigio fijada para octubre con la intención de seguir negociando.
Según informó el jueves el semanario Búsqueda, el canciller Luis Almagro y el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, contrataron los servicios del abogado Paul Reichler (socio del bufete Foley Hoag LLP) que asesoró a Uruguay ante La Haya, para ejercer la defensa ante la tabacalera multinacional.
En tanto, la tabacalera está siendo asesorada por la firma suiza Lalive, que está entre las 25 más prestigiosas en cuanto a arbitrajes comerciales internacionales y cuenta con abogados que pueden cobrar honorarios de mil dólares la hora, según cuenta Todd Weiler, abogado canadiense experto en arbitrajes en torno a tratados de inversión, según consignó Brecha.
Asimismo, una ronda de consultas que inició la Cancillería uruguaya con organizaciones internacionales para asesorarse de un posible resultado de la demanda iniciada por la tabacalera a inicios de este año es alentadora para Uruguay, señaló una de las fuentes.
Tanto la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la división de Propiedad Intelectual le manifestaron al gobierno que “el Estado uruguayo tiene la primacía porque está defendiendo un derecho esencial como la salud”, explicó uno de los informantes.
A eso se suma que en el mismo tratado internacional de inversiones que tiene firmado Uruguay con Suiza (país en que la multinacional tiene su sede) se establece la posibilidad de modificaciones de las cláusulas por parte del Estado uruguayo. Las modificaciones que puede realizar Uruguay se enmarcan en el derecho de conservar la salud de los ciudadanos.
Además, se sienta como precedente el hecho de que una corte de Nueva York falló a favor del Estado y no de la tabacalera. En junio de este año, la tabacalera inició un juicio contra el Ayuntamiento de Nueva York al considerar que la legislación que limita la publicidad del tabaco viola la Primera Enmienda de la Constitución usamericana, que hace referencia a la libertad de expresión.
La demanda, presentada en una corte de Manhattan, argumentó que la legislación local contradice a la estatal, al establecer que los puntos de venta de tabaco deben mostrar mensajes sobre las consecuencias del tabaco en la salud.
Sin embargo, la Justicia falló a favor de Nueva York y privilegió el derecho a la salud; en Uruguay se espera que suceda lo mismo en la demanda que la multinacional presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciade).
No hay comentarios:
Publicar un comentario