California del Norte plantea una nueva y definitiva vía para atajar el tráfico de marihuana: legalizarla. La población de este territorio mexicano ocupado por los yanquis, decidirá el próximo 2 de noviembre 2010 en referéndum, sobre la autorización del cultivo, la venta y el consumo de ese producto. Los grandes capitalistas del tráfico de drogas no están interesados en que se legalice y al parecer el gobierno yanqui comparte ese interés. Casualidad ?
Para Yami Bolaños la marihuana no supone, desde luego, ninguna amenaza. A ella le ayudó a paliar el dolor mientras luchaba contra el cáncer y ahora ella trata de ayudar a otros enfermos vendiéndoles hierba en su dispensario Pure Life Alternative de la avenida La Ciénega, en el oeste de Los Ángeles.
Su menú incluye productos con denominaciones como Pura Vida Hash, L. A. Confidential o Woody Harrelson, en honor de "un entusiasta".
Desde que en 1996 se autorizó en California el uso de la marihuana para usos médicos, han proliferado negocios similares.
Se calcula que hay más que 400 solo en esta ciudad, más de 1.000 repartidos por todo el Estado. Se trata de un negocio que genera ya un beneficio en torno a los 1.000 millones de dólares anuales y que repercute en el desarrollo de otros sectores de la economía.
Incluso en la promoción de las artes, puesto que ya se conocen algunos dueños de galerías que las sostienen gracias a la venta de marihuana.
Esos beneficios serían mínimos, según los defensores de la legalización, comparados con los que pueden producirse si el día 2 se aprueba, como sugieren las encuestas en este momento, lo que formalmente se conoce como Propuesta 19.
"La marihuana es el oro del futuro en California", asegura Clifford Schaffer, el editor de la página de Internet MarijuanaBusinessNews.com.
Las simpatías del electorado de California por la legalización tienen, en parte, una motivación económica.
El mercado ilegal de marihuana mueve actualmente en Estados Unidos de América, según cálculos de la DEA (la agencia antidroga usamericana), más de 30.000 millones de dólares.
Los promotores de la propuesta estiman que, en California, el negocio legal podría representar en un primer año entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.
Calculando que el precio actual de 300 dólares por onza (28 gramos) que cuesta en los dispensarios para usos médicos -similar al de la venta ilegal en las calles- descendiese hasta unos 40 dólares por onza, el Estado podría recaudar unos 1.200 millones de dólares en impuestos con una tasa sobre el producto de unos 50 dólares por onza.
En medio de la aguda crisis económica que vive California, especialmente sus finanzas públicas, este resulta un argumento decisivo por sí mismo.
Pero otra parte del respaldo popular a la propuesta tiene que ver con la idiosincrasia de este Estado, donde desde los años sesenta se han asentado generaciones de antiguos hippies para los que la marihuana es, además de un producto curativo y mágico, un símbolo de su libertad individual.
El cultivo doméstico de marihuana y su consumo en privado y en público no ha cesado nunca a pesar de su ilegalidad.
La mitad de los 37 millones de habitantes de este Estado, donde ya hoy existe una gran tolerancia, confiesa en las encuestas haberla probado en alguna ocasión.
El mes pasado, el gobernador Arnold Schwarzenegger firmó una ley que convierte la posesión de marihuana en una falta menor, similar al de una multa de tráfico, penalizada con 100 dólares.
Si la propuesta es aprobada, las ciudades tendrán la potestad de permitir en sus jurisdicciones la venta a los mayores de 21 años y el cultivo en extensiones no superiores a los 2,3 metros cuadrados.
Los más optimistas entre sus partidarios no dudan de que muy pronto podría convertirse en un negocio más próspero que el vino.
Ese futuro está todavía sujeto, no obstante, a innumerables obstáculos.
En primer lugar es necesario que la Proposición 19 sea aprobada. En los últimos días las encuestas se han ido equilibrando como consecuencia de una fuerte campaña contra la iniciativa por las negativas consecuencias que podría tener nacional e internacionalmente.
Entre las amenazas más graves está la del fiscal general de EE UU, Eric Holder, que ha prometido aplicar "con toda la energía" las leyes federales contra la producción y el consumo de drogas, independientemente de lo que digan las leyes californianas.
Si se respaldase la legalización, es previsible un pulso legal, similar al de Arizona sobre la ley sobre inmigración, entre el Estado de California y las autoridades federales.
El gobierno teme que una medida de ese tipo dificultaría enormemente el combate al narcotráfico en el conjunto de la nación, debido al efecto contagio de la propuesta y la manifiesta debilidad en que quedarían los responsables de esa lucha.
Más grave aún, la Administración central considera que la legalización en California pondría a Usa en una posición muy difícil frente a otros países con los que tiene firmados tratados internacionales contra las drogas o con los que hay en juego intereses de gran trascendencia.
Basta citar como ejemplo Afganistán, donde los norteamericanos promueven la erradicación del cultivo del opio o especialmente México, donde el gobierno libra una sangrienta guerra contra los narcotraficantes cuyo negocio, en más de un 50%, según la DEA, está relacionado con la marihuana.
Washington ve acercarse un caos legal dentro del país y una sucesión de problemas internacionales que, en última instancia, podrían acabar perjudicando políticamente a Barack Obama.
La autorización aquí podría dar lugar al espectáculo surrealista de vender y consumir marihuana legalmente en San Diego, mientras que se matan por esa misma actividad en Tijuana, justo al otro lado de la frontera.
Otro argumento en contra de la legalización es el de sus consecuencias en la salud pública.
Gran parte de lo que el Estado podría recaudar con la venta de marihuana tendría que gastarlo, como ocurre actualmente con el alcohol y el tabaco, en atender a los múltiples casos de adicción que esa droga provoca.
Lo que al parece no se razona por parte del gobierno yanqui es que si no hubiera necesidad de combatir el tráfico ilegal de marihuana, se ahorrarían miles de millones de dólares en armamento, tropas y otros elementos necesarios para ese combate.
Además de las vidas que se ahorrarían.
Por otro lado quienes engordan sus bolsillos con este tráfico, tampoco están interesados en que se legalice. Se les terminaría el negocio. Así que hay muchos interesados en que la ilegalidad continúe.
Por todas esas razones, la propuesta es objeto estos días de fuertes ataques desde distintos ángulos del
establishment político y social, aunque los candidatos electores, conscientes de la popularidad de la marihuana, se abstienen de criticarla en público.
El debate ha roto las barreras partidistas y, aunque los republicanos son más claros en sus condenas, este no es un tema de debate en la campaña para los puestos del Congreso.
En ese sentido, se puede decir que la propuesta ya ha triunfado.
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