Los detenidos más recientes del gobierno son Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, dos funcionarios públicos de la alcaldía de El Hatillo que fueron arrestados sumariamente en un puesto de control al norte de Venezuela, el 19 de junio.
Ambos viajaban junto a cientos de activistas para ayudar a recolectar las firmas para el referendo que busca destituir al presidente Maduro.
El proceso revocatorio, como se conoce a este tipo de referendo, está consagrado explícitamente en la Constitución de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el arzobispo de Caracas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que el arresto de Márquez y San Miguel se debe a motivos políticos y viola las leyes venezolanas y los tratados internacionales.
Una vez en custodia los funcionarios estuvieron incomunicados y la temida policía secreta de Venezuela, entrenada en Cuba, los interrogó sin la presencia de un abogado.
Se les acusó de instigación a la violencia y legitimación de capitales, delitos que se castigan con más de 15 años de cárcel. En vez de mantenerlos en detención preventiva mientras esperan el juicio, se les envió a una de las cárceles más peligrosas del país, entre delincuentes que ya han sido sentenciados.
El proceso de toma de decisiones del gobierno venezolano es conocido por su opacidad y no se puede decir con certeza si estos arrestos fueron deliberados o fortuitos. No obstante, el hecho de que sucedieran en medio de importantes negociaciones políticas parece un episodio fortuito para el gobierno de Maduro que se ha refinado en las artes de usar y sacarle provecho a los prisioneros políticos.
Las conversaciones bilaterales con el propósito de descongelar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos arrancaron en junio. El ex presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero funge como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición política en negociaciones patrocinadas por Unasur.
Ahora Maduro tiene un par de prisioneros políticos especiales que puede usar para algún intercambio diplomático: Márquez tiene las nacionalidades estadounidense y venezolana; San Miguel es ciudadano español y venezolano.
Chávez era conocido por chantajear o perseguir a quienes se oponían públicamente a su gobierno.
Sin embargo, en su mandato esas acciones se reservaban principalmente para los infiltrados que habían "traicionado" a la revolución, como Francisco Usón, un general que criticó a Chávez en televisión, o María Lourdes Afiuni, una jueza que exoneró a un enemigo de Chávez que estaba acusado de evadir el control de cambio monetario.
El entendimiento que tiene Maduro de la revolución socialista es más de mano dura y paranoica por lo que los arrestos políticos ya no solo son un mecanismo de disciplina partidista; se han convertido en una herramienta táctica para controlar la conversación nacional.
Por medio de fiscales, jueces dóciles y con la ayuda de la policía secreta, el gobierno de Maduro ha usado las detenciones para alimentar las narrativas conspiratorias sobre el posible derrocamiento del presidente, sembrar discordia entre fracciones políticas opositoras y, más recientemente, como elementos de negociación.
En 2014, después de que estallaron los disturbios y las protestas políticas ante la creciente delincuencia, la inflación y la escasez de alimentos, el líder opositor Leopoldo López fue arrestado y juzgado por instigación pública.
López había encabezado las protestas en un esfuerzo por canalizar la frustración socioeconómica hacia un movimiento organizado de resistencia pacífica.
No obstante, a principios del año pasado, el gobierno venezolano negoció la liberación de López a cambio de Oscar López Rivera, un activista puertorriqueño de izquierda sentenciado por un tribunal estadounidense en 1981 por ser el actor intelectual de más de 100 bombardeos contra blancos civiles en importantes ciudades estadounidenses.
Estados Unidos de América puso reparos. Sin embargo, otras negociaciones han sido exitosas. En junio de 2015, después de una serie de reuniones entre el subsecretario de relaciones exteriores de Estados Unidos Thomas Shannon y funcionarios venezolanos de alto nivel, se liberó a dos estudiantes venezolanos que habían participado en protestas.
A cambio de eso, un funcionario de alto rango que es investigado por tráfico de drogas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos logró ser fotografiado con Shannon, y se dice que el Departamento de Estado convenció a los líderes de la oposición venezolana para que levantaran su huelga de hambre.
En esta ocasión, como Márquez y San Miguel tienen doble nacionalidad, el gobierno venezolano tiene mejores cartas en la mano. Podría jugar con ellas para lograr, por ejemplo, que Estados Unidos levante algunas sanciones o libere a los dos familiares de la primera dama venezolana que actualmente están detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Iniciar negociaciones diplomáticas complejas también le permitiría al gobierno de Maduro postergar el referendo revocatorio.
“Esperamos que el gobierno de Venezuela le otorgue a todo ciudadano estadounidense la totalidad de sus derechos al debido proceso conforme a las leyes internacionales y venezolanas”, dice un comunicado del Departamento de Estado.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la doble nacionalidad en el caso de personas mayores de 25 años. Además, Venezuela se clasificó en el último lugar de los 102 países analizados en el Índice del Estado de Derecho 2015 realizado por el World Justice Project.
Tampoco es probable que mejore su posición porque cuando el gobierno venezolano intercambia prisioneros políticos para su beneficio, en efecto, los está convirtiendo en rehenes.
Daniel Lansberg-Rodríguez es columnista del diario venezolano El Nacional y profesor adjunto en la Facultad de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern.
El entendimiento que tiene Maduro de la revolución socialista es más de mano dura y paranoica por lo que los arrestos políticos ya no solo son un mecanismo de disciplina partidista; se han convertido en una herramienta táctica para controlar la conversación nacional.
Por medio de fiscales, jueces dóciles y con la ayuda de la policía secreta, el gobierno de Maduro ha usado las detenciones para alimentar las narrativas conspiratorias sobre el posible derrocamiento del presidente, sembrar discordia entre fracciones políticas opositoras y, más recientemente, como elementos de negociación.
En 2014, después de que estallaron los disturbios y las protestas políticas ante la creciente delincuencia, la inflación y la escasez de alimentos, el líder opositor Leopoldo López fue arrestado y juzgado por instigación pública.
López había encabezado las protestas en un esfuerzo por canalizar la frustración socioeconómica hacia un movimiento organizado de resistencia pacífica.
No obstante, a principios del año pasado, el gobierno venezolano negoció la liberación de López a cambio de Oscar López Rivera, un activista puertorriqueño de izquierda sentenciado por un tribunal estadounidense en 1981 por ser el actor intelectual de más de 100 bombardeos contra blancos civiles en importantes ciudades estadounidenses.
Estados Unidos de América puso reparos. Sin embargo, otras negociaciones han sido exitosas. En junio de 2015, después de una serie de reuniones entre el subsecretario de relaciones exteriores de Estados Unidos Thomas Shannon y funcionarios venezolanos de alto nivel, se liberó a dos estudiantes venezolanos que habían participado en protestas.
A cambio de eso, un funcionario de alto rango que es investigado por tráfico de drogas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos logró ser fotografiado con Shannon, y se dice que el Departamento de Estado convenció a los líderes de la oposición venezolana para que levantaran su huelga de hambre.
En esta ocasión, como Márquez y San Miguel tienen doble nacionalidad, el gobierno venezolano tiene mejores cartas en la mano. Podría jugar con ellas para lograr, por ejemplo, que Estados Unidos levante algunas sanciones o libere a los dos familiares de la primera dama venezolana que actualmente están detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Iniciar negociaciones diplomáticas complejas también le permitiría al gobierno de Maduro postergar el referendo revocatorio.
“Esperamos que el gobierno de Venezuela le otorgue a todo ciudadano estadounidense la totalidad de sus derechos al debido proceso conforme a las leyes internacionales y venezolanas”, dice un comunicado del Departamento de Estado.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la doble nacionalidad en el caso de personas mayores de 25 años. Además, Venezuela se clasificó en el último lugar de los 102 países analizados en el Índice del Estado de Derecho 2015 realizado por el World Justice Project.
Tampoco es probable que mejore su posición porque cuando el gobierno venezolano intercambia prisioneros políticos para su beneficio, en efecto, los está convirtiendo en rehenes.
Daniel Lansberg-Rodríguez es columnista del diario venezolano El Nacional y profesor adjunto en la Facultad de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern.
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