Al llegar a los 20 años de vigencia de la reforma de la seguridad social comienzan a plantearse nuevos cambios al sistema. Legisladores de dos partidos políticos presentaron en las últimas semanas proyectos para eliminar el tope jubilatorio y evitar que la Base de Prestaciones y Contribuciones se ajuste por debajo de la evolución salarial, lo que hace que más jubilados paguen el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social.
A estos se suman otros que procuran encontrar una solución al problema de los "cincuentones" que verán mermada su jubilación por el cambio de sistema. Además el Banco Central —regulador del mercado de AFAP y aseguradoras— anunció que actualizará las tablas de mortalidad que definen cuánto dinero se recibe por mes y se reducirá el recargo del 20% que se aplica al indicador al tiempo que analiza rebajar la tasa de interés técnico de 1,5% que se suma al monto ahorrado en las cuentas individuales.
Todos los expertos consultados por El País consideran que esta corriente de reformas, si bien es necesaria, llega "tarde" y es imperativo que el gobierno ponga el asunto sobre la mesa para evitar actuar "cuando el agua llegue al cuello" en otros aspectos, especialmente el financiero. Dentro del gobierno si bien tienen claro que es un problema a largo plazo, tomando en cuenta el envejecimiento de la población, en el programa del Frente Amplio la referencia a una reforma de la seguridad social es marginal.
El reclamo de una reforma existe incluso desde dentro del Banco de Previsión Social (BPS). Un informe del instituto sostiene que es "imprescindible encarar una reforma del sistema previsional de forma de restaurar el equilibrio financiero de largo plazo" ya que una postergación "tendrá como resultado la aplicación posterior de modificaciones más importantes para los valores de los parámetros afectados".
El BPS cerró su balance 2015 con un déficit operativo de US$ 390 millones y el Directorio del organismo anticipó que el próximo balance registrará un déficit de US$ 568 millones.
Para 2090 se estima que la esperanza de vida de las mujeres pasará a ser de 89,4 años desde los 80,7 actuales y en los hombres de 84,2 años desde los 72,9 actuales, según datos manejados en la publicación "Comentarios de seguridad social" del BPS del cuarto trimestre de 2015. Esto modifica no solo el cálculo de la jubilación mensual, sino también el equilibrio del sistema y las inversiones para la renta futura.
El informe del segundo semestre de este año del BPS sobre posibles cambios paramétricos al régimen de reparto elaborado por Luis Camacho plantea la necesidad de afectar más de un factor y pone como alternativa una reducción de la "tasa de reemplazo", es decir, el porcentaje del salario que recibe un jubilado, para las altas de jubilación futura. El informe toma como referencia cuatro escenarios en el 2020, 2030, 2040 y 2050 y dice que "los resultados más significativos son que las disminuciones de las tasas de reemplazo deberían ser del 25%, del 26%, del 32,4% y del 57% respectivamente (...) La postergación de la puesta en práctica de la reforma, implicará un mayor nivel de ajuste para las generaciones futuras", sostiene el informe y agrega: "De los resultados obtenidos podemos concluir que en el año 2030 (e inclusive algunos años antes), debería regir plenamente la reforma de las tasas de reemplazo por dos razones: la primera porque podría existir un período de transición amplio cercano a los diez años y porque de las alternativas analizadas es la que implicaría una menor rebaja en las tasas de reemplazo".
Camacho plantea que esto "debería ser complementado con medidas que tiendan a incentivar la postergación del retiro hasta una edad en la que se alcance el equilibrio financiero individual".
Reformar.
Sebastián Peaguda, gerente general de AFAP Sura y presidente de la Asociación Nacional de AFAP dijo a El País que las administradoras no ven necesaria "una reforma drástica, pero sí cosas a sofisticar en la parte de desacumulación", esto es, el pago de jubilaciones.
"Cualquier tema pensional o jubilatorio siempre debería estar cambiando un poco para adaptarse a la lógica y los tiempos. No se necesitan cambios de base o estructurales, pero la ley 16.713 hasta ahora siempre se ha discutido en la parte de aportación y no de desacumulación o pago", agregó recordando cuando en 2008 se redujo la cantidad de años requeridos de aportación para jubilarse que "hoy tiene un impacto financiero sustancial", porque además "no se discutió el impacto que podía tener en la desacumulación". Entre los puntos que la Anafap presentó al BCU figura el cambio de ajuste de las jubilaciones en base a la Unidad Reajustable a la Unidad Indexada.
El problema se centra en que las aseguradoras que pagan la renta vitalicia en base al ahorro de las AFAP también ajustan las jubilaciones en función de este parámetro y, ya que no existen instrumentos en el mercado para invertir en esta unidad, ven cómo se les generan descalces. De hecho este punto afecta las cuentas del Banco de Seguros del Estado, único actor que quedó en el mercado tras el retiro de las empresas privadas por la baja rentabilidad del negocio. Otro de los puntos planteados es la necesidad de generar un tercer fondo previsional para que en tiempos de intereses bajas los más jóvenes puedan invertir con más riesgo parte de su dinero.
Jorge Bruni, ex subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, coincidió en que "tiene que haber una reforma de fondo que cuanto antes se inicie va a ser mejor porque si no dentro de 20 o 30 años no sé cómo vamos a financiar la seguridad social".
De todas formas aclaró que "eso no implica que no se tomen medidas coyunturales con diferentes temas". Según Bruni Uruguay "tiene dos problemas". Uno es el "proceso de envejecimiento que nos lleva a realizarnos preguntas sobre cómo se va a financiar a futuro el sistema y cuáles serán las prestaciones".
"La otra gran reforma es el sistema de AFAP dentro de lo que se encuentra el problema de los cincuentones", dijo. Para Bruni se tienen que desarrollar "procesos con objetivos definidos".
INICIATIVAS DE CAMBIO.
Legisladores presentan proyectos.
El diputado frenteamplista disidente, Gonzalo Mujica, planteó una iniciativa legislativa para eliminar el tope jubilatorio que hoy es de $ 36.143.
Ese tope está fijado sobre la tasa del 45% del sueldo recibido que surge del promedio salarial de los últimos diez años o los mejores 15 años de aportes.
El sistema se instrumentó durante la dictadura para administrar mejor los aportes de las jubilaciones.
El argumento de Mujica es que el jubilado paga Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) con lo que se le topea la jubilación con fines solidarios, pero luego se le pide un aporte solidario mediante los impuestos.
"Es una restricción absolutamente injusta que vuelve a castigar a la clase media en momentos en que están en las peores condiciones para resarcirse, porque están abandonando el trabajo", dijo Mujica a El País.
Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, presentó otro proyecto de ley al Parlamento para evitar que la BPC ajuste por debajo de la evolución salarial.
La BPC determina el mínimo imponible y las franjas de tributación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el IASS.
Según cálculos de Rodríguez entre 2007 y 2016 la BPC se ajustó 35% por debajo de la evolución de los salarios lo que implicó que trabajadores y jubilados hayan quedado abarcados por el impuesto o ascendieran de franja de tributación sin que sus ingresos tengan un crecimiento real.
Cálculos realizados por el economista Isaac Alfie para Rodríguez concluyen que en 2016 se van a recaudar US$ 300 millones adicionales por este efecto. "A través de un ajuste menor de la BPC con respecto al aumento de los salarios y las pasividades, en forma continua se bajan los límites de cada franja para que una mayor parte de los ingresos por salarios o pasividades resulten gravados con alícuotas mayores", explicó a El País.
Forteza: "Habría que adoptar una reforma ya".
El doctor en Economía y experto en seguridad social, Álvaro Forteza es más categórico en cuanto a la necesidad de introducir reformas al sistema.
"Habría que adoptar una reforma ya. Cualquier sistema requiere hacer cambios permanentes. Hoy ya existe cierto atraso porque desde 1995 se tendrían que haber hecho algunas reformas que no se hicieron. El atraso en el caso de las tablas de mortalidad es extremo y los ajustes que se hicieron a la caja profesional, por ejemplo, fueron porque el agua llegó al cuello. Siempre estamos llegando tarde", dijo Forteza.
Según el experto, "hay un tema que no está planteado en la agenda y que es grande: No hay un sistema integrado nacional ni supervisión ni regulación integrada". Hoy el Banco Central supervisa a las AFAP y aseguradoras, "pero la parte mayor del BPS y las paraestatales no están supervisadas (...)Se necesita un organismo independiente que supervise que exista una tabla de mortalidad actualizada, que revise la parte actuarial, que informe sobre el déficit e introduzca correctivos" porque "el BPS puede estar haciendo promesas insostenibles", dijo.
En esa línea acotó que "según una ley aprobada en el 91 el BPS debería informar anualmente como mínimo la historia laboral y que yo sepa no se está instrumentando y es clave porque es lo que desencadena el reconocimiento de los aportes".
"Es mucho mejor ser director del BPS y decir que se va a aumentar la jubilación y no la edad de jubilación entonces no importa qué persona ocupe el cargo, pero si quiere hacer política el problema de diseño se va dejando para adelante entonces cuando se hace el ajuste es más costoso, más duro, menos efectivo y con más injusticias", concluyó el experto en seguridad social.
Fuente: El País
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