Una versión de los audios, manejada por varias fuentes cercanas al caso, apuntaba a que el nombre del presidente de la República y el de su hijo Javier –un empresario del mundo de la tecnología- aparecieron en una de las conversaciones entre el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, y el empresario Walter Alcántara. Esas conversaciones giraron alrededor de la adjudicación de la instalación de las cámaras de videovigilancia.
Sin embargo, Di Bello dijo que ni siquiera conoce a Javier Vázquez.
Alcántara grabó sus charlas con Valdez cuando se debatía el asunto, ya que representaba a una de las compañías interesadas en obtener la obra, un consorcio en el que participaba la coreana Hyundai.
En uno de los audios Alcántara le pidió ayuda a Valdez en la licitación, porque se encontraba en una situación económica personal complicada. Anteriormente ya le había pedido dinero a él y a otros dirigentes.
Valdez se negó y le explicó, según publicó El País este sábado tras acceder a uno de los audios, que ya la situación ya estaba arreglada con el gobierno para que gane la empresa DBBA, que fue la que finalmente se adjudicó la instalación de las cámaras. "Ya se sabía que cuando se hicieron los pliegos de la licitación, que estaban prendidos con eso. Olvidate. Ya se sabía que esa empresa iba a terminar ganando por idoneidad", dice Valdez según El País.
Eso coincide con la versión que le dieron a El Observador fuentes cercanas a Valdez, otras fuentes dirigenciales con información sobre el proceso, y dos de las empresas que participan de la competencia. Todas las fuentes aclararon que no tienen ninguna prueba de irregularidades, pero que era un comentario generalizado porque les llamaba la atención la insistencia del Ministerio con DDBA.
Di Bello dijo que no tienen ningún elemento para afirmar que hubo favoritismo y subrayó que el segundo llamado terminó siendo de una "competencia bestial", que culminó con un remate a la baja convocado por la empresa ITC, propiedad de Antel, que asesoró a la AUF en el proceso.
Desde el Ministerio del Interior se explicó a El Observador que nunca se le dijo a la AUF qué empresas debía escoger para comprar las cámaras de reconocimiento facial con el objetivo de incrementar la seguridad en el fútbol, sino que se hizo un listado de las especificidades técnicas que las cámaras debían tener. Las empresas que compitieran por la oferta debían contener ese tipo de tecnología.
Según fuentes dirigenciales consultadas por El Observador, la mejor evaluada en una primera instancia del segundo llamado había sido otra empresa, Servinfo, con la que la AUF había llegado a tener una reunión informal para conversar detalles del proceso, pero finalmente la que se anunció como ganadora fue DDBA.
Di Bello, por su parte, dijo que su empresa fue la mejor puntuada y una de las "dos o tres" que ofrecían mejor precio. El costo que cotizaron las empresas mejor calificadas rondaba US$ 1 millón.
Otras empresas que participaron del llamado consultadas por El Observador se sorprendieron por el resultado final, aunque dijeron que el proceso que comandó ITC fue impecable.
Las empresas participantes -entre 16 y 20 según las fuentes consultadas- nunca tuvieron una devolución oficial de parte de la AUF. No había obligación, pero muchos la esperaban por el hecho de que el llamado inicial fue realizada con mucha publicidad, al estilo de una licitación.
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