La ahora ex jueza en lo penal Dra. Adriana Graziuso, cuyo nombre trascendió fronteras por ejecutar "expulsiones preventivas" de personas en Punta del Este, renunció a su magistratura para integrar el gabinete del intendente blanco Enrique Antía. La SCJ le negó la reserva del cargo. En 2012 el gobierno frenteamplista la acusó de violar la imparcialidad del Poder Judicial al instruir en casos vinculados a la administración o sus jerarcas.
Aunque de apariencia tímida, rostro angelical y voz cálida, Adriana Graziuso ganó fama de mujer dura en los más de tres años que se desempeñó como jueza penal en Maldonado. Al frente de la sede de segundo turno, a donde llegó en 2009 sustituyendo a Federico Álvarez Petraglia, cobró notoriedad nacional e internacional por ser la única magistrada del país en apelar a la ley de vagancia, de 1941, para expulsar a personas que llegaban al departamento con presuntas intenciones delictivas. El ex intendente frenteamplista Óscar de los Santos resultó de los pocos detractores de esta medida, tan aplaudida por empresarios y autoridades de Punta del Este como por gobernantes nacionales preocupados por la seguridad y el turismo del balneario estrella del país.
Pero no fue esta la única discrepancia del ex jefe comunal con la magistrada. En noviembre de 2012 la Intendencia departamental denunció a Graziuso ante la Suprema Corte de Justicia (Scj), con la certeza de que omitía el precepto de “imparcialidad” al instruir o fallar en casos vinculados al gobierno departamental o sus jerarcas. Abundaban ejemplos para abonar tal presunción (véase recuadro).
Aunque la denuncia de la Intendencia contra Graziuso fue archivada por la Scj en agosto de 2013, para entonces la corporación ya había concretado el traslado de la magistrada al juzgado penal de Ciudad de la Costa. Mientras en el ambiente judicial el acercamiento a la capital se interpretó como un ascenso, el equipo de Asuntos Legales de la Idm lo consideró un logro: la resistida jueza ya no estaba en Maldonado.
Sin embargo, no sería por mucho tiempo. Tras el triunfo del Partido Nacional en mayo pasado, este mes Graziuso renunció a su carrera en el Poder Judicial para asumir como directora general de Asuntos Legales del nuevo gobierno de Maldonado. En abril pasado la Scj negó a Graziuso la reserva del puesto para ocupar ese cargo político.
Uno de los informes, emitido el 5 de marzo por el Área Jurídica de la corporación, concluye que los magistrados no pueden ampararse en la ley 17.931 para dejar en reserva sus cargos. Están sometidos a las atribuciones y limitaciones impuestas por su estatuto, avaladas en el artículo 251 de la Constitución. En mérito de ese régimen estatutario, el documento señala que “los magistrados están inhibidos de ocupar cargos políticos ni de particular confianza, ni pasar a desempeñarse en comisión en otro organismo, ni reservar su cargo”.
Ante el dictamen, Graziuso optó por regresar a Maldonado con su familia y servir a la causa del Partido Nacional durante los próximos cinco años. Pasará de percibir un salario nominal de 92.144 pesos como magistrada del Interior (sin vivienda ni compensaciones académicas) a uno de 142.241 pesos como jerarca de la administración departamental. También tendrá a su favor 31 días de licencia no gozada.
La Corte ya aceptó su renuncia (resolución 1699/2015), aunque la abogada todavía figura como miembro de la Asociación de Magistrados del Uruguay, confirmó a Brecha el vicepresidente de la gremial, Marcos Seijas. Para el dirigente es claro que “no corresponde reservar a los jueces el puesto para ocupar cargos de particular confianza. Es una cuestión lógica que los jueces estemos alejados de todo tema de política partidaria”. Remarcó que, si algún día Graziuso decide volver al Poder Judicial, tendrá que reingresar por los cargos inferiores del escalafón como establece la ley… aunque los ministros tienen discrecionalidad para asignarla donde crean conveniente, en función de sus méritos y trayectoria.
La denuncia que el gobierno departamental presentó contra Adriana Graziuso ante la Suprema Corte de Justicia, en 2012, revela llamativos procedimientos de la magistrada al instruir en casos referidos a la administración frenteamplista y sus jerarcas.
Uno. El primero citado en el escrito refiere a la denuncia presentada en 2007 por Rodrigo Blás y otros dirigentes blancos contra el intendente De los Santos y cuatro directores generales por “abuso de funciones” al otorgar la publicidad callejera a Satenil SA. El caso insumió más de tres años hasta que el fiscal Carlos Reyes pidió archivarlo. Pero, poco después de asumir, Graziuso resolvió continuar con la indagatoria. La defensa asentó por escrito su “extrañeza”, porque el voluminoso expediente que insumió a la Fiscalía un año de análisis fue revisado en unos días por la nueva magistrada y “en medio de un fuerte operativo de prensa de los denunciantes blancos”. Graziuso archivó el expediente pasadas las departamentales de 2010.
Dos. En 2007 la Intendencia llevó a la justicia tres denuncias por hechos de apariencia delictiva implicando a ex directores blancos de la comuna. El escrito señala que, más de dos años después, Graziuso citó a los profesionales de la Idm a ratificar la denuncia, pero esto nunca se concretó. En cambio la jueza y los abogados patrocinantes de los ex jerarcas sometieron a los abogados comunales a un “intenso interrogatorio” sobre asuntos de hacienda sin solicitar los informes técnicos. El fiscal ya había resuelto que las faltas administrativas detectadas no merecían reproche penal.
Tres. En marzo de 2011 una niña cayó desde lo alto de una torre de avistamiento de ballenas en Punta del Este, donde faltaba una tabla debido a un acto de vandalismo. La Idm demostró que la estructura era competencia del Ministerio de Turismo pero Graziuso actuó de oficio y citó como indagado al secretario general Gustavo Salaberry. Archivó la causa tiempo después.
Cuatro. El 26 de marzo de 2010 una cuadrilla de funcionarios municipales dañó el muro de la casa de Graziuso mientras recogía podas con un camión. El esposo de la magistrada denunció el hecho como “daño” y, sin ser funcionario público, también denunció “atentado”. El expediente pasó a la propia Graziuso, quien antes de declinar competencia citó a los funcionarios con su jerarca, solicitó relevamientos a la Policía Técnica y elaboró un memorando donde calificaba “como dolosas” las declaraciones que recabó.
Cinco. En julio de 2012 la Intendencia radicó una denuncia penal, en acuerdo con el Municipio de San Carlos, para que se investigaran ocupaciones ilegales de terrenos en el balneario El Tesoro mediante cesiones ilegales de derechos posesorios. Durante la instrucción, un concejal carolino que impulsó el caso fue sometido por Graziuso a extenuantes interrogatorios y careos en la sede penal, incluso con el abogado de la Idm que denunció los hechos. El concejal denunció que fue detenido siete horas en el juzgado y que la Policía, la jueza y la fiscal llegaron a su casa a buscarlo “como a un narcotraficante”. Entonces, De los Santos dijo que Graziuso trataba a los denunciantes como indagados, sin aplicar igual criterio a los denunciados.
Seis. Fuera del documento presentado a la Scj quedó otra llamativa actuación de Graziuso sobre una denuncia presentada en 2007 por ediles del FA para que se investigara la financiación de las campañas de los blancos Federico Casaretto y Enrique Antía en 2005. A partir de una investigación de la Junta Departamental, los denunciantes relacionaban esa financiación con el otorgamiento de excepciones edilicias. Declararon varias veces en la sede de Graziuso pero ésta nunca los interrogó personalmente. La causa fue archivada “sin perjuicio” en abril de 2010. Los denunciantes no fueron notificados y conocieron la medida a través de la edila blanca Magdalena Zumarán (hoy suplente en la diputación por el sector de Rodrigo Blás y esposa de Casaretto) durante una sesión en la Junta Departamental.
Siete. La Intendencia tampoco formuló quejas ante la Corte por la actuación de Graziuso en las derivaciones que tuvo la demanda presentada en Montevideo por Antía contra De los Santos por difamación. En febrero de 2007 Antía desistió de la acción penal cuando la justicia dictaminó levantar su secreto bancario, el de sus familiares y varios ex jerarcas comunales. Sin embargo la fiscal Olga Carballo pidió derivar el expediente a Maldonado, bajo el entendido de que había situaciones con presuntos perfiles delictivos que evadían la órbita de los delitos contra el honor. La causa terminó en manos de Graziuso, quien en 2010 la archivó a pedido de la fiscal Stella Llorente.
El ex subdirector general de Asuntos Legales de la comuna Horacio Bolani recordó a Brecha que De los Santos fue citado a declarar dos veces para reiterar sus afirmaciones, pero la jueza nunca consideró los documentos que presentaba la defensa del intendente, ni citó a Antía, ni libró oficios para indagar los presuntos delitos advertidos desde Montevideo.
Fuente: Semanario Brecha
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