Quizá sea por la cercanía del 14 de abril, la fecha que los militares adoptaron para recordar a los “caídos en defensa de las instituciones democráticas” y la necesidad de mandar algún mensaje intimidatorio. O podría estar relacionado con información reservada que maneja el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), que investiga dónde están los restos de los desaparecidos en la última dictadura militar y que ayer reiniciaba las tareas, junto a un técnico argentino, en los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército.
Por ahora son todas hipótesis. Pero lo que sí está confirmado es que durante la calma montevideana de la Semana de Turismo, alguien ingresó sin autorización a la sede del GIAF, robó materiales de archivo y dejó mensajes amenazantes contra los profesionales que trabajan en esa oficina. Quedó claro, además, que no fue un robo cualquiera.
La advertencia más directa quedó estampada en una de las paredes de la oficina, sobre un mapa de la ciudad de Montevideo; los atacantes marcaron allí las direcciones de los domicilios de los integrantes del equipo del GIAF. Otro dato: fueron directamente al lugar donde funciona el laboratorio y no a la pieza en la que está el archivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República. Se llevaron dinero y material documental, en papel y en formato digital (en principio, un disco duro), aunque ayer las autoridades del centro universitario intentaban determinar, contrastando con el inventario, cuáles eran el “volumen y las características” del material faltante.
Por ahora tampoco es posible determinar cuándo y quiénes ingresaron a la casa, que está ubicada sobre la calle Paysandú, entre Minas y Magallanes, en la misma manzana que el edificio principal de la FHCE; la oficina estuvo cerrada durante toda la Semana de Turismo y los primeros en darse cuenta fueron los funcionarios del GIAF que se reintegraron a trabajar ayer, temprano en la mañana.
El decano de la FHCE, Álvaro Rico, y el prorrector de Extensión de la Udelar, Hugo Rodríguez, se enteraron a media mañana del robo e informaron al rector de la Udelar, Roberto Markarian. También al ex diputado frenteamplista Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que se comunicó con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, para pedir intervención policial. La FHCE hizo la denuncia en la Seccional 3ª y poco después del mediodía llegaron al lugar funcionarios de la Dirección Nacional de Policía Científica y de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.
El procedimiento de los atacantes parece haber sido bastante cuidadoso. Las medidas de seguridad en el local son mínimas: hay una alarma, una doble cerradura en la puerta de entrada y es necesario pasar por dos rejas para entrar al laboratorio. Ni las cerraduras ni las rejas fueron violentadas, informaron desde la FHCE, que ayer solicitó un reporte técnico a la empresa de seguridad para saber si la alarma llegó a activarse y si, eventualmente, fue desactivada con la clave de ingreso. “Nadie recibió una llamada durante la semana porque la alarma hubiera sonado, como sucedió en otras oportunidades. Una posibilidad es que hayan tenido copias de la llave y que hayan desactivado la alarma de alguna manera”, especularon desde la FHCE. Por otra parte, según aclararon, en esa cuadra no hay cámaras de seguridad del Ministerio del Interior, y la FHCE tampoco tiene dispositivos de ese tipo dentro del local en el que funciona el laboratorio del GIAF.
Admirable alarma
Ayer de tarde, la FHCE emitió un breve comunicado: “Lamentamos informar que hoy, lunes 28 de marzo de 2016, en la mañana temprano, se constató el ingreso no autorizado al laboratorio del GIAF, que investiga sobre detenidos-desaparecidos en el marco del convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República”. También aclararon que el equipo de antropólogos continuó ayer con sus tareas habituales.
Lo mismo planteó Michelini, que coordinó con el GIAF, en representación del Grupo por Verdad y Justicia, el reinicio de las tareas en el SMA del Ejército, con el respaldo de expertos forenses argentinos. “Los trabajos se desarrollaron durante todo el día con normalidad, en el marco de un hecho con estas características, que sin duda preocupa. Pero no puedo especular si ambos hechos están relacionados, no tenemos elementos y no correspondería que lo hagamos. Lo que pasó es un hecho grave y preocupante, sin duda; esa es la primera sensación, pero hay que esperar a que tengamos todos los datos arriba de la mesa”.
Michelini tampoco pudo confirmar si hay un respaldo del material que tenía el GIAF en el local de la calle Paysandú. “No es algo que pueda afirmar y no vamos a abrir opiniones hasta no tener los informes técnicos correspondientes, entre ellos lo que informe del equipo y su evaluación de qué había y qué estaría faltando. Hasta no tener esa información no podemos sacar conclusiones”. Según dijo el diputado, el resultado de las investigaciones de la policía científica debería estar pronto en un plazo no mayor a las 72 horas.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que los plazos que se manejan son esos. “Antes de que termine la semana tienen que estar todos los resultados, después de las entrevistas con los investigadores y los antropólogos”, señalaron.
“Es algo inédito, hace diez años que estamos trabajando y nunca nos había pasado algo tan grave. Tenemos una gran preocupación por la gravedad del hecho”, evaluó Rico. Había, sin embargo, algunos antecedentes, como los sucesivos robos que sufrió hace algunos años, en su casa y en su vehículo, el ex coordinador del GIAF José López Mazz, que incluyeron el hurto de tres computadoras portátiles y dos cámaras fotográficas.
Anoche, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado para expresar su “enérgica condena” ante el robo perpetrado en dependencias del GIAF. “Estos hechos tienen el claro objetivo de amedrentar a quienes aportan elementos -desde distintos lugares- para la búsqueda de restos y el esclarecimiento de la verdad, y al mismo tiempo intimidar a aquellos que trabajan directamente en el tema”, señalan desde la organización. Este último punto es significativo: al GIAF se estaban enviando todos los datos de los testimonios, de militares y civiles, desde que se habilitó la línea 0800 9942, dispuesta para recabar información sobre el paradero de restos de desaparecidos.
El comunicado de Familiares agrega: “Este hecho nos retrotrae a las prácticas ejercidas por el Terrorismo de Estado, por lo que no cabe duda que el Gobierno Nacional debe buscar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia. Convocamos a la ciudadanía a redoblar esfuerzos en esta campaña por Verdad y Justicia para erradicar definitivamente la impunidad que aún subsiste entre nosotros”. Por suerte, esta otra alarma sí sonó a tiempo.
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