El Tribunal Supremo español rechazó los testigos internacionales propuestos por el juez Baltasar Garzón para el proceso abierto en su contra por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. A 35 años de la muerte del Caudillo, sus acólitos siguen mandando en ese país.
En una decisión notificada este miércoles 15 de diciembre 2010, la Sala de lo Penal del alto tribunal se pronuncia sobre las pruebas solicitadas por las partes y rechaza la declaración propuesta por Garzón de varias personalidades jurídicas internacionales que intervinieron en asuntos de crímenes contra la humanidad.
Entre los testigos propuestos por Garzón, y rechazados por el Tribunal Supremo, figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.
La Sala de lo Penal justificó su rechazo por tratarse de testigos que ocupan cargos en distintos organismos nacionales o internacionales, "de manera que su testimonio o no guarda relación con el delito de prevaricación o se refiere a hechos sucedidos en su país de origen o destino".
Tampoco se admite que, como pedía Garzón, testifique durante el juicio el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que fue miembro del comité de expertos designado por la Audiencia Nacional en la causa sobre la Memoria Histórica.
El Tribunal Supremo rechazó asimismo que los jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo declaren en el juicio, como pedía la defensa
En dicho juicio, para el que todavía falta fijar una fecha, el juez Garzón -que alcanzó notoriedad internacional en 1998 al dictar una orden de detención contra el ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet- será juzgado por prevaricación por declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía de 1977.
En la actualidad, está suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional española y trabaja como consultor externo de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda).
El Tribunal Supremo español rechazó los testigos internacionales propuestos por el juez Baltasar Garzón para el proceso abierto en su contra por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
En una decisión notificada este miércoles, la Sala de lo Penal del alto tribunal se pronuncia sobre las pruebas solicitadas por las partes y rechaza la declaración propuesta por Garzón de varias personalidades jurídicas internacionales que intervinieron en asuntos de crímenes contra la humanidad.
Entre los testigos propuestos por Garzón, y rechazados por el Tribunal Supremo, figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.
La Sala de lo Penal justificó su rechazo por tratarse de testigos que ocupan cargos en distintos organismos nacionales o internacionales, "de manera que su testimonio o no guarda relación con el delito de prevaricación o se refiere a hechos sucedidos en su país de origen o destino".
Tampoco se admite que, como pedía Garzón, testifique durante el juicio el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que fue miembro del comité de expertos designado por la Audiencia Nacional en la causa sobre la Memoria Histórica.
El Tribunal Supremo rechazó asimismo que los jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo declaren en el juicio, como pedía la defensa
En dicho juicio, para el que todavía falta fijar una fecha, el juez Garzón -que alcanzó notoriedad internacional en 1998 al dictar una orden de detención contra el ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet- será juzgado por prevaricación por declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía de 1977.
En la actualidad, está suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional española y trabaja como consultor externo de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda).
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