lunes, 9 de octubre de 2017
Y. GOICOECHEA: SOY PRISIONERO POLITICO DEL GOBIERNO DE VENEZUELA
Escribo esto desde la celda en los calabozos del Sebin, la policía secreta venezolana. Tengo 32 años y he sido un activista democrático durante los últimos doce años. Tengo dos hijos, de 8 y de 5 años, que son mi sol y mi luna. Tengo una esposa a la que amo y que ahora debe cargar con el peso de estar casada con un prisionero político.
Hace un año, camino a hablar en una conferencia de prensa del partido Voluntad Popular, del que soy integrante, me interceptaron unos diez o quince vehículos policiales encubiertos. Una decena de agentes armados ataron mis manos detrás de mi espalda y cubrieron mi cabeza con una tela negra. Me llevaron a la prisión desde la que ahora les escribo, donde me dejaron en una celda sin luz ni ventilación naturales.
Con tan solo estirar mis brazos podía tocar las dos paredes que me rodeaban. Bolsas negras de basura bloqueaban la puerta, lo que dejaba al cuarto en oscuridad total. Había comida podrida y llena de lombrices en el piso, junto con trozos de tela cubiertos en heces. Sentía como si me hubieran enterrado vivo.
Me negaron la comunicación con el mundo exterior y solo podía hablar con mis abogados cuando me llevaban ante el tribunal. Después de diez días me transfirieron a una oficina administrativa dentro de la cárcel y durante los siguientes siete meses dormí en un tapete en el piso. Por fin me movieron a una celda con cama, pero no hay ventanas. Solo puedo ver la luz del sol durante una hora a la semana.
Hace apenas cinco años estudiaba una maestría en la Universidad de Columbia y podía pasear con mi familia en el vecindario de Morningside Heights en Manhattan con la esperanza de un día poder utilizar todo lo que aprendí para ayudar a reconstruir mi país.
Pero para mí, y para tantos otros venezolanos, la prisión política ha sido el castigo por atrevernos a soñar con una sociedad democrática, libre del comunismo y abierta a la comunidad global. Solo queremos lo que muchas otras personas alrededor del mundo dan por sentado: elecciones libres, un buen gobierno, libertad de expresión, independencia judicial, seguridad personal y un ápice de libertad económica; algo que ni siquiera el Partido Comunista de China le continúa negando a sus ciudadanos.
No soy el único que piensa así; comparten mi sueño 1048 prisioneros políticos y la mayoría de los venezolanos. Pero una minoría armada se las ha arreglado para imponer un régimen de miedo, corrupción y sangre. Mi caso es evidencia plena.
En octubre pasado un tribunal ordenó mi excarcelación, pero mis carceleros lo han ignorado.
Hace tres meses, el fiscal de mi caso cerró la investigación e indicó que no era culpable de ningún crimen (me habían achacado cargos inventados de posesión de material explosivo). Eso significa que no hay ningún procedimiento jurídico en mi contra; simple y sencillamente me tienen como rehén en violación de la Constitución. Las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional califican mi detención como arbitraria y han pedido mi liberación.
Mi generación ha hecho de la libertad su meta.
Pero sé que estoy aquí por una causa justa. Mi sacrificio y el de otros como yo cambiarán millones de vidas. Hoy, el 93 % de los venezolanos no pueden costear sus alimentos. Debido a la escasez de comida, responsabilidad de nuestro gobierno corrupto y brutal, casi el 75 % de los venezolanos dicen que han perdido 8 quilos en promedio durante el último año. Un ministro de Salud fue despedido por publicar el informe anual de su departamento, que reveló que la mortandad infantil ha regresado a los niveles de 1950.
No puedo imaginarme la desesperanza de miles de pacientes con cáncer y otras enfermedades que están en constante dolor en hospitales que no tienen medicamentos. No quiero pensar en el horror que vive un padre cuando su bebé muere de fiebre o diarrea que podría haber sido tratada fácilmente si tan solo tuviera acceso a medicinas.
Estoy en prisión para que esto ya no suceda. Esa convicción me da fuerza.
Mi generación ha hecho de la libertad su meta. Quiero pedirle a la gente de Estados Unidos y del mundo que se sumen a nuestra causa. Le pido a los medios de comunicación que reporten lo que se censura en Venezuela. Le pido a las organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de derechos humanos que continúen sus denuncias por los abusos. Y le pido a los inversionistas que entiendan que no hay ganancias al hacer negocios con un gobierno en bancarrota que puedan superar los beneficios de llegar a Venezuela cuando de nuevo opere dentro de los mercados mundiales.
Quienes formamos la oposición venezolana nos enfrentamos a tres retos principales en la actualidad. El primero, superar la crisis humanitaria causada por la escasez de alimentos y medicinas; el segundo, reinstaurar la democracia por medios pacíficos y evitar una guerra civil, y, el tercero, abrir nuestra economía al mundo.
No le pedimos a nadie más que resuelva nuestros problemas. Hemos asumido la responsabilidad del futuro de nuestro país. Pero la influencia de la comunidad internacional, tiene la capacidad de presionar para que haya negociación y una transición pacífica a la democracia. Estamos agradecidos por el apoyo que nos han mostrado los pueblos de Europa, América Latina y Norteamérica y solo me atrevo a pedir una cosa más: determinación.
En mi caso, seguiré haciendo todo lo que pueda para resistir desde prisión. Seguiré soñando con ir a casa a dormir en una cama limpia rodeado por mi familia. Seguiré soñando con el día en el que saldremos a las calles a celebrar nuestra libertad.
Yon Alexander Goicoechea Lara (Venezuela, Caracas, 8/11/1984) es un abogado venezolano que ha incursionado en la política. Fue uno de los principales organizadores del Movimiento Estudiantil Venezolano en el 2007, un factor clave en el rechazo de la Reforma Constitucional de 2007 impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez.
Sus abuelos paternos provienen de Gordejuela, Vizcaya, mientras que los maternos son originarios de las Islas Canarias.
El 23 de diciembre del 2016 el gobierno de España le concedió la nacionalidadde ese país.
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