BRASIL: ALLI SE COMETEN EL 11 % DE LOS HOMICIDIOS DEL PLANETA TIERRA

Brasil, según datos que no son recientes pero que se estima mantienen su vigencia, tiene sólo el 2,8 % de la población mundial, pero "aporta" anualmente 11 % de los homicidios mundiales. Es una cifra escalofriante para un país que no está en guerra.



"Cada 12 minutos, una persona es asesinada en Brasil", graficó Carlos Lopes, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Reveló que el promedio anual de muertes por armas de fuego asciende hoy a 40.000. El número "supera las víctimas de la guerra de Irak", dijo el experto. Con inocultable preocupación, señaló que "es inconcebible que tanta gente muera bajo las balas en una nación pacífica".

Un cálculo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil indica que hubo 40 mil muertes por armas de fuego en el 2002 y éstas, señala la estimación, representaron 68 % del total de homicidios.

El estado de Pernambuco, en el nordeste brasileño, encabeza el ranking de homicidios con 54 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Le sigue, en el orden nacional, Río de Janeiro con 51 por cada 100.000. Luego viene Espíritu Santo, con 46 y San Pablo con 42.

Desde otra institución, Celso Simoes, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) advirtió que "la tasa de homicidios no paró de crecer desde inicios de los años 90". Según este investigador, el aumento de los crímenes fue paralelo "a las sucesivas crisis económicas brasileñas". Experto en demografía, Simoes dijo que hay una "coincidencia" entre el alza del desempleo y la espiral de violencia.

Pero el desenfreno de la violencia tiene otras causas. Entre ellas, la lentitud de la justicia brasileña y la sobrepoblación de las cárceles. Ante la Comisión de Defensa del Congreso brasileño, Carlos Lopes, aseguró que "la probabilidad de que en Brasil un asesino sea condenado y cumpla la pena hasta el final es de apenas un uno por ciento".

Las deficiencias de la Justicia tienen más derivaciones. Por un lado, aumenta el número de "ejecuciones sumarias" como método para "resolver" los problemas de seguridad. Por el otro, las prisiones están sobreocupadas "y terminan por convertirse en escuelas de homicidas".

Lo testimonian las frecuentes rebeliones en las cárceles brasileñas. No hace una semana, el presidio Oso Blanco de Porto Velho (capital del estado de Rondonia) fue escenario de una masacre que mantuvo en vilo al país. Catorce detenidos fueron asesinados por sus propios compañeros de prisión durante un conato de rebelión. En el motín, el grupo rebelde mostró ante las cámaras cómo lanzaba cuerpos de presos al vacío. También exhibieron partes de 5 detenidos a los que habían descuartizado. Los especialistas dicen que ese tipo de ensañamiento puede remontarse a las marcas físicas y emocionales que deja la violencia cuando afecta a aquellos jóvenes que están al borde de la pobreza.

Al asociarse la violencia en Brasil con el narcotráfico y el consumo de drogas, las víctimas de los homicidios son muchachos de 15 a 24 años de edad. La tasa de homicidios pasó, en esa franja de edades, de 150,2 por cada 100 mil en 1996, a 173,8 en el 2000. Simoes, del IBGE, reflexiona: "Brasil venció la guerra contra la mortalidad infantil, pero perdió la batalla contra el asesinato de sus jóvenes". Esto, claro está, cambia el perfil demográfico del país.

De las grandes capitales, las estadísticas son más sombrías en Río de Janeiro. Allí, las armas de fuego son la principal causa de muerte: representan el 65% de los decesos. Superan a los accidentes automovilísticos y las enfermedades. "Estamos llevando a los niños a una situación social donde su futuro más probable es morir violentamente en la adolescencia", sostiene Simoes.

Las cifras hablan por sí mismas sobre la onda de violencia que asuela Brasil. Pero así como el problema reconoce un contenido social, también revela consecuencias económicas poco deseables. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Brasil se gasta 10% del PBI en seguridad. Es una cifra que casi duplica los recursos para educación, salud y programas sociales. Sin ir más lejos, el propio BID calcula que el sector privado gasta 25.000 millones de dólares anuales en seguridad, también llamada la "industria del miedo".