La Justicia condenó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a indemnizar con US$ 55.000 a los padres y a un tío de una beba de 10 meses que falleció a mediados de 2009 y que una médica alertó, erróneamente, que la causa de muerte había sido una violación cuando en verdad la pequeña perdió la vida debido a una infección en los pulmones.
La incorrecta constatación realizada por la profesional que trabajaba para un centro asistencial de ASSE, que confundió crema para paspaduras con semen, motivó que los padres y uno de los tíos de la niña fueran detenidos e indagados por el aparente abuso que no se probó, por lo que fueron liberados al día siguiente.
El caso, que en su momento generó un importante debate sobre el manejo de la información policial, motivó que el Ministerio del Interior indemnizara en 2012 a la familia con US$ 22 mil y los tres canales abiertos privados de Montevideo (4,10 y 12) aceptaron pagar US$ 12 mil por haber divulgado la identidad de la familia y los detalles de una violación de la que no existieron pruebas. El impacto mediático del supuesto episodio llevó a que un grupo de vecinos de los padres de la niña fallecida incendiara la modesta vivienda de la pareja, ubicada en el barrio 1º de Mayo.
Ahora, en una sentencia dictada el miércoles 11, el juez de lo contencioso administrativo Pablo Eguren condenó a ASSE a pagar US$ 20 mil a cada uno de los padres de la beba fallecida y US$ 15 mil al tío de la pequeña.
“Invaluable”
“Es claro que en el caso, además de la pérdida de la hija y sobrina, se produce un daño que no es pasible de valoración económica ya que la privación de libertad en circunstancias de sospecha, de homicidio y violación de la hija y sobrina, más la trascendencia pública de dicha situación, se torna invaluable”, asegura la sentencia de primera instancia dictada por el juez Eguren, que podrá ser apelada por ASSE.
La médica que constató la muerte de la pequeña confundió crema para paspaduras con semen. El fallo del juez Eguren, al que accedió El Observador, critica a la profesional porque en forma “irresponsable, casi obtusa” continuó sosteniendo su diagnóstico, aún cuando la indagatoria penal había descartado un abuso sexual contra la beba.
Esa situación, sostiene la sentencia, lleva a que exista responsabilidad del Estado (en este caso ASSE) debido al “accionar” de la médica que intervino en el caso de la niña.
Incluso, el juez señala que al prestar declaración la médica negó haber asegurado que la beba había sido violada, pero en el juzgado se le exhibieron las imágenes de declaraciones a medios televisivos que brindó en ese momento en los que afirmó que en su opinión pudo existir el abuso.
En la sentencia, el juez Eguren señala que “no existe forma de imaginar el dolor padecido” por los reclamantes, que en el juicio fueron representados por el abogado Nicolás Pereyra, y que originalmente reclamaron a ASSE una indemnización de US$ 200 mil, cifra que fue considerada “excesiva” por el magistrado, que valuó el daño total padecido por la familia en US$ 55 mil.
El caso
En la mañana del 16 de junio de 2009 una mujer llamó al Servicio 911 porque su hija de 10 meses presentaba serios problemas respiratorios. A los pocos minutos llegó a la humilde vivienda del barrio 1º de Mayo un móvil de la seccional 17 que trasladó a la madre y a la beba al centro de salud Badano Repetto, que depende de ASSE.
En el centro asistencial público, la médica que atendió a la pequeña certificó su fallecimiento y señaló que se trató de una muerte “violenta” y con “probable violación”. Ante eso, la Policía detuvo a los padres y un tío de la niña, al tiempo que otras dos hijas de la pareja (que por entonces tenían 8 y 6 años) fueron trasladadas al mismo centro asistencial donde fueron revisadas por personal médico en busca de signos físicos de posibles abusos.
Al día siguiente, es decir el 17 de junio de 2009, los indagados fueron conducidos ante el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, que archivó el caso y dispuso la liberación de los detenidos. La decisión del juez se basó en que un perito forense del Poder Judicial determinó que la niña falleció a causa de “infección pulmonar” y descartó la existencia de una situación de abuso sexual.
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