Séptimo año de guerra. 10 millones de desplazados y casi 400.000 muertos, un tercio de ellos civiles.
El conflicto conmueve al mundo, pero sigue en un callejón sin salida. El ataque aéreo del martes en la provincia de Idlib lo demuestra. Estados Unidos de América, Francia y Gran Bretaña identificaron ese mismo día como agresor al régimen de Bachar el Asad. “El ataque químico perpetrado contra inocentes, entre ellos mujeres, niños y bebés, no puede ser ignorado por el mundo civilizado, lo condenamos”, declaró Trump. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, se sumó: “Así opera El Asad, con brutalidad y barbarie. El uso de armas químicas contra su propio pueblo revela un desprecio fundamental contra la decencia humana”.
Dijeron esto, pero ni Trump ni Tillerson dieron el paso lógico de exigir la caída de El Asad. Ni siquiera el gesto de apoyar a Francia y Gran Bretaña en una propuesta de condena e investigación en el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo efecto. En Washington se sabía que estaba condenada de antemano.
Los rusos, con poder de veto, ya habían señalado que consideraban inocente al régimen sirio y que, para ellos, el material químico había sido ocultado por rebeldes en un almacén terrestre que estalló con las bombas aéreas. No sirvió que los observadores en la zona lo desmintieran o que Washington sostuviese la autoría del régimen. Con el rechazo ruso, la resolución se estancó, ni siquiera fue votada y quedó lista para correr la misma suerte que la que en febrero pretendió sin éxito imponer sanciones al régimen por sus demostrados ataques con gas cloro a tres posiciones rebeldes en 2014 y 2015.
Era un resultado previsible. También para Washington. “Trump no ve a El Asad como una prioridad. Obama tenía la misma política, pero nunca la admitió y jamás se enfrentó a las implicaciones. De algún modo esperaba que el proceso de Ginebra generase un nuevo gobierno por la vía diplomática, lo que era un simple deseo”, afirma Michael O’Hanlon, profesor de Princeton y codirector del Centro para la Seguridad e Inteligencia del think tank Brookings Institution.
En esta línea, la Casa Blanca dio pruebas de su determinación y, en plena espiral por las imágenes de los niños agonizantes, llamó a reconocer la “realidad política que existe en Siria”. Tillerson dio un paso más y delegó el papel de vigilante en Rusia e Irán, a quienes pidió que “ejerzan su influencia sobre el régimen sirio”. Este giro ya se advirtió hace días cuando el secretario de Estado, que la próxima semana viaja a Rusia, admitió que la suerte del presidente El Asad tiene que ser decidida por el pueblo sirio, precisamente la tesis defendida por Moscú y que, de materializarse en unos comicios, aboca casi con seguridad en su reelección.
Pero la verbalización más clara de la nueva política llegó de la mano de la enérgica embajadora de USA en la ONU, Nikki Haley, una voz que no deja de crecer en asuntos internacionales ante el bajo perfil de Tillerson. “Uno escoge sus batallas. Y en este caso nuestra prioridad ya no radica en sentarnos y expulsar a El Asad”, proclamó. Luego, en el debate del consejo de seguridad se mostró mucho más dura y volvió al juego del doble rasero. Mostró fotos de niños muertos y lanzó un furibundo ataque: “Estamos ante un nuevo golpe del régimen sirio y Rusia no puede seguir escurriendo la responsabilidad. Si no se hace nada, estos ataques seguirán. Cuando los miembros fracasamos al actuar de forma colectiva, a veces nos vemos forzados a emprender nuestra propia acción”. Acabado su discurso, como era previsible, la resolución de la ONU quedó estancada. Otra vez.
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