Lamentablemente el gobierno que preside José Mujica ha decidido incursionar en temas –recorriendo caminos similares- en los que también están trabajando los gobiernos venezolano y argentino, en materia de medios de difusión.
Decimos lamentablemente porque al igual que aquellos, las consecuencias que se desprenden de sus intenciones en caso de concretarse, son restrictivas, limitativas y conspiran contra la libertad de expresión y opinión que debe ser defendida en sus múltiples manifestaciones.
Si bien tenemos intenciones de referirnos en particular al tema de la URSEC, hay otras acciones gubernamentales que conspiran en el mismo sentido.
Por ejemplo, no nos gusta nada la idea de crear programas de televisión –anunciada por la propia presidencia- que difundan la opinión y el trabajo del gobierno; más aún cuando la misma surge a raíz de preguntas que se le realizaron a algún Ministro de turno que no le gustaron para lo que no encontraron mejor solución que trabajar con periodistas supuestamente “independientes”.
Más que suficiente es la presencia del gobierno en todos los canales y medios de difusión para que además sumen una voz oficial y oficialista que, obviamente, solamente se va a dedicar a las maduras, y no a las verdes.
Tampoco nos gusta la acumulación de poder que significa esta nueva edición del presupuesto nacional, en el que se dedican ciento diez millones de dólares para la libre contratación de militantes partidarios frenteamplistas por el Presidente de la República y sus Ministros, en un desparpajo de clientelismo político.
Pero lo más graves esta en el tema medios de difusión.
Cuando propusimos con éxito la creación de una unidad reguladora en materia de telecomunicaciones, dotada del mayor grado de autonomía, lo hicimos con el propósito de proteger la libertad de opinión, expresión y acceso a la información, buscando evitar como creemos se logró con la URSEC, que el Estado en ésta materia actuara como juez y parte.
Manteniendo la iniciativa del Poder Ejecutivo para definir políticas públicas en el área, creamos una institución de neto fundamento técnico con el propósito de regular.
Así como fiscalizar y planificar la gestión del espectro radioeléctrico.
El proyecto de Presupuesto Nacional que ingresó al senado pretende quitarle a la URSEC su cometido más importante, el de la regulación.
No solamente porque le cambia el nombre eliminando la condición de regulador, sino porque lisa y llanamente le suprime la competencia más destacada e imprescindible la de regular el mercado de las telecomunicaciones en el que existe, entre otros actores, uno que pertenece al propio Estado y que es de los más importantes y de los más fuertes.
Paralelamente se le otorgan mayores potestades a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), dependiente del Ministerio de Industria, la que desplaza en su ámbito a la Ursec desde un rango institucional de absoluta dependencia del Poder Ejecutivo de la que tiene el carácter de asesora.
Nosotros vamos a intentar evitar la aprobación de estas normas que significan un claro retroceso en la materia.
No sabemos cuál será el resultado pero mucho nos tememos que a estos pasos, sigan otros de similares características que ofenden a la tradición nacional en esta área.
Ya se habla de una ley que regule los contenidos y si bien su texto no lo conocemos, lo hecho hasta hoy de motivos para estar preocupados y alertas.
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