La decisión de la jueza a cargo del Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno, Dra. Adriana de los Santos, de hacer lugar al pedido fiscal de procesamiento de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, refiere al método utilizado para conceder un aval por 13,6 millones de dólares a la aerolínea española Cosmo para presentar como garantía de mantenimiento de oferta en la subasta de los aviones de Pluna realizado el 1 de octubre de 2012.
La argumentación acusatoria reconoce que el proceder “antijurídico” del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República “no evidencia una intención de enriquecimiento personal por parte de los indagados u otro fin específico”.
No obstante ello, la jueza de los Santos avaló la solicitud de procesamiento por parte del fiscal Dr. Juan Gómez, en el entendido que Lorenzo y Calloia se apartaron de la normativa vigente al recomendar uno y conceder el otro dicho aval en forma expedita, sin atenerse al debido proceso de tramitación ni al de igualdad de las partes oferentes ante un proceso licitatorio.
Fernando Lorenzo, hasta ayer ministro de Economía
A la hora 13 del 1 de octubre, día del remate de los aviones de Pluna, Lorenzo llamó a Calloia y le expreso su “interés” en que el BROU le diera el aval necesario a Cosmo para que se presentara en la subasta. La española Cosmo obtuvo el aval en tiempo récord y su representante pudo levatar la mano, aunque luego no concretó la compra por US$ 137 millones. El Ministerio de Economía fue el beneficiario del aval y no el fideicomiso que tenía a su cargo los aviones por la ley recientemente declarada inconstitucional.
El fiscal Juan Gómez planteó que Lorenzo “en su carácter de ministro de Economía, abusando de poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la exPluna”.
Fernando Calloia, presidente del Banco República (BROU)
Luego de recibir la llamada de Lorenzo, Calloia, ordenó a un funcionario del BROU que redactara el aval para la empresa Cosmo y le informó que iba a llamar el titular de BQB, Juan Carlos López Mena, cliente del banco para darle indicaciones.
López Mena se comunicó dos veces ese día con el funcionario Raúl García y prácticamente le dictó el aval. Aunque Calloia declaró que el aval había sido “perfecto” porque tenía el respaldo de la aseguradora Boston (que consiguió López Mena), luego admitió que se tomó una decisión extrema porque “no había tiempo”.
El fiscal dijo que Calloia “aceptando esta situación irregular, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmo fuera el único mejor postor” en la subasta de los aviones Bombardier de la exPluna.
Pablo Seitún, escribano que elaboró el acta del remate
En el acta notarial elaborada por Seitún, consta que el representante de Cosmo fue “Antonio C. Sánchez”. Sin embargo, esa persona se llama Hernán Antonio Calvo Sánchez. Seitún dijo a El País el 6 de octubre que si bien observó que en el pasaporte figuraba el nombre completo este le dijo que “su nombre habitual era Antonio Sánchez” y que por eso figura “Antonio C. Sánchez” en el acta. El escribano explicó que para participar de la subasta, a Calvo Sánchez no se le pidió un poder de representación de Cosmo, ya que no era un requisito indispensable.
Gómez pidió tipificarle el artículo 241 del Código Penal (Certificación falsa por un funcionario público). Ese delito castiga con penas de 3 a 24 meses de prisión al funcionario público que en el ejercicio de sus funciones extienda un certificado falso. Con la misma pena será castigado el particular que expidiere un certificado falso, en los casos en que la ley le atribuyese valor a dicha certificación. Como escribano dio fe pública de un documento que era falso ya que la persona no era quien dijo ser.
Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez
Entre 2007 y 2012 fueron los directivos privados de Pluna Líneas Aéreas. A juicio de la Justicia montaron una operativa para inducir a error a los jerarcas del Estado en la empresa por la que falsearon los balances. Además crearon empresas subsidirias como fue Aerovip en Argentina. Esa empresa con un avión de Pluna y su tripulación pasó a volar en las mismas rutas regionales que Pluna S.A. Finalmente, conociendo la insolvencia financiera y que no iban a poder pagar libraron 22 cheques a ANCAP sin fondos por US$ 18 millones.
Para el fiscal el delito de estafa se configuró porque los responsabilizó por tratar de mejorar la empresa para poder vender su parte y obtener “pingues beneficios”. Para ello dijo que “presentaron balances que no correspondían a la realidad, tardíamente, retaceaban la información a los directores públicos y contrataban consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados”. “Huelga decir que el principal perjudicado de todas esas maniobras no puede ser otro que el Estado Uruguayo”, señaló Gómez.
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