Ucrania busca bajo los drones rusos a los desaparecidos en los escombros de la escuela de Komishuvaja. Una semana después del brutal ataque, uno de los más mortíferos de la guerra, los cuerpos recuperados son ya 55, y los equipos de rescate tratan de localizar otra veintena
Inna llega en su bicicleta, se baja y la apoya contra una cerca de metal sin importarle que la zona sea alcanzada constantemente por los drones rusos y que minutos antes haya habido alerta por la posible llegada de una bomba aérea guiada.
Es la primera vez que esta mujer de 61 años regresa a la escuela subterránea de Komishuvaja, en la región ucrania de Zaporiyia, donde el pasado 2 de noviembre Rusia lanzó un ataque brutal con al menos nueve bombas guiadas, incluida una Fab-3000 de tres toneladas de peso y 1,4 toneladas de explosivos.
Un ataque del que Inna se salvó.
Esa mañana tenía otras cosas que hacer antes de acercarse hasta el complejo escolar (reconvertido en refugio y punto de entrega de ayuda humanitaria) a recoger la ración de pan que unos voluntarios repartían en el lugar todas las semanas.
“Cada lunes nos daban cuatro hogazas a cada uno”, cuenta Inna. Y muestra en su móvil el último mensaje que enviaron en el grupo de Telegram de la comunidad en el que, además de la entrega de pan, anunciaban paquetes de higiene.
“La distribución tendrá lugar en la siguiente dirección: Calle Shkilna 42, asentamiento de Komishuvaja (en las instalaciones del refugio antiradiación)”, se leía. El horario anunciado era de 10.00 a 12.00.
Ocho días después, los servicios de emergencia ucranios han rescatado 55 cuerpos sin vida de la escuela —30 de ellos han sido ya identificados—, pero decenas de hombres todavía remueven escombros, rompen placas de cemento y excavan en el suelo, buscando a otras 19 personas que siguen desaparecidas. El trabajo, confiesan, se complica por la constante amenaza rusa; horas antes de la visita de este periódico, el domingo pasado, los proyectiles alcanzaron una de las excavadoras con las que removían la tierra.
Las esperanzas de encontrar a gente con vida son mínimas, por no decir nulas. “Cuando llegamos a la escuela vimos una escena terrible: estaba destruida, se había derrumbado bajo tierra”, cuenta Vitali Horetskyi, un policía de 27 años que ese día estaba a cargo de la seguridad en la comunidad. Intentó bajar por una de las dos entradas de acceso al refugio que sobrevivieron al ataque. “No podíamos entrar porque salía de allí un humo muy denso; no se veía nada y tampoco se podía respirar”, sigue Vitali, que especifica que la escuela subterránea tiene siete metros de profundidad.
Cuando logró acceder por la otra puerta, ya con máscaras de gas, vio cuerpos carbonizados en el suelo. Empezó a gritar, a buscar a los vivos y, junto con otros, consiguió sacar a tres personas. Un hombre y una mujer sobrevivieron, pero el tercer herido murió a causa de las quemaduras. Poco tiempo después tuvieron que desistir de la tarea de rescate: el calor se hacía infernal.
En el departamento forense de la policía de Zaporiyia trabajan sin descanso desde el ataque. Recogen muestras de saliva de los familiares de los desaparecidos y seleccionan restos de los cuerpos, muchas veces destruidos y quemados, que recuperan los servicios de emergencia en el terreno. Vitali Drozd, el jefe del servicio, dice que en las últimas horas han podido casar el ADN de cinco de los fallecidos con el de sus familiares.
De confirmarse la muerte de todos los desaparecidos, éste sería el ataque más mortífero cometido por Rusia contra civiles desde el lanzado contra el teatro de la ciudad de Mariupol (usado como refugio) el 16 de marzo de 2022, al comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania. Una investigación de la agencia Associated Press, que tenía reporteros en la localidad, concluyó que aquel bombardeo causó cerca de 600 muertos, aunque la cifra nunca se ha podido confirmar por la imposibilidad de llevar a cabo una investigación independiente en territorios ocupados por Moscú.
Desde entonces, Ucrania ha sido testigo de otros ataques contra la población civil, como el lanzado sobre la estación de tren de Kramatorsk en abril de 2022, que dejó 55 muertos.
“¡Dron, dron!”, gritan los policías en Komishuvaja.
Se oyen disparos: las fuerzas ucranias están tratando de derribar el dron ruso que sobrevuela la zona. Una hora antes, otro explotó frente a una mujer que estaba conversando en la entrada de su casa, en la misma calle de tierra donde se lleva a cabo la misión de rescate. Las esquirlas la alcanzaron y fue evacuada en un coche de la policía.
Inna, la mujer de la bicicleta, ha buscado protección dentro de lo que queda de la casa de madera frente a la escuela subterránea. A lo lejos se escuchan más disparos a la caza de un nuevo dron. Todas las habitaciones de la vivienda están quemadas y, en el jardín, muchos de los árboles están mutilados. Esta destrucción se repite en un gran número de casas de la localidad, donde, hasta el ataque del 2 de noviembre, permanecían 400 habitantes.
Komishuvaja está a unos 20 kilómetros del frente de guerra, y el acceso es cada vez más difícil. Todo el trayecto desde Zaporiyia capital está cubierto por redes para evitar los drones, hay algunos coches calcinados en la vía y los detectores de drones suenan, en algunos momentos, con intensidad.
“Incluso si el frente no se está moviendo en estos momentos, la situación es más difícil porque ahora llegan un mayor número de drones y bombas guiadas, especialmente en áreas donde hay población civil”, explica Buhalter —el nombre que aparece en su chapa—, comandante de la brigada 153, que defiende esta zona.
“Antes mis manos siempre estaban calientes. Desde el ataque están frías, por los nervios”, dice Inna, que se recuesta junto a una pared de la casa quemada. La mañana de la tragedia empezaba a pedalear cuando sintió las primeras explosiones. “¡Esas cuatro bombas guiadas! Todo quedó destrozado. Ese fue el primer golpe”, rememora la mujer.
Luego llegaron cuatro explosiones más y, por último, “el estruendo”, como describe el impacto de la Fab-3000, una de las bombas más potentes enviadas por Rusia desde el principio de la invasión. “Fue diferente a los demás, no sonó tan fuerte, pensé que era un Shahed [un dron de mayor tamaño]”, dice.
Vitaly Horetskyi, el policía, estaba entrando en ese momento al pueblo. Describe lo mismo, dice que no se escuchó tan fuerte como otras bombas guiadas pero que de inmediato todo tembló y se formó un gran hongo de humo en el cielo que quedó grabado en su móvil. Minutos antes, Vitaly había advertido por radio a los cuatro policías que habían escoltado a la misión de ayuda humanitaria hasta la escuela de que venía una nueva bomba guiada en camino, y les había ordenado que instaran a la población a protegerse en el refugio subterráneo.
“Luego me contaron que esa bomba Fab estaba diseñada para perforar el subsuelo, por eso pasó lo que pasó”, dice Inna. Cuando habla de “lo que pasó” se refiere a que la Fab traspasó la plancha de hormigón que cubría el colegio, que se construyó bajo tierra en el pueblo con fondos de la Unión Europea y que se había inaugurado en 2025. Los cuatro policías colegas y amigos de Vitaly murieron, al igual que dos miembros de los servicios de emergencia.
Incluso después del ataque, los drones rusos siguieron azotando la ciudad. Varias bombas cayeron en otras zonas, y en el mismo colegio, mientras comenzaban las tareas de rescate. Un coche de bomberos quedó calcinado.
“Prepararon varios ataques para que la gente acudiera al que entendían que era el lugar más seguro de la zona. La gente llegó, atacaron cínicamente y la mataron”, afirma el alcalde de Komishuvaja, Yuri Karapetian. “Con bombas así podrían haber destruido a Bin Laden o a cualquier otro. Pero no atacar a población civil que fue a recibir pan simplemente para poder vivir”, añade frente al cementerio de Zaporiyia y con un ramo de rosas en su mano. Karapetian asiste a uno de los muchos funerales que ha realizado la comunidad en estos días. Entre ellos el de Natalia, su esposa, responsable de coordinar la distribución de la ayuda humanitaria en el refugio.
“Entiendo perfectamente lo peligroso que es que haya militares en un lugar civil. Y créame: jamás habría permitido que hubiera militares allí”, señala el alcalde, negando así la versión de Rusia, que sostiene que el colegio subterráneo servía de cuartel temporal de una de las brigadas.
“Mi doctora murió ese día”, dice Inna antes de marcharse de nuevo. “No sé qué voy a hacer cuando se me acaben las medicinas”.
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