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martes, 19 de marzo de 2024

A CABILDO ABIERTO SE LE ACABO EL RECREO: INFORME JURIDICO ES TERMINANTE SOBRE LA CORRUPTELA DE LA EX MINISTRA MOREIRA

En los informes elaborados por el Ministerio de Vivienda como parte de la investigación administrativa desencadenada por la controversia sobre las asignaciones de viviendas solicitadas desde la secretaría de Irene Moreira, se destacan una serie de conceptos alarmantes: arbitrariedad, abuso de autoridad, desviación de la normativa vigente, incumplimiento de requisitos, actuación contraria al principio de igualdad, entre otros. 

Marcia Senattore, directora de la división jurídica, y Daiana Da Silva Mendina, instructora, ambas abogadas, llevaron a cabo un análisis detallado de los expedientes relacionados con las solicitudes de viviendas originadas desde la secretaría de la exministra. 

Durante la gestión de Moreira, según los informes, no se respetaron los lineamientos que permiten al ministerio reservar un 10% de los llamados de los programas habitacionales para asignar viviendas a población vulnerable que cumpla con ciertos requisitos. 
Además, la investigación administrativa reveló la implementación de un sistema conocido como "planillas puertas abiertas", el cual, según Senattore, "carece de base legal". 

Las abogadas descubrieron que las solicitudes de adjudicaciones llegaban de dos maneras distintas. Por un lado, a través del correo electrónico ministra@mvot.gub.uy, y por otro, mediante el sistema de "planilla puertas abiertas". Aunque ambas derivaban de la secretaría de Moreira, representaban situaciones diferentes. En el primer caso, se solicitaba la adjudicación de una vivienda para una familia, mientras que en el segundo, se pedía asesoramiento para los interesados. 

El problema con el sistema de "planilla puertas abiertas", se destacó, radicaba en que creaba una disparidad con respecto al resto de los interesados que se acercaban al ministerio sin ser referidos por Moreira. Senattore explicó que cuando un "ciudadano común" visitaba el ministerio, se le brindaba asesoramiento sobre los diversos programas de vivienda, y si no cumplía con los requisitos para postularse, allí finalizaba la atención. Sin embargo, con las "planillas puertas abiertas", "independientemente de si cumplía o no con los requisitos para postularse o para acceder a una vivienda", se le contactaba y se "preparaba un informe social sobre su situación". 

Además, cuestionó el comportamiento de la exministra en el contexto de la investigación administrativa, señalando que su testimonio no fue coherente con el de otros funcionarios que declararon en el proceso, e incluso difirió del testimonio de su propio exasesor, Roel Bottari, lo que constituyó una falta de cooperación con la administración. 

Según la directora, Moreira afirmó que todos los casos eran remitidos al departamento correspondiente para su evaluación en función de los requisitos de acceso. Sin embargo, seis testigos, incluyendo a su ex asesor Bottari y al exdirector nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, declararon que las adjudicaciones se basaban en el interés de Moreira. 

Además, la jerarca Senattore señaló que esto se respalda con evidencia documental. En su resolución ministerial sobre los hallazgos de la investigación administrativa, el ministro Raúl Lozano no hizo referencia a la implementación de este mecanismo. 
Uno por uno, las abogadas llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los expedientes originados a partir de solicitudes provenientes de la secretaría de Moreira, algunos de los cuales resultaron en la adjudicación de viviendas. 

El primero, revelado antes de la renuncia de Moreira al ministerio, fue para una ex empleada doméstica suya, quien también trabajó para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional. En este caso, se concluyó que no debería haber recibido la propiedad asignada directamente, ya que no cumplía con los requisitos, incluido el hecho de que su grupo familiar no estaba en una situación de emergencia habitacional. Por lo tanto, se planteó la posibilidad de revisar la validez del acto administrativo de adjudicación. 

Otra adjudicación controvertida, la primera en hacerse pública según informó Radio Universal, fue para una integrante del Instituto Melchora Cuenca, de Cabildo Abierto. Se determinó que no era elegible para recibir la vivienda debido a que no cumplía con los requisitos. Uno de los argumentos es que los ingresos de su grupo familiar superaban la línea de pobreza y que no se observaba una situación de vulnerabilidad habitacional en absoluto. 

Además, según sus testimonios, la beneficiaria mencionó que cuando se acercó al ministerio por primera vez, fue recibida por los asesores de la exministra -Bottari y Margarita Bocage- quienes la conocían del Instituto Melchora Cuenca, y le plantearon la posibilidad de que pudiera acceder a alguna de las vacantes disponibles. 

Ambos informes también señalaron que tanto la beneficiaria como Moreira presentaron la misma documentación durante la investigación administrativa. En otro caso en Rivera, se otorgó otra vivienda, pero se solicitó una revisión de la adjudicación. Se argumentó que la familia "ingresó al complejo sin un informe social previo", el cual se realizó una vez que ya estaban ocupando la propiedad. Además, se destacó que el mismo grupo familiar "ya había sido beneficiado" con otra vivienda en el mismo complejo, pero fue desalojado por falta de pago de cuotas y gastos comunes. 
Asimismo, en el informe de Senattore se registró la oposición desde la oficina de Rivera del MVOT respecto a la decisión de otorgarle el apartamento a esa familia, así como a su continuidad en el programa, argumentando que no era procedente. Además, al concluir la investigación, se constató que estas personas aún tenían permiso para habitar la vivienda. 

Otro caso destacado fue el cambio de apartamento otorgado a Olga Camacho, quien está asignada a funciones para el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Este cambio se produjo después de que la beneficiaria argumentara problemas de salud y la presencia de dos personas mayores en su hogar. La directora Senattore consideró necesario iniciar una nueva investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades o acciones ilícitas, así como identificar a los responsables del cambio de vivienda. 

Esto se debe a que no se pudo demostrar durante el proceso que se tratara de una situación excepcional que justificara el cambio de vivienda, según lo evaluado por la asesoría legal de la Dinavi, ni se proporcionó fundamentos para la asignación de una vivienda accesible


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