El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la ex jefa de Estado ya declaró como investigada el pasado octubre, estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Ercolini ordenó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) y el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López.
La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez, allegado a la familia Kirchner y que se encuentra detenido por sospechas de lavado de dinero. El patrimonio del empresario creció exponencialmente durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández de Kirchner (2007-2015).
En su resolución, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
El magistrado señaló que “se encuentra acreditado” que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados-, “y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada”, habrían formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
La asociación era “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial”
Dictamen del juez
La asociación era “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”, remarca el dictamen.
En el caso de la ex jefa de Estado, Ercolini señala que “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país”.
Fernández “abría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado”
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