Un total de 153 expedientes de oficiales superiores y jefes pertenecientes al Ejército, se ha tramitado en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas desde que el gobierno dio a conocer su proyecto de Presupuesto para el Ministerio de Defensa Nacional.
62 de esos casos ya se han resuelto, y los restantes 91 están en distintas etapas del trámite, dijeron al diario El País fuentes de la fuerza de tierra.
Los anunciados cambios que el gobierno prepara para la propuesta inicial, que incluyen no aumentar el aporte obligatorio al servicio de Tutela Social y no cortar las dietas que se abonan por dar clases en los institutos militares -que eran dos de los artículos originales que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en el proyecto presupuestal- no han conseguido atenuar el malestar de los oficiales, dado que ninguna de las 91 solicitudes en curso han sido canceladas luego de conocida esta nueva propuesta, dijeron los informantes.
De los 91 oficiales con el retiro en trámite, una buena parte son oficiales con pocos años de carrera; esto significa que pertenecen a las jerarquías de alférez y teniente.
El problema coincide con lo que sucede en el otro extremo de la cadena de mando, dado que cada año son menos los ciudadanos que se inscriben en los centros de formación militar para seguir la carrera.
Según las estadísticas oficiales, la mayor cantidad de bajas se da en el rango de oficiales superiores.
De los 220 coroneles en actividad, el 14,5% (32) ya abandonó la fuerza; de los 268 tenientes coroneles, el 4,1% (11 oficiales), dejó las filas activas; a su vez, de los 252 mayores activos, el 5,1% (13) ya concretó su retiró.
Desde que se reciben como oficiales, los militares deben pagar el montepío por los siguientes 36 años de carrera.
A esa altura de su vida activa, todos son oficiales superiores con la jerarquía de coronel.
Un coronel que pasa a retiro deja de pagar el montepío, por lo cual pasa a tener un haber de pasividad bastante superior al sueldo en actividad, que es de $ 37.148 (1.830 dólares) por mes. Esto explica que el mayor número de bajas sea de esa jerarquía, indicaron los informantes.
Los estudios que maneja el Ejército sobre la creciente baja de efectivos para pasar a la Policía, tentados por mejores salarios, tienen diferentes lecturas según las realidades locales.
Por ejemplo en el departamento de Cerro Largo, el jefe de la Brigada de Caballería N° 2, coronel Héctor Tabárez, indicó a El País que en las unidades a su cargo son "esporádicas" las solicitudes con ese fin.
El tema tomó estado público luego de conocerse un informe interno de la fuerza que daba cuenta de un importante número de casos de militares que decidieron pasar a formar parte del Ministerio del Interior.
Tabárez sostuvo que en Cerro Largo esa realidad no está presente a pesar de que muchos efectivos dejan la unidad. Lo hacen, en cambio, para pasar a desempeñar labores en empresas de seguridad privadas o industrias que se instalan en el departamento.
"Sólo el 15% ha manifestado en Cerro Largo su interés de pasar al Ministerio del Interior" señaló el jerarca.
El Ejército considera que el gobierno sube el salario de los policías y no el de los militares en forma "deliberada", para acentuar el pase de una fuerza a la otra, pero lo hace sin "discutir realmente cuál debe ser la verdadera misión de las Fuerzas Armadas", según un documento interno de la fuerza.
Un estudio elaborado por el Ejército donde se analiza la propuesta presupuestal del gobierno, al que accedió el diario El País, rebate varios argumentos del Poder Ejecutivo.
Cuando se afirma que el personal militar se ha beneficiado con el Plan de Emergencia, el Plan de Equidad y el INDA, el Ejército sostiene que el primero comprendió al 3% del personal, el segundo al 1,5% y que la canasta alimenticia del INDA la reciben cada mes 200 efectivos.
Sobre la norma que reduce vacantes y que permitiría mejorar las retribuciones, la fuerza indica que por cada 1.000 vacantes el beneficio promedio de los subalternos es de $ 272 por mes.
La compensación especial para el personal que se encargue de las guardias en las cárceles también se cuestiona. El Ejército afirma que según el total disponible se pagarán $ 262 más por mes para cada efectivo.
El Ejército indica que aun con la propuesta presupuestal el problema de los profesores civiles de los institutos de formación militar seguirá incambiado y que expondrá al Estado a demandas.
Los militares están molestos con el artículo que dispone lógicamente sustituir a los militares en los cargos de jerarquía en el Ministerio de Defensa, para nombrar a civiles en esos cargos.
Sostienen que quienes ocuparán esos cargos percibirán salarios muy superiores y que los coroneles seguirán cobrando el sueldo, lo que supone "una pésima gestión de recursos humanos".
El argumento del gobierno sobre austeridad en el manejo de los recursos públicos es cuestionado por el Ejército al sostenerse que los salarios de los cargos creados para civiles, las nuevas compensaciones y la posibilidad de contratar asesores y técnicos, "están lejos de la austeridad" señalada.
Además, se indica que en la propuesta presupuestal hecha por la fuerza había normas sugeridas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que no fueron incluidas, lo que a juicio del Ejército "demuestra falta de ética y profesionalismo de quienes elaboraron el Presupuesto", según establece el documento.
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