En este mundo en el que nos tocó vivir, cada poco tiempo aparece una nueva organización que plantea le paguemos por tal o cual cosa. Restaurantes, bares, peluquerías, clínicas y todos aquellos que tengan un televisor a la vista de sus clientes comenzarán a recibir cartas solicitando que tramiten licencias de derechos de autor por los contenidos de ficción o documental que difunden.
La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) –que se encarga de administrar los derechos de autor de productores audiovisuales de la misma manera que por ejemplo lo hace Agadu con la música– considera que ya pasó tiempo suficiente y que es hora de empezar a controlar a quienes realicen comunicación pública sin pagar a los autores de las obras. “No es que entramos a pisar. La formación ya está hecha y esto es un tema de derechos”, dijo a El Observador la directora general de Egeda en Uruguay, Helena Nosei, quien aseguró que a lo largo de los últimos meses ha llevado a cabo reuniones con diferentes asociaciones de comerciantes y empresas para informar sobre las normas vigentes.
La ley 17.616, que regula los derechos de autor, establece que los titulares pueden reclamar una remuneración por la exhibición de sus obras, aunque la norma no se aplica para las reuniones que sean sin fines de lucro y las que lleven a cabo con fines didácticos. “Se va a controlar más que nada a las empresas, a todas las organizaciones con fines económicos”, ratificó la directora de Egeda Uruguay.
Si una empresa comunica en las pantallas abiertas al público solo contenidos periodísticos, publicitarios, deportivos o de cualquier otro tipo que no sea considerado una “obra” por la ley no deberían pagar. Sin embargo, la gestora entiende que al no tener como fiscalizar que solo se emitan contenidos no considerados obras (películas, documentales o telenovelas), deberían igual pagar por las licencias.
A partir del 30 de abril la gestora empezará una campaña para informar sobre los tipos de licencias y cuándo comenzarán a cobrarlas. Egeda enviará una primera carta a cada empresa que, según cree, tiene televisores a la vista de sus clientes o visitantes. Además pondrá a disposición un call center, para que quienes reciban el comunicado puedan asesorarse sobre el tipo de licencia que precisan. A los 15 días se emitirá un nuevo telegrama y, si el responsable del local sigue sin darse por aludido, Egeda enviará inspectores para constatar que se difunden contenidos de ficción o documental al público. En caso de que se encuentre un televisor prendido a la vista de los visitantes con esos contenidos, el responsable del negocio recibirá una factura que deberá pagar si no quiere quedar registrado en el clearing de informes. De todos modos, Nosei aseguró que se buscará agotar “todas las vías comerciales” y que la asociación está “abierta al diálogo” para negociar con las empresas.
Las tarifas son en dólares y varían dependiendo del tipo de licencia. La que refiere a la comunicación pública y a la exhibición cuesta alrededor de US$ 10 (unos $ 260) por mes por televisor disponible. Esta es la que se aplicará a los comercios que no tengan cuantificada la cantidad de público que reciben. Si lo tienen cuantificado, se les cobrará alrededor de US$ 1 (unos $ 26) por cada persona que se expone a los contenidos audiovisuales al mes. Por otro lado, la licencia de retransmisión, que es la que necesitan los cableoperadores para emitir contenidos que no son propios –películas, telenovelas–, cuesta US$ 0,5 (unos $ 13) por abonado al mes.
La primera etapa de fiscalización comenzará en Montevideo, donde la intendencia tiene registro de unos 1.000 bares, restaurantes, parrilladas, cafeterías y chiviterías. Sin embargo, la lista preliminar que maneja Egeda para salir a cobrar incluye unos 8.000 locales, entre los que también se encuentran peluquerías, gimnasios, hoteles, clubes deportivos y bancos. “Pero vamos a seguir trabajando para que no se escape nadie”, advirtió la directora de Egeda a El Observador. Se espera que para fin de año ya estén aplicando las tarifas también en el interior del país.
Hasta ahora solo había cinco clínicas de Montevideo que pagaban la licencia por los televisores que tienen tanto en salas de espera como en las habitaciones. En Maldonado también hay centros de salud que pagan por los derechos de comunicación pública. Sin embargo, la asociación quiere ahora que las licencias se masifiquen. “Es una gestión costosa, pero la queremos hacer con buena voluntad”, expresó Nosei. La directora afirmó que en países como Colombia, Ecuador o Perú, donde también funciona Egeda, “todos los productores están cobrando este derecho y la gestión funciona bien”.
La entidad de gestión colectiva recibió la autorización formal para funcionar en 2007, a través de una resolución del Ministerio de Educación y Cultura. Durante estos años se dedicó a reunir a los productores a través de contratos tanto con locales como con otros países. Hoy asegura que nuclea a cerca del 90% de ellos en el mundo.
Luego de que reciben el dinero por las licencias, la gestora se encarga de reunirlo y una vez al año se lo hace llegar a los productores del mundo, a través de las asociaciones que operan en cada país. Del mismo modo, Egeda Uruguay recibe dinero por la comunicación pública, exhibición y retransmisión de producciones audiovisuales uruguayas en otros países, que después se lo envía a productores locales. El 20% de la recaudación se destina a la producción nacional.
Los peces gordos
La decisión de ir por los “pequeños usuarios” –las empresas que tienen TV disponible para sus clientes– se tomó luego de que Egeda comenzó la negociación con los operadores de cable, que son el principal objetivo a la hora de salir a cobrar las licencias. En este caso, la asociación les reclama una licencia de retransmisión por aquellos contenidos extra que no son producción de los canales. “Hace años que estamos hablando con los cableoperadores para que paguen las licencias. No pudimos llegar a acuerdo amigable y todos están siendo demandados, salvo una empresa con la que se está negociando”, afirmó Nosei a El Observador.
La directora de Egeda sostuvo que, cuando las señales ceden sus derechos a los operadores de cable, lo hacen sobre sus contenidos propios, pero no sobre las películas o las telenovelas que se incluyen en sus grillas, y por eso, advierte, los cableoperadores deben pagar.
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