Los canales privados 4, 10 y 12, titulares de los principales canales cable de Montevideo, acaban de pedir la nulidad de la resolución del Poder Ejecutivo Nº097/20 del 14 de febrero de 2020 del gobierno anterior presidido por Tabaré Vázquez, que otorga a tres propuestas de comunicación, Canal U orientada por Pablo Scotellaro , TV Libre dirigida por Néstor Molina, y Eutopía TV conducida por Federico Fasano, el derecho de pantalla en todos los servicios de televisión por abonados del país en un lugar preferencial.
En la tarde de ayer los tres canales que resultaron vencedores en la licitación convocada el 10 de octubre del año pasado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y la Ursec, fueron notificados de que su concesión peligra ante la oposición de los poderosos canales de televisión abierta, 4, 10 y 12 y sus sucursales en televisión cable en todo el país.
El Ministerio de Industria concedió a dichos canales un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida de un escrito de 62 páginas presentado por el monopolio de la televisión uruguaya el día 15 de abril pasado.
Piden la suspensión y la nulidad de la concesión todas las empresas vinculadas a los canales 4, 10 y 12 de televisión abierta, las empresas Montecablevideo S.A., Riselco S.A. Tractoral S.A., Colonia Telecable S.A., Multicanal S.A., Piriápolis Cable TV Ltda., Emoral S.A., Silverton S.A., Darwin Fernández Luzardo, Comunicación Televisiva SRL, y Cable Visión Pan de Azúcar Ltda.
La licitación fue convocada al amparo del artículo 117 de la ley de medios del 29 de diciembre de 2014, que concede a tres señales de televisión seleccionadas mediante concurso público y transparente así como la obligación de defender sus propuestas en audiencia pública, el derecho a que sus señales sean subidas obligatoriamente en todos los canales por abonados en todo el país.
Al llamado se presentaron 5 empresas, una quedó fuera de concurso por presentarse fuera del plazo otorgado y las 4 restantes presentaron en tiempo y formas sus proyectos. Evaluadas sus solvencias económicas debieron defender sus propuestas en audiencia pública que se realizó el 16 de diciembre de 2019. Culminado ese requisito el Poder Ejecutivo convocó a una Consulta Pública que tuvo lugar el 20 de diciembre del 2019 al 20 de enero de 2020 a la que concurrieron Andebu y varios operadores de televisión y diversas organizaciones. Días después de la consulta pública la URSEC analizó el trabajo llevado a cabo por una comisión especializada del organismo que estudió cada una de las propuestas y les otorgó el puntaje respectivo.
Finalmente el Poder Ejecutivo descartó la propuesta presentada por los canales del interior agrupados en la CUTA, por no reunir el puntaje necesario para su concesión y otorgó los derechos legales a Danielar S.A., presentada por Fasano; Canal U, orientada por Scotellaro y TV Libre, que controla el Multimedio del diario La República. Quedó excluido el proyecto presentado por asociados a la CUTA, que nuclea a varios canales del interior del país y cuya producción está mayoritariamente vinculada a los canales 4, 10 y 12.
Foto: Pxfuel
Libertad de expresión y pluralidad de voces
El fundamento para pedir la nulidad es que la Ursec no tenía facultades para elaborar el pliego de condiciones del llamado establecido en la ley 19307 del 29 de diciembre de 2014. Una vez evacuada la vista conferida quedará en manos del nuevo gobierno hacer cumplir la decisión del gobierno anterior o revocarla y anularla, lo que podría provocar un aluvión de juicios millonarios por daños y perjuicios y lucro cesante, y mantener el actual dominio de décadas de los canales 4, 10 y 12 de televisión abierta, cerrando de esta manera las nuevas y diferentes voces que el anterior gobierno había habilitado con este llamado que lo obligaba la propia ley de medios aprobada por el Parlamento nacional.
Ante una encrucijada histórica en la que está en juego la democracia informativa, el actual gobierno deberá decidir entre la apertura democrática de la televisión o la consolidación del monopolio televisivo que impide ingresar las voces diferentes que la ley de medios había habilitado.
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