La silla vacía del Estado uruguayo fue una alusión recurrente en los discursos de las dos audiencias sobre casos uruguayos que se celebraron en la mañana de ayer en el hotel Sheraton en Buenos Aires. El Estado se limitó a enviar una nota en la que comunicaba que no le sería posible participar “de modo presencial”, y que en cambio enviaba un documento para entregar a las organizaciones sociales. “Quiero expresar mi preocupación y sorpresa por esta situación. Estamos seguros de que recibiremos mayores explicaciones [por parte del Estado uruguayo], porque las audiencias de la CIDH son un foro, una vitrina para el esclarecimiento de temas”, señaló Eguiguren.
El comisionado de la CIDH James Cavallaro dijo no entender por qué las autoridades uruguayas no participaron en la audiencia, cuando están “tan cerca” de Buenos Aires. José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH, advirtió que la ausencia del Estado uruguayo “impide o dificulta de manera severa” que la comisión “pueda cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos [DDHH] en la región”.
Las organizaciones de la sociedad civil que pidieron las audiencias también cuestionaron la ausencia de representantes del Estado y evaluaron que constituye “un vacío inesperado” de Uruguay al sistema interamericano de DDHH, que da “vergüenza ajena”.
Tras bambalinas
La primera audiencia se convocó a solicitud de una coalición de 130 organizaciones, que reclaman mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora, sostuvo que el proceso actual “tiene como núcleo duro la negociación político partidaria” y “se desarrolla entre cuatro paredes, en el más absoluto secretismo, sin participación ciudadana, sin transparencia, sin rendición de cuentas posterior que nos permita saber los criterios objetivos por los cuales se entiende que determinada persona es la más capaz” para ocupar el cargo de ministro de la SCJ.
Agregó que este secretismo es “inaceptable” y que las organizaciones ni siquiera obtienen respuestas a preguntas “tan simples como de dónde parten las candidaturas, ante quién se presentan las propuestas, cuáles son los criterios objetivos que se manejan para la elección”.
Tania da Rosa, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), recordó que en junio de 2015 se presentó una petición al Parlamento, que ya se había presentado en la legislatura pasada, para que los legisladores definieran un proceso transparente de selección de los ministros. Afirmó que hasta el momento los parlamentarios no se han expedido ni han brindado respuesta formal a las organizaciones. Remarcó que esta actitud “desconoce los estándares interamericanos para fortalecer la independencia judicial” y “vulnera de manera inadmisible el derecho de acceso a la información pública”.
Finalmente, las organizaciones instaron al Estado uruguayo a garantizar un proceso “transparente y participativo” en la selección de los ministros de la SCJ. En su respuesta por escrito, el Estado uruguayo, por intermedio del presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Raúl Sendic, manifestó que el tema planteado por las organizaciones es “atendible y prioritario”. “Es una preocupación de la Asamblea General fortalecer la transparencia en sus procesos, sobre todo en aquellos que comprometen los aspectos fundamentales de nuestro sistema democrático”, indica el escrito. Recuerda que la petición de la organización está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, y que el 8 de mayo se presentó un borrador de reglamento para el proceso de designación de los ministros que está a estudio de los partidos políticos. “Surge entonces que la Asamblea General se encuentra comprometida con el mejoramiento de las prácticas institucionales que hacen al objeto de la petición”, concluye el documento.
Por su parte, el presidente de la CIDH evaluó que todos los sistemas de designación de jueces son distintos en cada país. De todos modos, coincidió en que estos procesos “tienen que transparentarse”, que debe estar regulado cómo se presentan las iniciativas y que deben difundirse las hojas de vida de los candidatos para que las organizaciones puedan pronunciarse. “Estoy totalmente de acuerdo con la idea de mayor acceso a la información”, afirmó. Otros comisionados de la CIDH coincidieron en la importancia de la transparencia en estos procesos.
Todavía esperamos
Una hora después, el tema fue la “política de impunidad” del Estado uruguayo. La delegación de la sociedad civil en este caso fue más numerosa, lo que acentuó el contraste con las sillas vacías a su frente. Además de los tres peticionantes, integrantes del Observatorio Luz Ibarburu –los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, y el coordinador ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera–, se sumaron en un gesto simbólico de respaldo, detrás de ellos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, la académica Francesca Lessa y el integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Jair Krischke. Tanto ellos tres como Chargoñia fueron amenazados de muerte este año por el autodenominado “comando Barneix”, en un episodio que aún no fue esclarecido por la Justicia.
Precisamente, este fue uno de los hechos que mencionó Retamosa, junto al robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), para sostener que hay indicios de la persistencia de “un aparato de inteligencia militar ilícita que opera desde las estructuras del Estado” con las lógicas de la dictadura. Informó que como resultado concreto de las amenazas, la Universidad de Oxford le solicitó a Lessa que no viajara a Uruguay. Retamosa recordó que el robo al GIAF incluyó el señalamiento de los domicilios de los investigadores, “dando una señal inequívocamente amenazante”, y que tampoco fue esclarecido por la Justicia.
Olivera sostuvo que el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para el caso Gelman “se ha visto afectado por la persistencia de la impunidad”. Mencionó las amenazas a las organizaciones de DDHH, la “responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de las causas”, la persistencia del espionaje militar en democracia, “sin que el Estado tenga una conducta activa y ponga en funcionamiento una institucionalidad adecuada y eficaz”.
Chargoñia recordó que antes se esgrimía la Ley de Caducidad como “el único obstáculo para el juzgamiento” de los violadores de los DDHH durante la dictadura, y sin embargo, pese a que se restableció la pretensión punitiva del Estado en 2011, el resultado “es muy decepcionante”. Señaló que sólo hay 19 personas cumpliendo condenas por estas causas, sólo una enjuiciada por tortura, y 70% de los expedientes penales no superó la indagatoria presumarial. Consideró que no es posible prever un cambio en este panorama, debido a la “demora en la tramitación de las causas judiciales”. Afirmó que los represores “han sido beneficiados por la Justicia” a raíz de la conducta “omisa o negligente” de esta, habilitando todo tipo de recursos dilatorios presentados por los abogados de los represores.
Chargoñia sostuvo también que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no aparece como una herramienta eficaz” y “no ha logrado superar los discursos”, ya sea “por falta de recursos o por falta de coordinación”. Recordó que los militares retirados mantienen el estado militar y no han sido juzgados por tribunales de honor; “y no se advierte que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir”, afirmó. Dijo que en la Justicia hay “descoordinación” en las causas y que no se la ha dotado de “los recursos necesarios” para afrontar estos casos.
Concluyó que en Uruguay hay “un diseño institucional despreocupado de la protección de las víctimas” y una “impunidad institucionalizada”. Sostuvo que el Parlamento no ejerce su función de contralor del Ejecutivo en este tema y que hay una “evidente falta de voluntad política” de un Estado “desinteresado” por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. “La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay”, sentenció.
Finalmente, Chargoñia pidió al Estado que tome medidas para el descongestionamiento de los juzgados penales que abordan asuntos de violaciones a los DDHH en la última dictadura, y llamó a “revisar” la decisión del Parlamento, que ya tiene media sanción, de crear una fiscalía especializada en DDHH. “No aparece como una solución para atender más de 300 causas penales”, advirtió. También solicitó al Estado que adopte “medidas protectoras de la integridad física” de los abogados y activistas de DDHH amenazados –ya que hasta el momento no hubo “siquiera declaraciones” que expresaran “alguna preocupación” por parte del gobierno–, así como para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales “que corresponden” por estos hechos. Dijo que la investigación judicial sobre las amenazas da la impresión de ser “superficial, simple”. Concluyó que la “sorpresiva, preocupante, lamentable” ausencia del Estado en la audiencia “es la confirmación simbólica de la crítica que estamos formulando”.
Todos los comisionados expresaron su preocupación por las denuncias formuladas. El comisionado Jesús Orozco llamó a investigar “con la debida diligencia y [a] castigar a los responsables” de las amenazas, porque esta situación “no sólo afecta a la persona involucrada, sino también a los defendidos”, y tiene un “efecto intimidatorio” hacia la comunidad de defensores de los DDHH.
En su respuesta por escrito a las organizaciones, el Estado uruguayo hace un balance del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Sobre la búsqueda de los restos de María Claudia García menciona que se han continuado las tareas de excavación en los predios del Batallón No 13 “sin que, hasta el momento, se hayan producido resultados al respecto”. Agrega que “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de Uruguay, la calificación jurídica de una conducta con apariencia delictiva le compete exclusivamente a la Justicia Penal”.
El gobierno evalúa que “desde el punto de vista de la jurisprudencia de la SCJ, no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir y castigar los delitos que se hayan cometido” durante la dictadura. Menciona la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a estudio del Parlamento, y la capacitación de los fiscales en temas de DDHH.
Sobre las amenazas del comando Barneix, el gobierno menciona un informe que pidió a la jueza Julia Staricco, que está a cargo de la causa. La jueza explica que no ha podido rastrearse el origen del correo electrónico desde el que se enviaron las amenazas. Sólo se sabe que la IP de origen es de Estados Unidos. El 19 de mayo, la jueza dispuso que se librara un exhorto a una empresa de comunicaciones en Estados Unidos para determinar quién dispuso de la IP en el día y horario en que se mandó el correo electrónico.
Hoy se realiza la última audiencia por un caso uruguayo. A pedido de la Coalición por una Comunicación Democrática, se analizará la responsabilidad del Estado por no haber aplicado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta ocasión el Estado sí estará representado, por autoridades de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria.
Explicación de la ausencia
Con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren
–¿Es habitual que los estados se ausenten en este tipo de audiencias?
–No, no es lo frecuente. Pasó con Estados Unidos. Con Cuba es una constante. Y el que lo ha venido haciendo también es Nicaragua. Con los demás no ocurre, es muy extraño. Estados Unidos explicó que las razones por las cuales no fue a dos audiencias fue porque eran temas que estaban judicializados dentro de su país, criterio que obviamente no compartimos. Resulta muy difícil entender esto [la ausencia de Uruguay]. Como se ha mencionado, el país está cerca y esto está anunciado hace mucho tiempo. A todos nos ha generado una profunda sorpresa, pero quisiera saber cuáles son las razones que nos dicen.
Con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano
–¿Por qué no estuvo presente el Estado uruguayo en las audiencias de la CIDH?
–Se trata de una decisión soberana del gobierno relativa a estos temas. Es evidente que tenemos algunas visiones distintas respecto de los pasos a dar. Yo personalmente creo que Uruguay viene cumpliendo en términos programáticos con su compromiso de hacer todo lo posible en el terreno de los DDHH, respetando mucho también las otras opiniones. Nos ubicamos entre todos aquellos que tratamos de luchar por temas en los que hemos tenido una gran sensibilidad. Yo todos los 20 de mayo estoy frente al hotel Liberty con los uruguayos que se juntan para rendir homenaje a Zelmar Michelini y a los otros compañeros, muchas veces discrepando con los contenidos de una proclama que me parece que no reconoce la voluntad política del gobierno uruguayo.
–Hoy hubo cuestionamientos a lo que se denominó una “política de impunidad” del Estado, pero también hubo críticas a Uruguay por no participar en la audiencia; se dijo que esto minaba la actuación de la CIDH.
–Comprendo y lamento que se establezca una situación así, pero creo que Uruguay ha estado abierto al diálogo y que son innegables los avances que se han registrado. Uruguay tiene sus institutos propios, tiene hoy en Presidencia de la República un grupo de trabajo en DDHH, y se está trabajando en diversos ámbitos.
Fuente: La Diaria
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