El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un fallo unánime, anuló una resolución del Ejército que perjudicaba a una teniente sometida a un continuo acoso laboral por haber denunciado maniobras de corrupción internas.
Tras sendas investigaciones administrativas que demostraron que la teniente segunda Claudia Rey había recibido sanciones injustas y producto del acoso al cual era sometida, el Ministerio de Defensa Nacional no había anulado la totalidad de esos castigos.
Según la sentencia que el TCA dictó en noviembre y a la que accedió El Observador, el caso comenzó en 2020 cuando la teniente Rey denunció manejos irregulares en el Servicio de Cantinas Militares. Esta dependencia vende una amplia gama de productos de supermercados, farmacias y confiterías, entre otros, a militares y funcionarios de Defensa.
A partir de su denuncia, Rey comenzó a sufrir un permanente acoso laboral por parte del superior denunciado, el mayor Miguel Conti, y de otros oficiales a su mando.
Sin embargo, una investigación interna del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) negó que hubiera existido acoso laboral hacia la denunciante, a pesar de admitirse que algunas sanciones que había puesto Conti habían sido excesivas. Luego intervino el Ministerio de Defensa que tampoco anuló todas sanciones injustas.
Analizado el caso, y en una sentencia unánime, el TCA le dio la razón a la teniente y anuló la resolución tomada en el Ejército.
El caso guarda evidente similitud con el del teniente Nelson Duarte, quien acaba de cumplir un mes de arresto a rigor ordenado por el ministro Javier García por relatar su situación en el programa Desayunos Informales. Desde que en 2013 Duarte denunció actos de corrupción interna, comprobados como verdaderos, sufrió un sinfín de sanciones, traslados, castigos y humillaciones, mientras que los oficiales culpables de las irregularidades han gozado de impunidad o han tenido castigos nimios.
El caso de la teniente Rey viene a demostrar que la situación de Duarte está lejos de ser única y excepcional.
En ambos casos, el Ejército montó investigaciones administrativas que eludieron las denuncias de fondo. En ambos casos los principales perjudicados fueron los denunciantes. En ambos casos la intervención del Ministerio de Defensa constató las injusticias cometidas, pero no corrigió todos sus efectos.
El teniente Nelson Duarte
Lo mismo que una de las denuncias de Duarte, el caso de la teniente Rey ocurrió en el ámbito del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), cuyo comandante, el general Marcelo Pose, ha recibido importes ascensos y nominaciones por parte del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
Curiosas coincidencias
El origen del caso se remonta cuatro años atrás. El 8 de julio de 2020, Rey se presentó ante la Comisión Especializada para el Ejercicio Integral del Mando en el Ámbito del CALE denunciando que desde febrero de ese año era víctima de “acoso laboral” por parte del mayor Conti.
Rey había denunciado manejos irregulares de dinero y de insumos por parte de Conti. A partir de ese momento, Conti y otros oficiales a su mando –los capitanes Santiago del Core y Paola Albano y la teniente primero María Morales- la habían sancionado “reiteradamente en forma ilegítima”.
Una investigación del Departamento Legal del CALE determinó el 16 de noviembre de 2020 que existían “hechos de convicción suficientes para considerar desviación en el ejercicio del poder disciplinario” por parte del mayor Conti”, pero negó que existiera acoso laboral hacia la teniente Rey.
Respecto a la denuncia de fondo, se señaló que “surgen contradicciones respecto a la existencia o no de irregularidades en el casino de oficiales”.
Cuatro días después, y según relata la sentencia del TCA, la Comisión Especializada para el Ejercicio Integral del Mando en el ámbito del Comando de Apoyo Logístico del Ejército elaboró su informe sobre el caso. Allí se admitió que se habían identificado tres castigos “desproporcionados” hacia Rey, incluyendo uno por entregar fuera de la unidad “una porción de una torta”.
El 23 de noviembre de 2020 se sancionó a Conti por “demostrar ligereza de procedimientos” al “excederse en sus capacidades disciplinarias” y se recomendó anular las sanciones admitidas como excesivas.
Pero el fallo no satisfizo a la teniente. El 4 de diciembre de 2020 Rey interpuso un recurso de revocación contra la resolución del CALE por varios motivos: no se había considerado el acoso laboral que había sufrido, no se habían eliminado todas las sanciones que Conti le había impuesto en el marco de ese acoso; y tampoco se habían anulado las sanciones impuestas por otros oficiales subordinados a Conti.
El 19 de marzo de 2021 el Comando de Apoyo Logístico del Ejército rechazó el recurso de revocación presentado por Rey.
El caso llegó al Departamento Jurídico Notarial del Ministerio de Defensa, que produjo un nuevo informe, también citado en la sentencia del TCA.
En ese documento se reconoce que sí existió acoso laboral, comprobándose “conductas de hostigamiento, destrato y violencia psicológica” del parte del mayor Conti hacia Rey. Tales conductas fueron “desplegadas en forma continua, sistemática y dirigidas específicamente a desestabilizar psicológica y anímicamente a la de denunciante”.
A su vez, se estableció que tras su denuncia la teniente fue trasladada a otra unidad, una forma de revictimizarla. Y se criticó a la investigación interna del CALE por haberse olvidado de cumplir con algunos aspectos básicos de una averiguación seria: por ejemplo, tomar declaración a los testigos presenciales.
El Departamento Jurídico del Ministerio concluyó que tenían que eliminarse del legajo de Rey todas las sanciones que se le habían impuesto en Cantinas Militares.
Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió. El 17 de enero de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional, en su resolución 78.775, hizo lugar parcialmente al recurso de Rey, pero no anuló por completo la resolución del Comando de Apoyo Logístico. Por el contrario, se dispuso que el caso volviera al Ejército para ampliar la investigación administrativa y ahora sí recabar los testimonios de los testigos. También se ordenó que se volviera a ponderar las sanciones recibidas por Rey y que ahora sí se analizara si hubo acoso laboral.
Habían pasado dos años ya desde la denuncia de la teniente Rey, muchas de sus sanciones recibidas seguían vigentes y el caso volvía a la órbita de la oficina denunciada.
Cualquier similitud con el caso del teniente Duarte no es mera coincidencia.
Ortografía y porción de torta
Rey se presentó entonces ante el TCA. En su demanda “relató que tras haber denunciado hechos presuntamente delictivos (actos de corrupción), que se encuentran siendo investigados en sede de Delitos Complejos, fue sometida a hostigamiento continuo, imponiéndosele un sinfín de sanciones disciplinarias”.
Agregó que tras analizar el caso el Ejército reconoció “de manera vaga la responsabilidad del oficial investigado”, se lo cuestionó con “poca severidad” y no se admitió el acoso laboral que ella habría sufrido. A su vez, la “supuesta reevaluación” del caso por parte del Ministerio de Defensa Nacional “terminó por ser un mínimo cambio de graduación de algunas de las sanciones impuestas” y aunque “se reconocieron mínimamente los errores cometidos” no se mitigaron sus consecuencias ni la afectación en sus calificaciones.
La sentencia unánime del Tribunal establece que “surge probada la reiterada persecución laboral” de Conti hacia Rey. Sus sanciones y la de sus subalternos “obedecieron a fundamentos ilógicos, tales como la realización de informes con faltas de ortografía o el reparto de una torta a otras personas por fuera del personal”.
El arquitecto Mario Castillo dijo que en 17 años que llevaba trabajando en Cantinas Militares nunca había visto algo igual, definió el ambiente laboral “horrible” y aseveró que Rey sufrió “una discriminación importante”, de parte de Conti y del director Fracheli. “Los oficiales estaban ensañados con ella”, dijo.
Relató que a pesar de que no existían motivos para sancionar a Rey por ser una oficial “recta, estricta y muy disciplinada”, de continuo recibía castigos como tener que quedarse doble horario o “estar en un cuarto encerrado”.
Otra testigo, Lucy Goytiño, afirmó que Conti llamaba a Rey muchas veces por día y la dejaba esperando, sin recibirla nunca. Le ponía una sanción detrás de otra y se jactaba de ello en voz alta: “Acá hay otra, acá hay otra”, decía. También le hablaba a los gritos y no la autorizaba a ir a la Facultad de Medicina, donde Rey es una estudiante avanzada.
Respecto al tema de fondo denunciado, la testigo afirmó que “el mayor Conti, con autorización del mayor Díaz, usufructuaba comestibles, ropas, todo lo que pudiera usar de Cantina para beneficio personal lo ponía como gastos del casino y no como gastos personales”.
Agregó que “la denuncia en Delitos Económicos es tener arreglos personales con el proveedor para realizar licitaciones digitadas (…) siempre terminaba comprando a esas empresas”.
Goytiño también relató que todos oían como Conti ordenaba a otros oficiales que sancionaran a Rey.
Otra testigo, la teniente Milka Goncalvez, afirmó: “Llevo ocho años de carrera y no he visto nunca un oficial que tenga tantas sanciones siendo como era ella de efectiva en sus funciones”.
El TCA anuló la resolución del caso por parte del CALE, tal como Rey reclamaba.
El dictamen, que firman todos los miembros del Tribunal, también criticó al Ministerio de Defensa Nacional porque “pese a contar con todos los elementos para revocar las sanciones establecidas optó por remitir nuevamente los antecedentes a la Comisión encargada de la investigación para ampliarla y recién después adoptar la decisión final”.
El Tribunal le recordó al Ministerio que el artículo 89 de decreto 305/2003 establece que “quien ejerza el comando, dirección o jefatura de una repartición tiene facultades para modificar o dejar sin efecto una sanción impuesta por un subordinado, si la exacta apreciación de los hechos evidencia que ha sido excesiva o injusta”.
“La actuación defectuosa” de la administración “amerita el acogimiento de la demanda”, dice la sentencia del TCA. “Se impone eliminar del legajo personal de la teniente segundo Claudia Rey todas las sanciones impuestas durante el periodo que prestó funciones en el Servicio de Cantinas Militares”.
Firman la sentencia los ministros José Balcaldi (presidente), Selva Klett, Luis María Simón, William Corujo y María Rosina Rossi, y el secretario letrado Ricardo Marquisio.
La teniente Rey no respondió a los mensajes que se le enviaron para tener su impresión del fallo.
Enviado a Washington como agregado
El Comando de Apoyo Logístico del Ejército, del cual depende el Servicio de Cantinas Militares, tenía como máxima autoridad al momento de la denuncia al general Marcelo Pose, nombrado el 3 de febrero de 2020 por el ministro José Bayardi.
Prestando servicios en el CALE, el teniente Nelson Duarte filmó y fotografió en 2020 como en varias oportunidades desde vehículos militares se descargaban allí lotes de whisky, cerveza y refrescos provenientes de la frontera con Brasil.
Durante la investigación interna que originó esa denuncia, el general Pose advirtió a Duarte: “Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”.
Pose dijo que la frase solo buscó evitar que Duarte se fuera de tema al declarar. Según Duarte, no fue esa la primera vez que Pose lo amenazó.
Los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa recomendaron investigar la denuncia de amenazas.
Poco después, en marzo de 2022, el gobierno designó al general Pose como jefe de la misión militar de la embajada de Uruguay en Estados Unidos.
A su regreso de Washington, en abril de 2023 Pose asumió como comandante de la División de Ejército 1. Y el 25 de octubre fue nombrado como jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).
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