Foto: Cnel. Elmar Castiglioni
El presidente de la República Jorge Batlle era objeto de espionaje militar a mediados de 2002, en plena crisis económica, a través de la vigilancia, las escuchas y los seguimientos de los que era blanco el prosecretario de la Presidencia Leonardo Costa, según se infiere de la lista de documentos y carpetas incautadas en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni, en el allanamiento judicial de octubre de 2015, hasta ahora mantenidos en secreto presumarial.
Ese espionaje derivó en un operativo de desestabilización del gobierno cuando se dieron a conocer las conversaciones interceptadas entre el prosecretario Costa y el diputado colorado Jorge Barrera, en que el primero le advertía al segundo que el Fmi se proponía “matar” al gobierno, ahogándolo financieramente en un contexto de virtual “corralito” bancario.
El espionaje sobre los círculos más estrechos del presidente Batlle se refiere a tan sólo una de las decenas de carpetas que el coronel Castiglioni mantenía escondidas en su domicilio de la avenida Luis Alberto de Herrera, un viejo caserón ubicado a tres cuadras del edificio de la inteligencia militar donde este oficial ocupó cargos de jerarquía a lo largo de décadas (fue cesado en 2006). Su vivienda particular fue, en los hechos, el “enterradero” de un archivo clandestino alimentado con copias de documentos originales de los servicios y con material elaborado personalmente, que en algunos casos se refería a información de la vida privada de sus “objetivos”. El volumen de información que manejaba el coronel Elmar Castiglioni –y su manera de utilizarla, a veces para presionar, a veces para desatar operaciones políticas– hizo que en las Fuerzas Armadas fuera un personaje temido.
De los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios de la dictadura.
Entre los más conspicuos “objetivos” de la inteligencia militar en democracia aparecen en las carpetas del coronel Castiglioni el general Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Perey-ra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti (y su hijo Julio Luis, al frente de una carpeta rotulada “Cangrejo Rojo”), el contralmirante Eladio Moll, el coronel Pedro Montañez, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, el pastor Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez y los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero, además de Leonardo Costa y Jorge Batlle (sometido a escuchas ya en 1983).
Estos nombres –y otros– están consignados en sendos informes elevados a la jueza penal Beatriz Larrieu, quien dispuso el allanamiento del domicilio del coronel Castiglioni cuando, a raíz de su fallecimiento, cundió la alarma –en octubre del año pasado– de que el archivo “paralelo” o “clandestino”, construido por el oficial de inteligencia a partir de la sustracción y/o copia de documentos oficiales, pudiera desaparecer definitivamente. La aparente incongruencia se explica en un recuadro aparte.
Los dos informes, elaborados en forma paralela por la magíster Isabel Wschebor (a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente) y el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico (coordinador del equipo de historiadores de la Udelar), son resultado de una primera aproximación al contenido de las 65 cajas incautadas; ambos informes, solicitados por la jueza Larrieu, son complementarios en la medida en que destacan distintos elementos o información del archivo, aunque el informe de Wschebor detalla con más precisión algunos contenidos para orientar a la magistrada.
Una parte importante del esquema de espionaje se apoyaba en un verdadero ejército de informantes e infiltrados, según las carpetas y cuadernos que contienen las listas de los espías, y otras donde se recoge, en cintas y en Dvd, escuchas telefónicas y conversaciones grabadas “en directo” (caja 18). Es posible que esas listas de los autores de espionaje coincidan con las listas de diez rollos de microfilmes, incautados junto con otros mil rollos, por la entonces ministra de Defensa Nacional en una unidad de inteligencia; esos diez rollos habían sido precintados y lacrados por orden del general Pedro Barneix, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) entre 2004 y 2006. (Barneix, procesado por el asesinato de Aldo Perrini, vecino de Carmelo, ocurrido en el cuartel de Colonia en 1974, se suicidó en setiembre de 2015 cuando la policía fue a detenerlo.)
En todo caso, los rollos, que supuestamente están conservados en el Archivo General de la Nación, como los cuadernos, actualmente bajo la responsabilidad de la jueza penal de 7º Turno, Adriana de los Santos –que sustituyó a Beatriz Larrieu–, son pistas fundamentales para identificar a todo el esquema de espías que, en democracia, hasta hace poco tiempo (si es que no continúa activo) se infiltraba en partidos políticos y organizaciones sociales, y operaba cerca de las personalidades cuyas actividades interesaban a los jefes de la inteligencia militar. Muchos de los informantes fueron reclutados durante la dictadura entre detenidos sometidos a tortura; otros fueron reclutados mediante pagos por sus servicios.
Se ha argumentado que dichas listas son irrelevantes porque se identifican mediante seudónimos; pero no sería demasiado difícil ubicar la verdadera identidad de quien estaba infiltrado –u operaba como informante– en el directorio del Partido Nacional; o quien asistía, en el local del Mln Tupamaros, a las charlas sobre seguridad que se brindaban a un escogido grupo de militantes. Por lo pronto, se sabe que un tal Ricardo Fierro (si ese es su nombre verdadero), empleado de la Intendencia de Montevideo y afiliado a Adeom, estaba encargado, en noviembre de 1990, de vigilar estrechamente al entonces intendente Tabaré Vázquez para determinar su rutina en función de los objetivos de una “operación Tabaré”.
La vigilancia sobre Tabaré Vázquez se incrementó en vísperas de su triunfo a la presidencia, en setiembre de 2004, como se infiere del espionaje (“Datos confidenciales. Memo 20043095”) a la abogada socialista Azucena Berrutti, lo que sugiere que la inteligencia militar tenía ya información sobre la eventual designación de la profesional como ministra de Defensa Nacional para el caso del triunfo del Frente Amplio; ambos extremos se confirmaron a los pocos meses.
Determinar los detalles de la obtención de escuchas telefónicas entre el general Seregni y el coronel Pedro Montañez, en la peletería Metro, o el seguimiento de Macarena Gelman desde el mismo momento en que se confirmó su verdadera identidad (y la consiguiente vigilancia sobre su apropiador, el jefe de policía de San José durante la segunda presidencia de Sanguinetti, Ángel Touriño, caja 47 B), o el espionaje al senador Michelini y al juez Reyes a raíz de la preocupación que provocó en el Ejército la decisión de buscar en unidades militares indicios de la “operación zanahoria” (sobre la que el informe de Rico señala que no se encontró ninguna referencia en las 65 cajas del coronel Castiglioni) permitirían dibujar las intenciones y los objetivos de la inteligencia militar en democracia.
El informe de Wschebor afirma: “El archivo de Castiglioni constituye un testimonio único, en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación con las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”. Rico, por su parte, afirma que se verifica una continuidad entre la labor de inteligencia militar en dictadura y la que se desarrolló en democracia. Una pista podría encontrarse en el documento “Inteligencia. Transición. 6ª reunión de trabajo del Estado Mayor del Ejército. Directivas para 1985”; el documento está fechado en setiembre de 1984 (caja 9 II).
Los dos informes subrayan la profusión del material referido al espionaje a los partidos de izquierda, el Frente Amplio, el Pvp, el Mln, el Partido Comunista y, en menor medida, al Partido Colorado y al Partido Nacional; o a los sindicatos (escuchas en los locales de Sutel y Umtra en 1992) y las movilizaciones de trabajadores, así como a los organismos de derechos humanos, en especial durante los referendos sobre la ley de caducidad. El texto del decano Rico es exhaustivo en la enumeración de documentos e informes sobre el Pcu y el Mln, sujetos, sus militantes, dirigentes y locales, a una casi permanente vigilancia desde la recuperación democrática, en un continuo con la producción de inteligencia de la dictadura. La caja 18 contiene una carpeta sobre el Frente Amplio con un documento que asigna al coronel Castiglioni el estudio del Pcu y al coronel retirado Glauco Yannone (torturador profusamente denunciado, responsable del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti) tareas similares sobre el Mln. En esa caja 18 también aparecen cuadernos con apuntes personales de Castiglioni sobre sus labores de inteligencia y la reorganización del S2, tanto desde el punto de vista de la estrategia militar como de su archivo.
Particularmente sugerente es el documento destacado en el escrito de Wschebor: “Informe realizado en el período de la Comisión para la Paz, que contiene informaciones cuya fuente se discrimina como revista Lo nuestro y siempre se cita el año 2 y el número 5, a pesar de que la información refiere a muy diversos años y está siempre asociada a las circunstancias de desaparición forzada de uruguayos desaparecidos en Uruguay”.
Del conjunto de la documentación relevada por los dos asistentes judiciales parece desprenderse una diferencia entre los documentos de origen institucional de aquellos que eran de particular interés del coronel Castiglioni. En primer lugar, los mapas y fotografías de unidades militares que fueron y son objeto de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Entre los documentos sobre predios militares, el informe de Wschebor destaca la carpeta que contiene “fotografías del Grupo de Artillería Antiaérea número 1, que actualmente ha sido cautelado por el juzgado de Pando. Las fotografías muestran posibles obras a realizarse por Ose en la zona y la preocupación de Castiglioni podría estar asociada a que no realicen obras en el predio”. Las fotos, los mapas y los documentos sobre predios militares hablan de la determinación del coronel de oponer medidas a cualquier avance en la búsqueda de la verdad.
Otros documentos son menos explícitos sobre los intereses del oficial de inteligencia a la hora de guardar papeles en su domicilio particular. Las carpetas referidas a la Propaganda Due (P2): la logia con origen en el Vaticano que en el Río de la Plata, de la mano de Licio Gelli, “el banquero de Dios”, y su socio, el también banquero Umberto Ortolani, estableció fuertes vínculos con las dictaduras militares. Los documentos de Castiglioni (su tío, el inspector general Víctor Castiglioni, jefe de la inteligencia policial, comandó los allanamientos a las residencias de Gelli y Ortolani, y la incautación de 426 carpetas que después desaparecieron) se refieren a los uruguayos reclutados para la P2 y el organigrama de sus negocios y sociedades anónimas. Otro centro de interés era la masonería y la logia Tenientes de Artigas; y también esa especie de logia financiera, el grupo económico De Posadas.
El interés de Castiglioni era variado y ecléctico: iba desde las conversaciones de la dirección uruguaya de la inteligencia militar con su par argentina para analizar la propuesta del embajador estadounidense Cristopher Ashby sobre la apertura de una oficina de la Cia en Montevideo (caja 45 B), hasta la colección de documentos secretos varios sobre “agentes, informantes o infiltrados y Manipulador” (caja 7). En el otro extremo, el interés particular alcanzaba al Cuarteto de Nos (por el efecto negativo de sus canciones sobe el valor de los símbolos patrios), o la relación entre “un cabo primero y su concubino (ex Ujc)”, que pretextaba un “estudio de lealtad” (¿a la patria, al ejército, a la pareja?), en julio de 1991.
En el voluminoso archivo Castiglioni, que reposa desde octubre del año pasado en dependencias judiciales, hay mucha tela para cortar… siempre que alguien empuñe las tijeras.
Desclasificación parcial y selectiva
“El Estado ha tenido la tendencia a privatizar o seleccionar a los actores que tienen la competencia de investigar sobre este período, generando procesos de desclasificación parcial o selectiva de la documentación, lo que constituye una política de poca transparencia con relación al tema.” Tal, una frase textual del informe de Isabel Wschebor a la jueza Beatriz Larrieu, sobre la documentación de inteligencia incautada en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni, en octubre de 2015.
Las 65 cajas con documentos, carpetas, cuadernos, casetes y Dvd, que pueden aportar elementos de información sobre algunos secretos de la dictadura, así como elementos de juicio sobre la autonomía en democracia de la inteligencia militar respecto del poder civil
–autonomía que facilitó la vigilancia de las instituciones civiles–, pasan a engrosar el acervo de la documentación secreta y ocultada, rescatada hasta ahora (lo que en genérico se llama “archivos de inteligencia”) y que refiere a documentos y microfilmes de origen militar, policial y de cancillería.
Sobre toda esa documentación planea un cono de opacidad, referido a diferentes criterios sobre su manejo, su carácter reservado o no, la falta de información concreta de su ubicación, que ha instalado la sospecha de que muchos de esos materiales, rescatados del ámbito militar y policial, volvieron a ser guardados bajo cuatro candados.
La irrupción en 2007 de la ministra Azucena Berrutti en una unidad militar de la calle Eduardo Víctor Haedo permitió ubicar unos muebles metálicos que contenían 1.144 rollos de microfilmes. La digitalización de ese material insumió 15 meses de trabajo y los archivos escaneados fueron guardados en 51 Dvd. Los responsables de la digitalización realizaron tres copias: una entregada al Ministerio de Defensa; otra al Archivo General de la Nación; y una tercera a la Presidencia. Cada una de las copias incluía los archivos de diez rollos que habían sido lacrados y que contenían listas de infiltrados, informantes y colaboradores que actuaron en democracia en actividades de espionaje; esos rollos, al día de hoy, acumulan varias capas de precintado y lacrado, ordenadas por no se sabe quién.
De los 51 Dvd, a la Secretaría de Derechos Humanos sobre el Pasado Reciente llegaron sólo 16, entregados por el ministro de Defensa de la época, José Bayardi, según un acuerdo previo referido en la carta que los acompañó y que estipulaba: “tal como fue conversado previamente”, aunque Brecha no ha podido identificar al interlocutor del ministro, que aceptó una entrega parcial de la documentación, cuya selección no se sabe quién definió. Esos 16 Dvd están ahora en las oficinas de la galería Caubarrere, donde funciona el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, sucesor de la Comisión de Seguimiento. (Una anécdota: en esas mismas oficinas el jefe de la inteligencia militar durante el gobierno de Lacalle, el general Mario Aguerrondo, dispuso una estricta vigilancia de su colega el general Fernán Amado, sembrando de micrófonos la oficina donde funcionaba entonces el Comando de Apoyo Táctico.)
Y esos 16 Dvd son los que hoy se pueden consultar con cierta facilidad. Del juego llegado a la Presidencia no se sabe absolutamente nada, aunque en el informe de Wschebor surge una pista, porque allí se afirma que “en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de los 51 Dvd entregados como copia de lo realizado, sólo se ubicaron 35, y no habían sido entregados formalmente al archivo de la secretaría, sino que habían quedado en posesión del equipo de historiadores que trabaja en convenio con la Universidad de la República. Al momento de relevamiento de la documentación que debiera estar preservada por este organismo, nos encontramos con antecedentes de estas características, que no dan garantías públicas para su adecuada preservación”. Alguien, seguramente, aportó a la secretaría (que durante mucho tiempo, durante la presidencia de José Mujica, impuso una política de secretismo y arbitrariedad en torno a la documentación) esos 19 Dvd que no se sabe dónde aparecieron.
La discrecionalidad –y la arbitrariedad– en el manejo de los documentos y de la información operó en el sentido contrario a los esfuerzos por desentrañar los secretos de la dictadura referidos a violaciones de derechos humanos. Seguramente los 51 Dvd no contengan los datos más críticos sobre los responsables de los asesinatos y las desapariciones, o sobre los enterramientos clandestinos, pero sí podrían aportar pistas valiosas en la medida que, desde el momento en que fueron ubicados los archivos, se hubiera realizado un verdadero trabajo de análisis, de cotejo y de cruzamiento de datos –tarea que hasta el día de hoy se sigue eludiendo, como si en determinados ámbitos políticos asustara conocer la verdad–. En su lugar, se realizó un mero relevamiento historiográfico, que no es de desdeñar, pero que no es el objetivo central, a menos que la intención sea elaborar una “historia oficial”.
La confusión, la indefinición o la manipulación en torno a los documentos encontrados hasta ahora –y es de esperar que no siga el mismo camino el más reciente archivo Castiglioni– ha dejado pasar instancias clave de investigación. Tal es el caso de un documento que venía circulando desde finales de 2005, referido a una experiencia represiva aplicada en el Fusna. El documento era un informe de la inteligencia naval sobre la llamada “computadora”, un centro de análisis de las declaraciones obtenidas bajo tortura de los prisioneros, realizado por otros prisioneros. El ocultamiento de la existencia de ese documento facilitó la fuga a Italia del capitán de navío Jorge Tróccoli, la identificación de los oficiales que operaron en Buenos Aires en operativos contra refugiados uruguayos que permanecen desaparecidos, o permitió al contralmirante Tabaré Daners, en el informe entregado al presidente Vázquez, asegurar que en el Fusna las torturas a detenidos no fueron una práctica habitual y sistemática, cuando él mismo supervisó las tareas de inteligencia en la “computadora”.
Indignado, en una conversación con Brecha, uno de los colaboradores de la ministra Berrutti en el Ministerio de Defensa afirmó que si los militantes de izquierda que manejaban el documento sobre la “computadora” se lo hubieran entregado a la ministra “inmediatamente hubiéramos allanado el Fusna. Por mucho menos allanamos la unidad militar donde ubicamos un archivo”.
Un secreto a voces
Puede parecer una incongruencia: era un secreto a voces la existencia de un archivo militar clandestino que oficialmente no existía. Por ejemplo, Brecha informó sobre ese archivo un año antes de que fuera incautado, pero en ese momento la denuncia fue ignorada mediante un espeso manto de silencio.
El propio coronel Elmar Castiglioni, que ocultaba el archivo en su casa, se sintió absolutamente impune durante siete años. Seguramente tomó conocimiento de que la contrainteligencia militar lo tenía en la mira cuando, muy poco antes de renunciar, la ministra de Defensa Azucena Berrutti dio vía libre para que un equipo de coroneles del Ejército ejerciera una estricta vigilancia sobre el caserón de Luis Alberto de Herrera, que una investigación previa había identificado como el “enterradero” de un archivo clandestino. Tal operativo era resultado de una reestructura en los servicios de inteligencia, que apuntaba a un control civil de la tarea.
La orden inminente para el allanamiento, en marzo de 2008, quedó en suspenso cuando la abogada Berrutti sorpresivamente elevó su renuncia al presidente Tabaré Vázquez, “por razones de salud”. La decisión quedó en manos del flamante ministro, José Bayardi, quien ignoró los mensajes de los colaboradores de Berrutti, alertándole sobre el delicado asunto. Bayardi después adujo que no había sido enterado sobre el trabajo de inteligencia en torno a un supuesto archivo clandestino, pero el episodio había sido denunciado por Berrutti directamente al presidente Vázquez, en presencia del entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, quien después sería a su vez ministro de Defensa (por lo que, mírese por donde se lo mire, no hubo voluntad política, como sí hubo voluntad profesional en los oficiales que realizaron el trabajo de contrainteligencia).
Azucena Berrutti puede con propiedad reivindicar que su gestión cumplió con los mandatos del Frente Amplio sobre la búsqueda de la verdad. Sus sucesores, José Bayardi, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla y Eleuterio Fernández Huidobro, fueron impotentes para encontrar archivos militares ocultos por sus subalternos. Carecieron de los atributos que exhibió una mujer. De haberse actuado en vida del coronel Castiglioni, este oficial podría haber sido interrogado sobre cómo, cuándo y por qué estructuró ese archivo personal.
Samuel Blixen
Semanario Brecha
Información sobre este tema de años anteriores
Justicia allanó domicilio del coronel Castiglioni
Samuel Blixen
3 der octubre 2015
Como resultado se incautaron decenas de cajas con documentos, lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura hasta ahora inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del Calen, falleció el 19 de setiembre pasado.
En un operativo que duró ocho horas, la jueza penal Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro allanaron, el viernes 2, el domicilio del coronel Elmar Castiglioni e incautaron lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura, aquella parte que hasta ahora era inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del Calen, falleció el 19 de setiembre pasado.
Asistidos por personal policial, de policía técnica y peritos, los magistrados revisaron decenas de cajas con documentos. “Llenaron una camioneta con las cajas”, dijo una fuente que confirmó el episodio. La jueza también ordenó el traslado de las computadoras personales del coronel a un lugar reservado, ordenando altas medidas de seguridad.
En el domicilio del coronel Castiglioni, en la calle Luis Alberto de Herrera, al momento del allanamiento, estaba presente su esposa; el hijo, cadete del Liceo Militar, estaba ausente. La fuente consultada indicó que, por el examen somero de los materiales incautados, entre los documentos apareció también lo que puede calificarse como el archivo del tío del coronel, el también fallecido inspector Víctor Castiglioni, figura central de la inteligencia policial antes y durante la dictadura. Fuentes judiciales indicaron que se comenzará inmediatamente el estudio profundo de los materiales, que podrían convertirse en insumos decisivos para las numerosas causas judiciales en curso sobre los crímenes de la dictadura y la responsabilidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y personal policial de la época.
La presunción de que un alto oficial de la inteligencia escondía en su domicilio el inubicable archivo militar del Sid y la Ocoa, fue denunciada por Brecha el 29 de enero pasado. En dicho informe se establecía que un operativo de contrainteligencia estuvo a punto de realizar el allanamiento, que se concretó siete años después. José Bayardi, quien sustituyó a Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa Nacional, fue informado de la planificación de ese operativo, pero toda la documentación —que quedó en el escritorio ministerial cuando el relevo de ministros— fue archivada y el allanamiento de contrainteligencia fue “congelado”. El siguiente ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, no se dio por enterado de aquel proyecto.
El coronel Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, con una profusa actividad de defensa y reivindicación de los criminales de la dictadura, habría utilizado en ocasiones la información que escondía en su domicilio, para operativos políticos. En varias ocasiones se sindicó a Castiglioni como “cercano” al ex presidente Julio María Sanguinetti.
Un allanamiento en la casa del ex coronel Elmar Castiglioni, recientemente fallecido, permitió obtener documentación que podría revelar las circunstancias de la muerte del militante comunista Fernando Miranda, asesinado en 1975.
Se trata de un hecho que no tiene precedentes en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos en dictadura. A tales efectos, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad para investigar estos casos.
El operativo en el domicilio del exmilitar fue llevado a cabo por el fiscal Carlos Negro y la jueza penal Beatriz Larrieux.
Con la asistencia de un perito experto en el tema se incautaron unas 60 cajas con documentos que comenzarán a ser analizados en los próximos días.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo, informó la Fiscalía General de la Nación en su sitio web.
El hecho se produce justo cuando el presidente del Centro Militar, Carlos Silva, denunció que en el entorno de los Derechos Humanos se ha generado "una industria" para que las víctimas del terrorismo de Estado "cobren dinero" y encarcelar a militares que actuaron en los años 60 y mediados de los 80.
La víctima del asesinato, seguido de desaparición, era el padre del actual secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Fernando Miranda.
Había sido detenido en forma irregular el 30 de noviembre de 1975 y sus restos aparecieron en 2006 en el Batallón 13. Se estima que Miranda murió entre 1º y el 2 de diciembre de 1975.
Fernando Miranda Pérez nació el en la localidad de José Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja, el 5 de julio de 1919.
Era escribano, fue profesor titular de Derecho Civil de la de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y secretario de la Junta Electoral de Montevideo hasta el año 1973.
Además, era dirigente del Partido Comunista y del Fidel (el Frente Izquierda de Liberación Nacional). En 1971 resultó electo edil de la Junta Departamental de Montevideo, representando a la Lista 1001.
El militar, cuya casa fue allanada, era el coronel (r) Elmar Castiglioni, líder del grupo "LIbertad y Concordia" que comenzó a hacerse público en 2011 y que reunió a decenas de militares retirados que no se sentían representados por la nueva oficialidad.
En declaraciones a Búsqueda en el año 2013, Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, calificó como “insignificante” la cantidad de fallecidos entre el 73 y el 85 en Uruguay. Comparó esa cantidad de muertes con las que ocurren una mañana en Afganistán y otras zonas de guerra.
Este oficial era, además, sobrino del ex jefe de inteligencia policial en la dictadura, Víctor Castiglioni.
Estuvo en actividad hasta el año 2006, cuando fue destituido de su cargo en la División I de Inteligencia, enfocada al terrorismo y a analizar información de los medios de comunicación.
En su momento se dijo que fue cesado por haber cumplido los seis años en el puesto, pero según informó La República previo a su salida había sido arrestado por su jefe directo, el también recientemente fallecido Gral. Pedro Barneix.
Según trascendió, Castiglioni contradijo informaciones del gobierno sobre la estampida de violencia en la protesta de grupos radicales ante la presencia en el país del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez.
Mientras el ministro del Interior, José Díaz, dijo que el gobierno no estaba enterado de lo que iba a pasar, el informe deslizado por Castiglioni indicaba que Inteligencia había notificado a las autoridades de la acción de grupos como Plenaria Memoria y Justicia dos días antes de que se produjeran los episodios de violencia.
En un procedimiento que duró al menos 8 horas, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro –secundados por un grupo de policías de confianza–lograron verificar que el material documental encontrado refiere a diversos hechos sucedidos durante el período de Terrorismo de Estado.
El material contiene documentación catalogada de secreta y reservada por las Fuerzas Armadas durante los años en que usurparon el poder de gobierno.
Aunque la verificación no pudo ser exhaustiva, en esas horas se logró acopiar todo lo que se creyó relevante para la investigación y se lo guardó en cajas. El volumen del material es tal que la camioneta al servicio del Poder Judicial fue llenada hasta el tope. Luego partió custodiada por vehículos policiales rumbo a un depósito reservado sobre el que se mantiene vigilancia estricta.
El allanamiento se produjo en la mañana del viernes 2, en una casa de Luis Alberto de Herrera y Thompson, donde hasta hace algunas semanas vivía el coronel retirado Elmar Castiglioni, que falleció a los 62 años.
Este militar fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de “insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Era sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, también fallecido.
Elmar Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y lo guardó en su casa, de acuerdo a una investigación de contrainteligencia realizada en 2007 por orden de la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti.
El proceso político interno en el Ministerio de Defensa que derivó de aquella acción de contrainteligencia, una vez que la ministra dejara el cargo el 3 de marzo de 2008, fue narrado por el periodista Samuel Blixen en un artículo del semanario Brecha.
El expediente quedó sobre el escritorio del ministro sucesor, José Bayardi, que en un año y medio de gestión –se fue el 31 de agosto de 2009– no activó los mecanismos que Berruti preveía poner en práctica para recuperar los archivos y procurar que se hiciera justicia, según los datos reunidos por Blixen.
"En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales", escribió Blixen en
Brecha.
Y añadió:
"El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berrutti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro".
Por Defensa también pasaron los ministros Gonzalo Fernández (2009-2010), Luis Rosadilla (2010-2011) y Eleuterio Fernández Huidobro.
El allanamiento de la justicia se produce en el marco de una investigación que se encontraba archivada pero que se reabre por la nueva información que llegó al juzgado, y que propició la orden de allanamiento.
Las fuentes se mantienen reservadas en el proceso, pero la prueba fundamental para que la justicia irrumpiera en la casa de Castiglioni fue aquel informe de contrainteligencia ordenado por Berruti.
Las fuentes de la investigación consultadas por Sudestada, dijeron que se presume que entre los cientos de documentos confiscados se encuentra el llamado archivo “Víctor Castiglioni”, del que supuestamente no se conocía el paradero en la vieja Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
La nota de Blixen salida el 29 de enero, 2015
Más secretos de la represión
Cada vez se hace más imperioso justificar la inacción respecto de los crímenes de la dictadura. La defensa presidencial del ministro Fernández Huidobro –“ha hecho lo imposible por saber más”–, y en general las actitudes gubernamentales, no soportan la evidencia de los hechos, entre ellos algunos episodios que recién ahora se conocen.
Nunca imaginó el ministro Eleuterio Fernández Huidobro que una más de las ingeniosidades irreverentes de su vasto repertorio podía provocar tan inesperadas e indeseadas consecuencias. A los pocos días del anuncio de Tabaré Vázquez sobre su doblete (el del Ñato), el Frente Amplio debió montar a las apuradas un sainete para demostrar que aquel que pedía autorización para torturar estaba profundamente comprometido con la causa de los derechos humanos. El presidente electo, como corresponde, no opinó y menos aun rectificó su decisión (aunque las “filtraciones” facilongas dicen que “lo está esperando”). Pero como las repercusiones siguen, el presidente José Mujica se sintió en la obligación de multiplicar la defensa. Utilizó algunos argumentos, ¿cómo se pueden calificar?, extravagantes, imperfectos, vulnerables, que no parecen ayudar a la causa. El Pepe desechó de un plumazo el informe lapidario de la Comisión Internacional de Juristas: “Es gente que está allá, en Ginebra, cobrando bien”. Y justificó al Ñato diciendo: “Cuando lo calientan es feroz, es una cuestión de temperamento. Además, se dice cada pavada, como el síndrome de Estocolmo, en gente que no estuvo ni media hora adentro de un calabozo”.
Los argumentos (y éste en especial) se desflecan y no logran el objetivo de desviar el centro de la discusión: ¿por qué los gobiernos frenteamplistas eluden la responsabilidad de investigar los crímenes de la dictadura? Al respecto hay algunas afirmaciones del presidente que revelan hasta dónde el gobierno siente la presión social: “El ministro (Fernández Huidobro) ha hecho lo imposible por saber más”, una opinión que enfrenta a todas las organizaciones de derechos humanos y sociales que respaldaron al Serpaj.
Y en términos más generales explicó: “Es un secreto a voces que quienes manejan información no la ponen arriba de la mesa, tal vez pensando en su seguridad o tal vez por acuerdo colectivo. El grueso de la información que hemos recabado viene por caminos de muy abajo, viene por corajeadas de gente que no tenía ninguna responsabilidad. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos en las circunstancias en las que estamos, y no somos magos”.
Aunque resulte tedioso desbrozar la paja del trigo, se imponen algunas precisiones. Hay que decir que el grueso de la información que los jueces usaron como insumos para investigar los hechos fue aportado por los familiares de las víctimas y compañeros de militancia; el gobierno no hizo ningún aporte significativo; más aun, el gobierno (el Ministerio de Defensa en este caso) negó información a los juzgados.
Por otra parte, los soldados mencionados por el presidente ofrecieron sus conocimientos parciales a los jueces, a los familiares, a los abogados, a los antropólogos. Muchas veces fueron expuestos ante los militares que habían sido sus responsables en los tiempos en que se asesinaba en los cuarteles y se ordenaba enterrar los cuerpos en tumbas clandestinas; fueron obligados a un “manyamiento” con el consentimiento expreso del ministro Fernández Huidobro. El presidente Mujica, que alude a la condición humilde de esos informantes, nunca tomó medidas para impedir tales “manyamientos” ni tomó medidas con el ministro que los permitía.
El pacto de silencio –en la argumentación oficial– se erige como un muro infranqueable, por lo que, como sugiere el presidente, habrá que “recorrer otros caminos”, dice, seducido por la experiencia sudafricana, donde los criminales quedaban en libertad y absueltos de todo castigo en la medida en que confesaran públicamente sus crímenes, con lujo de detalles. En la versión charrúa fue lo que propuso el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, cuando sugirió –en una reunión secreta– a los oficiales directamente implicados en los crímenes que entregaran “algunos huesitos”, que el resto “se arregla”.
Sin embargo, prevalece la sensación de que el pacto de silencio sería menos espeso y menos infranqueable si el gobierno tuviera verdadera intención de investigar, si se involucrara efectivamente en la búsqueda de la información. No siempre hubo una actitud pasiva: la ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti, con su estilo de abuelita dulce, fue inflexible en ciertos criterios básicos. Por ejemplo, en las instancias de promoción de nuevos generales, la ministra invariablemente solicitaba a la organización Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos sus antecedentes sobre eventuales implicancias en crímenes de lesa humanidad; por ejemplo, en la remoción del comandante en jefe General Carlos Díaz, ni bien se enteró de que se había reunido con Julio María Sanguinetti, Yamandú Fau, y los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, sin su consentimiento; por ejemplo, en la celeridad con que incautó un archivo de inteligencia militar en el antiguo cuartel del Cgior, por otra parte el único, de origen militar, localizado hasta el momento.
Sin embargo, el mayor aporte de la ministra Berrutti fue la decisión de incorporar personal civil a las estructuras más sensibles del ministerio y la promoción en tareas clave de oficiales que exhibían un auténtico sentido de profesionalidad.
Recientemente el actual ministro de Trabajo, José Bayardi, cuestionó, en una extensa y dura carta a los lectores, el contenido de una nota del periodista Sergio Israel sobre Fernández Huidobro, publicada en Búsqueda en la edición del 31 de diciembre. Israel sostuvo que “Bayardi primero, y Fernández Huidobro después, desmontaron los esfuerzos de la primera ministra de Defensa del Frente, Azucena Berrutti, destinados a dotar a la secretaría de Estado de una sólida estructura civil”. Bayardi, quien fue subsecretario de Defensa y después titular del ministerio, rechazó tajantemente que él hubiera desmontado lo hecho por Berrutti. Habrá que determinar, en forma detallada, la cuota de responsabilidad de Bayardi en el desarme de la estructura civil, cuyo último capítulo fue el decreto 156/012, firmado por Mujica y Fernández Huidobro, por el que la estructura de inteligencia pasa a funcionar dependiendo del mando militar.
En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006.
Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales.
El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berrutti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro. El expediente seguramente permanece en algún lugar del despacho ministerial; y el archivo –que, se asegura, es el original, el completo– probablemente siga en el domicilio del coronel retirado, seguramente alimentando pequeños juegos de espías y operativos cercanos al chantaje.
No sólo las confesiones de los responsables podrán dilucidar los secretos de la represión; también los documentos, pero para ello hay que ubicarlos, y para ubicarlos debe haber voluntad política.
Sábado 3 de octubre de 2015
Incautan documentación sobre la dictadura en allanamiento
El fiscal penal Carlos Negro y la jueza penal Beatriz Larrieu incautaron voluminosa información sobre la dictadura (1973-1985) en un allanamiento realizado en el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni.
El allanamiento se produjo a solicitud del denunciante en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en un predio militar en marzo de 2006.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo.
Con la asistencia de un perito experto en el tema se incautaron unas 60 cajas con documentos que comenzarán a ser analizados en los próximos días.
La Fiscalía General de la Nación está comprometida con la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el marco del terrorismo de Estado. Para ser más eficaz en la persecución de estos delitos se creó una unidad especializada con ese fin
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