El doctor Jorge Díaz habla con vehemencia hasta de su
rutina. Dice que prefiere dejar afuera los asuntos personales y sus ojos
cerrados con gesto tenso acompañan esta resistencia. Sin embargo, ni
bien empieza a explicarse, lo derrota su propia naturaleza: gesticula,
mueve las manos y mira fijo a los ojos de su interlocutor para enfatizar
sus opiniones, que lo han transformado en un actor clave y polémico en
todo lo que tiene que ver con el proceso penal uruguayo. Es un hombre
difícil de convencer, dicen los que lo conocen desde hace décadas.
También dicen que es de ideas firmes y enérgico. Él acepta "la
imputación" y agrega una. Es terco.
Tiene 49 años y es la cara visible de la Fiscalía
General de la Nación desde 2012, cuando luego de tres años como juez de
Crimen Organizado se lo designó fiscal de corte, el cargo más alto al
que puede aspirar un fiscal. Hoy es el protagonista de una reforma
histórica al Código del Proceso Penal (CPP), que cambiará la forma en
que se investigan, acusan y juzgan los delitos. Para cuando se
implemente, será el fiscal de corte más poderoso que ha tenido Uruguay.
En el camino, se ha ganado varias resistencias, acusaciones e incluso
enemigos. Pero, ¿quién es Jorge Díaz?
Bailar con la más fea.
La justicia penal nunca fue una ambición de Díaz, que
en todo caso la veía como "bailar con la más fea". Cuando era juez de
paz "odiaba" oficiar casamientos, pero lo suyo parecía apuntar a lo
civil y procesal. Sin embargo, le tocó bailar con lo penal y hoy cree
que le pudo marcar el paso bastante bien.
Sus orígenes se remontan a Fraile Muerto, en el
departamento de Cerro Largo. Hijo de un policía y una costurera, tuvo
una infancia que define como "pobre pero digna". A poco de terminada la
dictadura y con apenas 17 años llegó a Montevideo para inscribirse en la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en medio de un
ambiente efervescente. Como estudiante militó en el gremio, trabajó en
la fotocopiadora de la institución y aunque por un momento amenazó con
cambiar su orientación y dedicarse a la historia, recibió su título con
la idea clara de que quería ser juez.
Trabajó en Soriano, Tacuarembó, Paysandú y Canelones,
y llegó a Montevideo para luego convertirse en juez de Crimen
Organizado. Fue el primero en procesar por el delito de lavado de
activos del narcotráfico, estuvo a cargo del hasta ahora misterioso caso
del arsenal de Saúl Feldman y le tocó procesar a Anabella Damasco, una
colega de mayor jerarquía, por apropiación indebida de dinero del
Estado.
El momento bisagra en su vida le llegó a los 37 años,
cuando pasó de la oficina al CTI en unas pocas horas. Entre las dunas
de Solymar, dentro de una bolsa de nailon había un cuerpo. Eran los
restos de una mujer que había sido asesinada por su esposo ocho meses
antes y que había permanecido entre la arena todo ese tiempo tras un
meticuloso plan de su asesino, que para esquivar las sospechas incluso
había falsificado una carta en su nombre. "Firmé el auto de
procesamiento y salí para el médico", reconstruye Díaz. Tuvo 4 paros cardíacos y el cardiodesfibrilador que está implantado en su pecho
se lo recuerda todos los días.
Por eso, ahora no toma café, dejó de fumar y se
obliga a sí mismo a tener al menos un libro "no jurídico" en la mesa de
luz. Después de una jornada laboral de 12 horas y con poco espacio para
el sueño, los libros son su vía de escape. De todas formas, tampoco se
aleja mucho de su rubro. Es fanático de la novela negra escandinava y
los policiales, con el detective Kurt Wallander del escritor sueco
Henning Mankell como uno de sus referentes. Lo que tiene de trabajólico
lo canaliza como comprador compulsivo de libros, incluso en formato
digital. "Ya llevo como cuatro libros electrónicos destrozados. Se me
caen , me siento arriba de ellos o los llevo a la playa", cuenta entre
divertido y apasionado.
Hace algunos meses la delincuencia atacó al fiscal
de corte donde menos lo hubiera imaginado cuando su exesposa y madre de
dos de sus tres hijas fue asesinada en medio de una rapiña. Dice que el
episodio lo interpeló al punto que llegó a imaginar diez versiones
diferentes de carta de renuncia.
Amigos y enemigos.
Era abril de 2012 y Díaz se enfrentaba a los
senadores de la comisión de Asuntos Administrativos previo a convertirse
en fiscal de corte. Ya tenía cuatro ideas fijas a concretar y así se lo
anunció a los legisladores.
Para resumirlas sube y baja su mano derecha,
marcando cada una con énfasis. Primero estaba la reforma del CPP,
segundo conseguir la autonomía de la Fiscalía —que hasta el momento
había dependido del Ministerio de Educación y Cultura— y en tercer lugar
anunció que iba a redefinir los cometidos de la institución, dejando
afuera aspectos civiles como los casos de divorcio, tenencia, entre
otras cosas. "Denme dos años para organizarlos y luego no asciende nadie
más que no sea por concurso", recuerda haber dicho, y esa fue su cuarta
promesa.
Las primeras dos eran un viejo reclamo del pasado.
En ningún país del mundo, argumenta, una fiscalía puede depender del
Poder Ejecutivo. "El máximo grado de autonomía que se pudo lograr fue de
servicio descentralizado, yo creo que hay que ir por más autonomía",
dice, aunque sabe que eso le tocará a alguno de sus sucesores porque
implica una reforma constitucional.
El objetivo de llevar adelante la reforma del CPP
también tenía varias décadas. La idea clave detrás del proceso es lograr
que no sean los jueces quienes dirigen la investigación y dictan la
sentencia —como ocurre bajo el sistema actual— sino que los fiscales se
encarguen de acusar e investigar. Díaz marca dos escalones con sus
brazos y jerarquiza. Arriba están hoy juez y fiscal, y abajo la
defensa.
Con la reforma, explica, el juez va a estar arriba y el fiscal y
defensor abajo, en situación de igualdad. La reforma implica más
garantías, tanto para las víctimas como para los victimarios, y esta es
el arma principal con que defiende su batalla.
Aun así, sus ideas han encontrado muchas
resistencias. Son varios, entre fiscales y legisladores, quienes le
atribuyen comentarios "inoportunos" y lo acusan de haberse tomado más
atribuciones de las que debería en numerosas ocasiones.
Se podría decir que el fiscal Enrique Viana es uno
de los opositores públicos más acérrimos del fiscal de corte. En 2015
decidió trasladarlo de su cargo en el ámbito civil a una Fiscalía de
Menores y dispuso una investigación administrativa sobre su trabajo.
Entre otras cosas, por la cantidad de recursos de inconstitucionalidad
que planteó y que fueron rechazados por la SCJ.
Para Viana, la medida fue un castigo ejemplarizante.
"Hemos sido golpeados para demostrar que acá solo se hace la voluntad
del fiscal general", indica en referencia a su caso y el del fiscal
Ricardo Perciballe, quien fue trasladado en 2012 de su cargo en Crimen
Organizado. En su momento, Perciballe también se enfrentó con dureza a
la decisión de Díaz acusándolo de tener "motivos espurios" y
"personales" y de actuar con "desviación de poder" y "ánimo
vindicativo".
Viana es además contrario a la reforma que Díaz lleva
adelante por considerar que convierte a los jueces en "elementos
decorativos" y que responde a la influencia de Estados Unidos de América.
Díaz defiende que de los más de 300 traslados que ha
dispuesto desde que está en su cargo solamente estos dos han sido
recusados. "No sé si no es un récord la poca cantidad de recursos contra
toda esa cantidad de movimientos" afirma. "Yo no he polemizado y no
polemizaré con ningún fiscal, como no lo hago con los sindicatos porque
entiendo que no corresponde", dice y concluye, desafiante: "Vivimos en
un país libre desde 1985 para adelante. Antes, cuando había otras
personas en el poder no teníamos libertad de expresión. Capaz que alguno
de los que hoy cuestiona sí la tenía, pero el resto del pueblo no".
En lo que respecta a la reforma que lleva adelante
desde hace años y que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y del
Parlamento, Díaz se respalda en las propuestas que hizo antes de entrar
al cargo. "Hay un viejo refrán que dice que el que avisa no traiciona,
yo le dije a los senadores: si me van a votar la venia, vótenla para
esto. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo".
En mayo de este año al fiscal de corte se le abrió
otro frente con numerosos actores de la justicia. De cara a la reforma
del CPP, Díaz propuso en la Comisión de Constitución y Códigos de la
cámara alta la necesidad de un "cambio cultural" y sugirió reducir la
feria judicial y la cantidad de días que los juzgados quedan
paralizados. Dijo también que es necesario ampliar sus horarios de
funcionamiento y el rechazo no tardó en llegar desde la Asociación de
Fiscales y la Asociación de Magistrados. Estos últimos catalogaron su
actitud como "avasallante".
Sus dichos incluso provocaron la reacción del
presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Pérez Manrique,
quien sentenció: "Nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer".
Poderes.
Son muchos los rumores que rodean al fiscal de
corte. Que le ofrecieron ser ministro del Interior es uno de ellos. Sin
embargo, afirma que en ningún momento recibió tal propuesta y que
tampoco piensa dejar su cargo. "Soy lo que quise ser y tengo un
compromiso asumido de llevar adelante esta gestión hasta el final",
dice. "No estoy pensando en esas cosas".
Ahora, carga en sus hombros una reforma que va a
transformar el funcionamiento de la justicia de forma estructural y lo
va a convertir en una de las figuras más importantes en materia de
política criminal. Así como ocurre en otros países, el fiscal de corte
—fiscal general o nacional dependiendo del país—, va a poder incidir en
aquello que el Estado investiga. Si bien no podrá interferir en la
independencia de cada fiscal sobre cómo y qué resolver, cree que tras la
reforma sí podrá establecer lineamientos generales. Este es uno de los
puntos que más se le cuestiona. ¿Dónde estará el límite para esas
directivas?
De momento, la propuesta de control implica que el
fiscal esté obligado a hacerlas públicas y notificar a la Asamblea
General. De todas formas, el senador colorado Ope Pasquet cree que no
sería control suficiente y que un órgano colegiado, integrado por los
fiscales con más antigüedad, debería intervenir sobre estos
lineamientos.
En su cuenta de Facebook, Díaz publica la misma
frase una y otra vez. "Y sin embargo se mueve". Dice que en los primeros
meses a cargo de la fiscalía volvía a su casa atragantado por la
impotencia del "no se puede" y que ahora, incluso cuando no parece, la
reforma se hace cada vez más tangible. La fecha para el cambio es ahora
el 16 de julio de 2017. Ya la marcó en el almanaque, sabe que cae
domingo y que es aniversario del Maracanazo.
El debate de un hurto que fue rapiña.
Dos asaltantes golpearon a un hombre de 74 años a
quien pretendían robarle el préstamo que acababa de retirar y otros los
esperaban para huir, en marzo de este año. Los involucrados eran cinco y
la fiscal María del Huerto Martínez pidió el procesamiento por hurto
del acompañante del vehículo en que iban a escapar. La jueza del caso,
Beatriz Larrieu, procesó al hombre con 90 días de prisión domiciliaria y
dejó libre al dueño del auto. La decisión de la jueza causó molestia en
el Ministerio del Interior, lo que motivó que el presidente de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, convocara a una
conferencia de prensa para explicar sus motivos. En este marco, el
fiscal de corte Jorge Díaz resolvió que la fiscal había realizado un
dictamen erróneo y dispuso la reserva de las actuaciones por 60 días, lo
que implicaba que la fiscal tenía ese plazo para cambiar su pedido de
procesamiento. Sin embargo, Díaz reconoció luego su error.
"Mas allá de que yo considerara que existiera un
error, no corresponde hacer nada porque la fiscal es totalmente libre de
poder modificar esa calificación en el futuro o de no hacerlo. Y ahí el
error que cometí fue la reserva. Lo reservé con una intención y fue
interpretado como una espada de Damocles que pendía sobre la fiscal.
Cuando me advirtieron de esa posible interpretación lo que hice fue
revocar esa norma", explicó el fiscal de corte, quien además indicó que
cuando se reunió con la Asociación de Fiscales por el tema ya había
cambiado la resolución. "Soy tozudo y terco pero cuando me convencen de
que me equivoco, no tengo ningún problema en desandar el camino", dijo.
CASO DAMASCO.
"El más doloroso, duro y difícil".
Anabella Damasco era presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay y ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno
cuando, en 2011, el faltante de dinero que había sido incautado en
varias de sus causas prendió la alarma de la jueza Adriana de los
Santos. El entonces juez de Crimen Organizado Jorge Díaz tuvo que
ordenar el procesamiento de Damasco, una colega en una posición superior
en la escala jerárquica por "apoderarse, en siete oportunidades, de
dinero incautado en diferentes expedientes en los que intervino como
magistrada. La suma total fue de US$ 35.000 y 14.000 euros y se
considera uno de los mayores casos de corrupción judicial de Uruguay.
Parte de este dinero provino de órdenes de compra que emitió y cobró por
su cuenta y de depósitos que debía haber hecho en cuentas del poder
judicial y omitió. Damasco dijo en su momento que no había utilizado el
dinero en su beneficio e incluso declaró, según publicó Búsqueda en su
momento, que había sido amenazada y coaccionada para hacerlo, pero nunca
declaró por quién. La ex jueza fue liberada en 2014 tras cuatro años en
prisión. Para Díaz, se trata del caso "más doloroso, más duro y más
difícil" que le tocó. "Por el daño que el accionar de Damasco había
ocasionado en todo el servicio de justicia" y "el impacto emocional que
implicaba".
CASO FELDMAN.
Un arsenal y preguntas sin respuesta.
El escenario parecía inventado para una novela
policial. Un incendio en una casa de la calle Elba, en el barrio Aires
Puros, había dejado en evidencia que el contador de 64 años Saúl Feldman
guardaba un arsenal: más de 700 armas, miles de municiones y centenas
de granadas. El hombre, acorralado por los funcionarios policiales que
rodearon su casa de Shangrilá, decidió encerrarse y atacar hasta que
murió a causa de los disparos recibidos en el enfrentamiento. Era
octubre de 2009 y el caso cobró protagonismo en medio de la
efervescencia electoral de la época. El nacionalista Luis Alberto
Lacalle, que corría la carrera por la presidencia, lanzó un spot en
televisión donde simulaba un informativo que asociaba al entonces
candidato José Mujica al caso. El expresidente Jorge Batlle vinculó al
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) con Feldman y llamó a Mujica a
aclarar su vinculación. El ex tupamaro rechazó las acusaciones y atacó a
los medios por prestarse para lo que llamó una "maniobra política" con
el fin de evitar que fuera presidente. Díaz, que era el juez del caso,
lo archivó en diciembre de 2010 con muchas preguntas sin responder. "Era
un caso hermoso en el contexto inadecuado", dice hoy. "Para mí sigue
siendo un enigma que no he podido terminar de desentrañar", agrega.
Incluso considera escribir un libro al respecto en el futuro.
OPERACIÓN CANCERBERO.
Cocaína de Uruguay a España.
Estaba todo pronto para que un cargamento de droga
con un valor de US$ 1,5 millones viajara a España. Era abril de 2011 y
los narcotraficantes pretendían llevar unos 319 kilos de cocaína a
España en un contenedor de pescado cuando una inspección de la Brigada
Antidrogas los hizo retroceder y devolver la droga a sus dueños. En el
camino y tras una serie de operativos se recuperó la cocaína y 16
personas resultaron procesadas, 11 de ellas con prisión. Se lo conoce
como la operación Cancerbero y los cabos sueltos dieron lugar a la
génesis de una segunda operación, la Cancerbero II.
Hacia noviembre de
ese mismo año se procesó a 12 personas y se decomisaron 125 kilos de
cocaína que tenían a España como destino. Al parecer, se trataba de
varias organizaciones delictivas que tenían a Uruguay como parada y
lugar de abastecimiento para camuflar la droga hacia la península
ibérica. El caso tuvo todo: escuchas telefónicas, vigilancia
electrónica, fortunas millonarias y decenas de procesamientos. La
cantidad de droga incautada y de recursos que utilizaron para atrapar a
los narcotraficantes hicieron que este sea otro de los casos que Díaz
más recuerda de sus épocas como juez de Crimen Organizado. En un solo
año, el juzgado incautó 600 kilos de cocaína en tres operativos, según
publicó Portal 180 en ese momento.
Fuente: El País
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