A fines del año 2013 la propietaria de una barraca de Rocha denunció haber sido víctima de una presunta estafa en US$ 300.000 por parte de promotores privados del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt que pedían dinero a cuenta de la compra de terrenos y luego no cumplían. Al parecer las denuncias carecen de fundamentos en lo que refiere al vínculo con la central sindical y se entregan las primeras viviendas.
Gracias a la prensa que hizo pública dicha denuncia y divulgó diversos documentos, el Secretariado del Pit-Cnt se enteró de una serie irregularidades del plan que llevaba adelante y que no le habían sido notificadas por sus encargados. Investigó, confirmó los vicios de procedimiento aunque los adjudicó a "errores", formó un nuevo departamento de vivienda y reencauzó el proyecto destinado a trabajadores de bajos recursos.
Al día de hoy, el plan avanza con la inauguración de las primeras viviendas en el interior del país, el 70% de las cooperativas (según datos del Pit-Cnt hay 350 inscriptas) consiguió terreno o firmó compromisos de compra-venta y el Ministerio de Vivienda ya otorgó cientos de préstamos. Se benefician núcleos familiares con ingresos inferiores a los $ 50.839 y pueden pagar sus casas con financiamiento a 15 y 25 años.
No obstante, la noticia del ingreso esta semana al juzgado de Crimen Organizado de una cuarta denuncia penal por presunta estafa por 200.000 euros reveló que hay más contratos firmados por el Pit-Cnt con los gestores acusados. El caso que involucra a una empresa española cayó como un balde de agua fría en el seno del Pit-Cnt, que en todo momento se limita a señalar que se trata de un problema "entre privados". Uno de los gestores acusado en las cuatro denuncias anteriores firmó al menos tres contratos con el Pit-Cnt, representando en cada uno de ellos una sociedad anónima diferente. Esos contratos para ejecutar miles viviendas eran presentados ante potenciales inversores como un aval oficial del Pit-Cnt otorgado por el entonces encargado del plan Eduardo Burgos.
Errores.
En diciembre de 2013 el Secretariado del Pit-Cnt desconocía que Burgos, había firmado entre 2012 y 2013 contratos asumiendo una representación de la central sindical para la que no tenía facultades.
Gracias a las notas de prensa, el Pit-Cnt hizo una investigación interna que le permitieron enterarse de situaciones que desconocía y ocurrían dentro de la propia central, según admitieron públicamente los entonces coordinadores Fernando Pereyra y Marcelo Abdala. Finalmente se concluyó que Burgos había cometido "errores" pero no hubo dolo.
A partir de ahí se fijó un nuevo punto de partida para el plan de vivienda sindical. El Pit-Cnt formó un nuevo grupo de trabajo y encaminó a cooperativas que no avanzaban. Tres años después, mientras todavía la Justicia no se ha pronunciado sobre las causas presentadas en la Justicia penal y una en la órbita civil, las casas son una realidad. Los beneficiarios de las viviendas deben cumplir la condición de ser trabajadores sindicalizados, tendrán seis meses de gracia una vez finalizada la obra y pagarán cuotas de entre 2.000 y 7.000 pesos por mes. El nuevo coordinador del Plan de Vivienda, Carlos Cachón, interpreta que hubo un "ataque" hacia el proyecto del Pit-Cnt porque "tocaba muchos intereses" de tipo inmobiliario, según publicó en su momento la página web de la central.
Denuncias.
La Justicia Penal aún tramita cuatro denuncias contra los privados que firmaron contrato con el Pit-Cnt. La de la empresaria de Rocha Susana Nicodella (que también accionó ante la Justicia Civil y reclama US$ 2.850.000) se unificó con otra presentada en junio del año pasado por la empresa Walltech, propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo y que alega haber sido víctima de una presunta maniobra por miles de dólares. Ambas denuncias son investigadas por la jueza Graciela Eustachio. También hace un año se presentó en otro juzgado una tercera denuncia penal por parte de un empresario del interior que reclama cheques entregados a los gestores. Hay además una demanda civil que se presentó en agosto de 2013 y se saldó con la entrega de bienes por parte del gestor denunciado para pagar US$ 1.800.000 que había recibido.
En la demanda civil contra privados y el Pit-Cnt, la defensa de Nicodella hizo comparecer a 37 sindicatos porque la central alegó en una primera instancia de conciliación que no podía actuar por carecer de personería jurídica.
A fines de 2015, la mayoría de estos sindicatos, Burgos y el Pit-Cnt presentaron ante la Justicia, aunque de forma separada, escritos prácticamente idénticos en los que no solo se desmarcan de las acusaciones de Nicodella sino que además la acusan de haber desprestigiado a la central de forma "intencional" para forzarla a transar en la causa.
Real malicia.
Bajo el subtítulo "Malicia temeraria", la defensa de los sindicatos afirma en su escrito que "intencionalmente los actores desplegaron una extensa campaña difamatoria hacia el Pit-Cnt queriendo involucrarlo como partícipe de una maniobra fraudulenta de la cual tienen plena conciencia que no fue tal y a sabiendas de la inexistencia de participación directa, ya que el grado de imputación de responsabilidad que se efectúa al Pit-Cnt y a los sindicatos que lo integran, es de responsabilidad por hecho ajeno". Y agrega que "esa forma de publicidad que pretendía presionar una negociación a su favor, mostrándose ante la opinión pública como víctimas de una maniobra encabezada por el Pit-Cnt que produjo graves daños no solo a la imagen de nuestra central sindical sino que también frustró parte del desarrollo del Plan de Vivienda y a más de tres mil familias de trabajadores sindicalizados, que hasta el día de hoy no han podido acceder a esa etapa del plan porque muchos inversores (constructores y entidades de intermediación financiera) se retiraron ante las acusaciones efectuadas por los actores".
Burgos deslindó toda responsabilidad en la negociación entre privados y aclaró que su única intervención se limitó a la firma del convenio con el cual los privados se valieron para interesar inversores.
"La firma del acuerdo marco es la única intervención que me cupo, en principio, en los hechos objeto de este litigio. No intervine de ninguna manera, en ningún momento, en ninguna de las tratativas que llevaron adelante (los gestores) y los demandantes", señaló. "No los acerqué ni promoví su unión, de ninguna manera, tampoco tuvo ninguna incidencia ni intervención mi hermano en ese nucleamiento, ni tuvo incidencia ni intervención alguna en el plan de vivienda sindical", acotó. Burgos admite que conoció a Nicodella cuando ésta recurrió a él para recuperar los cheques entregados. "En ese momento de conocerla me enteré de todos los entretelones de la sociedad rescindida", señala.
Inauguración.
El Pit-Cnt inauguró en Paysandú las primeras 41 casas de su plan de vivienda sindical, solo para trabajadores afiliados a sindicatos. Las cuotas mensuales van de $ 2.000 a $ 7.000 según el ingreso del núcleo familiar y los planes de 15 a 25 años. El costo el metro cuadrado de las viviendas oscila entre US$ 670 y US$ 1.120.
Fuente: El País
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