En marzo de 2012, Cristina Fernández se subía
en un acto en la Casa Rosada a una cosechadora hecha en Argentina, que
pertenecía a la empresa Grandes Máquinas. Desde Entre Ríos, se
fabricaban estas máquinas y se exportarían a Angola. Pero la polémica llegó esta semana al país cuando se conoció la noticia que la justicia decretó el quiebre de la fábrica.
La historia de la cosechadora no es sólo una historia
de emprendimiento frustrado. Es también la de una presunta maniobra
defraudatoria y de desvío de fondos públicos que se investiga en la
justicia, a partir de la denuncia que presentó un ciudadano a modo
particular.
Grandes Máquinas es una empresa de origen cordobés
radicada en Entre Ríos. De los talleres instalados en Concepción del
Uruguay salió la única cosechadora construida. Una sola y fue la que
mostró Cristina Fernández en ese acto.
Hoy, esa cosechadora está abandonada en el país africano y sin posibilidad de funcionamiento.
En la presentación que hizo ante la Justicia entrerriana, este ciudadano particular demostró que la firma había sido beneficiada con un préstamo de 5,574 millones de pesos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), organismo provincial.
La noticia deja en incómoda posición al gobernador Sergio Urribarri, porque fue él quien le llevó a la Presidenta la idea de promocionar la construcción y exportación de las cosechadoras.
Si bien la empresa tiene una larga lista de acreedores, su deuda más importante es con el Estado entrerriano a través del Finver, que le reclama 6.052.707 pesos por subsidios que le dio entre 2009 y 2012 para montar la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay y los intereses por no haber devuelto los créditos en tiempo y forma, según publicó el sitio Página Judicial.
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos. Además, el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la zona del puerto de la ciudad del sur entrerriano.
Hay cuatro empresarios ligados a Grandes Máquinas para quienes se pidió la citación a prestar declaración indagatoria por el presunto delito de defraudación a la administración pública. Ricardo Vicente Senor, Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl fueron imputados en mayo del año pasado, pero no han sido citados a declarar.
En tanto, el síndico que administra la empresa desde que presentó el concurso preventivo, Horacio Larrivey, fue muy duro respecto de los funcionarios públicos por "la irresponsable asistencia financiera", ya que el Finver continuó con la entrega de fondos aun después de que la empresa cayera en cesación de pagos, según consignó en su informe al juez.
Larrivey determinó que la empresa entró en cesación de pagos a partir del 1° de diciembre de 2011, cuando no canceló los intereses del primer tramo del crédito que le había otorgado el gobierno entrerriano, e incluso apuntó que desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos.
En marzo de 2012 recibió cuatro desembolsos del Gobierno por 2 millones de pesos, "pese a su evidente estado de cesación de pagos y que esta Sindicatura estableció ante la fuerte existencia de hechos reveladores de su estado por el vencimiento de intereses impagos tras dos años de gracia del Finver", consignó Larrivey en su informe al juez.
En la presentación que hizo ante la Justicia entrerriana, este ciudadano particular demostró que la firma había sido beneficiada con un préstamo de 5,574 millones de pesos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), organismo provincial.
La noticia deja en incómoda posición al gobernador Sergio Urribarri, porque fue él quien le llevó a la Presidenta la idea de promocionar la construcción y exportación de las cosechadoras.
Si bien la empresa tiene una larga lista de acreedores, su deuda más importante es con el Estado entrerriano a través del Finver, que le reclama 6.052.707 pesos por subsidios que le dio entre 2009 y 2012 para montar la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay y los intereses por no haber devuelto los créditos en tiempo y forma, según publicó el sitio Página Judicial.
A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos. Además, el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la zona del puerto de la ciudad del sur entrerriano.
Hay cuatro empresarios ligados a Grandes Máquinas para quienes se pidió la citación a prestar declaración indagatoria por el presunto delito de defraudación a la administración pública. Ricardo Vicente Senor, Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl fueron imputados en mayo del año pasado, pero no han sido citados a declarar.
En tanto, el síndico que administra la empresa desde que presentó el concurso preventivo, Horacio Larrivey, fue muy duro respecto de los funcionarios públicos por "la irresponsable asistencia financiera", ya que el Finver continuó con la entrega de fondos aun después de que la empresa cayera en cesación de pagos, según consignó en su informe al juez.
Larrivey determinó que la empresa entró en cesación de pagos a partir del 1° de diciembre de 2011, cuando no canceló los intereses del primer tramo del crédito que le había otorgado el gobierno entrerriano, e incluso apuntó que desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos.
En marzo de 2012 recibió cuatro desembolsos del Gobierno por 2 millones de pesos, "pese a su evidente estado de cesación de pagos y que esta Sindicatura estableció ante la fuerte existencia de hechos reveladores de su estado por el vencimiento de intereses impagos tras dos años de gracia del Finver", consignó Larrivey en su informe al juez.
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