La comisión parlamentaria especial sobre financiación de los partidos políticos terminó su trabajo este martes y envió al plenario de la Cámara de Senadores un proyecto de ley que, entre otras disposiciones, prohíbe que las empresas aporten a los partidos políticos. Además, se envió una minuta de comunicación porque algunas disposiciones requieren iniciativa del Poder Ejecutivo por tener carácter presupuestal.
El artículo que establece que “los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos sólo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones, sea en dinero o en especie, de personas físicas debidamente identificadas”, y, por lo tanto, prohíbe el aporte de empresas, fue aprobado en comisión sólo con los votos del Frente Amplio.
El Partido Nacional (PN) ya había adelantado que se opondría a esta disposición. “Nosotros creemos que no puede haber contribuciones permanentes de una empresa. Estamos de acuerdo, porque si no, una empresa está aportando a un partido político, y eso no es de recibo. Pero en las campañas electorales, ¿qué diferencia hay entre que te dé una empresa y que te dé un empresario? Es el dueño de la empresa o es la empresa, no vemos diferencia ahí”, declaró el senador nacionalista Luis Alberto Heber el 20 de julio a La Diaria. Es claro que la diferencia es pagar el irpf
Tampoco votaron este artículo el Partido Colorado y el Partido Independiente (PI). El senador del PI, Pablo Mieres, dijo en comisión que “en principio” a su partido no le parecía mal la disposición, pero “luego surgió la preocupación” de que “por esa vía al final terminemos prohijando mecanismos que no son los deseados”.
“Me refiero a que haya segundas cajas y cosas por el estilo, que justamente queremos evitar. Estamos buscando la transparencia. Me parece que en algunos casos, cuando eliminamos radicalmente la contribución del mundo empresarial, podemos estar haciéndonos trampa al solitario, no porque no nos parezca bien que haya una prohibición, sino porque a la hora del análisis pragmático puede haber cierto riesgo”, argumentó Mieres, según consta en la versión taquigráfica.
El PN y el Partido Colorado, en tanto, votaron negativamente una disposición del proyecto que establece que la remisión de deuda actual o futura, total o parcial, por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual entre los partidos políticos “configurará una donación encubierta prohibida por la ley y operará la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual”. Este artículo perjudicaba a los partidos rosados, porque es habitual que como los dueños de los principales medios son votantes de esos partidos, terminaban no cobrándoles buena parte de la publicidad
Por otra parte, la oposición votó los artículos que establecen incentivos económicos a la inclusión de mujeres en las listas, pero no votó los artículos que establecen incentivos adicionales en caso de que las mujeres efectivamente ocupen las bancas. Votó favorablemente el artículo 12, que propone un incremento de 15% de la financiación a los partidos cuando las listas de candidatos a ediles, diputados, senadores e intendentes sean encabezadas por mujeres, y negativamente el artículo 13, que dispone que la partida para el financiamiento de los partidos se incrementará 20% en el caso de los sectores y listas encabezados por mujeres que ocupen efectivamente su cargo, y 10% por cada mujer titular electa que efectivamente ocupe su cargo.
“Nosotros estamos dispuestos a votar algún incentivo para la participación de la mujer por la vía del financiamiento, pero nos parece que la acumulación de estos dos artículos es rotundamente excesiva en cuanto al peso que implica desde el punto de vista financiero”, argumentó Mieres. Agregó que la aprobación de estas disposiciones acumuladas podría implicar “un incremento de 30, 40, 50 o del 100 %” del monto de la partida por voto.
La senadora frenteamplista Mónica Xavier opinó a su turno que los incentivos que se establecen no son desproporcionados. Puso como ejemplo que si el PI tuviera una mujer senadora, recibiría cerca de 107.470 pesos al año.
En tanto, Heber consideró que el artículo 13 es “un premio a los partidos y a los sectores por tener efectivamente mujeres y me parece que eso no puede ser de recibo, porque creemos que lo importante es que encabecen las listas”.
Central de compras
La oposición también rechazó los artículos que establecen un sistema transparente para la compra de minutos en televisión, por considerarlo demasiado complejo de instrumentar. El proyecto dispone, por un lado, que habrá 50 minutos gratuitos de publicidad en televisión para distribuir entre los partidos con representación parlamentaria (45 % en forma equitativa y 55 % en forma proporcional a los votos).
En este punto existe acuerdo entre los partidos y se votó afirmativamente. Pero, por otro lado, establece que los partidos políticos deberán comunicar a la Corte Electoral (CE) los minutos que planean comprar y dar el dinero y la CE será la encargada de comprar los minutos. Se asigna además a la CE la potestad de dictar una reglamentación que determine la distribución de la publicidad paga entre los lemas, y se prohíbe a los partidos políticos “la adquisición, en forma directa o indirecta, y a cualquier título, de publicidad o propaganda electoral en televisión abierta o por cable”.
Mieres consideró que de esta forma se convierte a la CE “en una especie de central de compra de minutos”. “Eso conlleva algunos problemas; por ejemplo, estamos cargando a la corte con una tarea adicional bastante pesada y compleja. Además, seguramente se van a generar dificultades para las compras financiadas que todos los partidos hacemos con los medios de comunicación, como el pago en cuotas, aprovechando para pagar las cuotas cuando llega la plata de los votos. Muchos hacemos eso, es decir, compramos minutos, pero pagamos cuando se paga por parte del Banco República”, indicó el senador del PI.
El PI proponía en cambio que cada partido comprara los minutos y establecer la obligación de que los medios de comunicación remitieran copia de las facturas al Consejo de Comunicación Audiovisual, que fue creado por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2014 pero aún no se ha instalado.
En tanto, Heber consideró que en este punto el proyecto está hecho con “una cabeza muy montevideana”. “La Corte Electoral podrá establecer un precio, pero tendrá que realizar negociaciones con los canales y las radios en cada uno de los departamentos porque, por ejemplo, los minutos en la radio de Minas de Corrales no van a tener el mismo precio que una radio capitalina”, señaló el senador nacionalista.
El senador colorado José Amorín Batlle coincidió en este punto. “Francamente, no me parece que la Corte Electoral pueda negociar con todos los medios que hay en el país. Cuando uno ve esto por primera vez piensa en los canales de Montevideo, pero hay cientos, miles de radios, decenas o cientos de canales de todo tipo, y realmente no puedo imaginar a la Corte Electoral en esta negociación”, evaluó el legislador.
El senador frenteamplista Enrique Pintado argumentó que la disposición no implica que “se pague lo mismo a los canales de Montevideo que al de Minas de Corrales”. “Lo que no puede ocurrir es que en Minas de Corrales al Partido Nacional le cobren mucho y al Partido Colorado, que está en el gobierno departamental, le cobren poco, por ejemplo. Las condiciones tienen que ser iguales para todos”, explicó.
Ahora el proyecto será considerado por el plenario del Senado, con excepción de las disposiciones que establecen incentivos económicos a la inclusión de mujeres en las listas y el financiamiento de las elecciones municipales. Estos dos puntos deberá incluirlos el Poder Ejecutivo en un nuevo proyecto de ley que tendrá que enviar al Parlamento si lo considera pertinente.
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