Las promesas del líder de Cabildo Abierto de que estaba dispuesto a enfrentar la indagación judicial por el ocultamiento de las confesiones de José Gavazzo quedaron por el camino. No va a ir ante el juez; ni siquiera va a estar presente en el debate cuando el Senado discuta su desafuero. Por ahora, una mayoría de la coalición lo respalda, con el aporte orejano de José Mujica.
El general Guido Manini se calificó a sí mismo como «el conductor que se debe a sus conducidos» (un etiquetado con reminiscencias de aquel «mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana»), definición que pronunció para explicar su sumisión a las resoluciones de su grupo político sobre el pedido de desafuero. El porte adusto que adoptó para su mensaje de seis minutos en el video que se difundió el lunes 7 no logra disimular el recule: durante diez meses –desde el día siguiente a la confirmación de su senatoria, que automáticamente lo arropaba con la coraza de los fueros– el excomandante en jefe del Ejército fue reiteradamente enfático en que no eludiría el pedido de desafuero del fiscal penal Rodrigo Morosoli por el ocultamiento de las declaraciones de José Gavazzo sobre la desaparición del prisionero Roberto Gomensoro.
Por tanto, votaría afirmativamente ese pedido.
Y de repente, como si un velo estuviera tapando su entendedera, sus conducidos le hicieron comprender que el legislador no es dueño de los fueros, que la propiedad es del Senado, por lo que abandonará el recinto cuando se trate el tema. El general se cayó del caballo del prócer y se sumó como uno más al contingente de infantería que componen los políticos del montón, los que no están tocados por la vara de dios ni por el aura histórico.
El último capítulo del culebrón del desafuero, título apropiado para una cumbia villera, estuvo protagonizado por las resoluciones de la bancada de senadores del Partido Nacional, que finalmente se inclinó, de forma unánime, a no votar el pedido. Sin embargo, por razones que no están claras, prefirió postergar la discusión en el plenario hasta el miércoles 30 de setiembre, después de las elecciones departamentales del 27.
Formalmente, la unanimidad fue una primicia, porque había voces que dejaban trascender ciertas dudas sobre si no sería mejor suspender los fueros de Manini, en especial porque él insistía en votarlo. La exigencia de una mayoría especial de 21 votos reclutaba a favor 16 voluntades, 13 del Frente Amplio (FA), dos del sector Ciudadanos del Partido Colorado, y uno de Cabildo (el propio Manini). Quedaban dos interrogantes: la postura de los dos correligionarios de Manini, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y los amagues de los senadores blancos Jorge Gandini y Juan Sartori.
En el extremo más hipotético, faltaban aún dos voluntades para alcanzar el número mágico. La decisión de Cabildo Abierto de votar en contra y el anuncio de Manini de que abandonaría la sala cuando se pusiera a discusión el tema, resolvió el problema en la bancada blanca. Y en particular los pruritos del senador Gandini, alimentados por una nostalgia wilsonista, se diluyeron cuando el inefable José Mujica se mandó otra maniobra de truco de boliche.
El anuncio de que, si se votaba el desafuero, entonces el FA impediría el regreso de Manini al Senado en la eventualidad de que resultara inocente después de su tour por el juzgado, convenció a Gandini de replegar su rebeldí
¿Qué pretendía Mujica con esa reflexión en voz alta? Exactamente lo que ocurrió: desarticular la más remota posibilidad de que Manini se convirtiera en un ciudadano de a pie, obligado a responder ante la Justicia, ya que no tenía, como quedó claro, la voluntad de hacerlo.
La afirmación de Mujica de que el FA no aportaría los 21 votos necesarios para restituir a Manini en el Senado fue desmentida por la propia bancada frenteamplista. Su coordinador, Charles Carrera, informó que la moción para suspender los fueros, que será planteada por el FA cuando se discuta el tema, incluirá la definición de que la eventual restitución sería automática.
La aclaración no revirtió la decisión multicolor, que sólo necesitaba un pretexto como el aportado por Mujica.
Una vez más, el ex presidente pretendía doblegar a su partido a su propia voluntad, incidiendo como un orejano. En materia de derechos humanos (porque de eso se trata el delito por el que es perseguido Manini) los antecedentes de Mujica son abundantes: el abrazo al procesado general Miguel Dalmao, las reiteradas apelaciones a la «biología» para resolver la cuestión de la impunidad, la descalificación a las madres de desaparecidos a las que tildó de «viejas busca huesos» que persiguen venganza y aquella participación personal para convencer al diputado Víctor Semproni de sabotear la anulación de la ley de caducidad.
Quizás invisibilizada por su pasado de guerrillero, prisionero y rehén, hay una notable –y cuestionable– coherencia del expresidente en sus aportes al mantenimiento de la impunidad, cuya máxima referencia fue su expresión de que los militares no contarían sus secretos a menos que se los torturara. Los últimos episodios referidos a las confesiones de militares ante tribunales de honor revelan lo contrario: las apelaciones a la «fatalidad de la omertà» son golpes bajos para desestimular la búsqueda de la verdad y encubrir la ausencia de voluntad política para encontrarla.
El porqué de esa coherencia es algo que todavía no tiene explicación, a menos que la esforzada «administración del capitalismo» haya modificado los «puntos de referencia». ¿Acaso para un combatiente los desaparecidos y los asesinados son daños colaterales de una guerra sucia del Estado que hay que asumir y dejar en el pasado?
Se le ha atribuido a Mujica la autoría, junto con Eleuterio Fernández Huidobro, de la «invención» de Manini como protagonista político. Durante su presidencia, en acuerdo con el ministro Fernández Huidobro, Mujica firmó en 2012 el pedido de venia parlamentaria para el ascenso de Manini a general. El criterio que primó, quizás en atención a los méritos expuestos en la carrera, fue el de selección, que se antepuso al de antigüedad.
Tras su paso por la jefatura de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Manini accedió a la Comandancia del Ejército, desde donde comenzó a edificar su proyecto político de partido militar, con una estrategia de defensa de los privilegios militares y un ataque y destrato a las autoridades civiles, llegando incluso a insultar a ministros durante el debate por el déficit de la caja militar.
Todo ello redundó en la consolidación de su imagen como representante de la «familia militar» y como apóstol de una nueva derecha. Pese a esos antecedentes, y a la provocación que significó el ataque a la Justicia a propósito de su informe sobre el tribunal de honor a José Gavazzo (que preanunciaba la campaña que seguiría después y que deliberadamente forzaba su pase a retiro), Mujica se distanció de sus colegas del FA cuando se instaló el debate sobre la suspensión de los fueros al hoy general-senador. Para Mujica, acceder al pedido del fiscal Morosoli implicaba convertir a Manini en una «víctima».
Su postura también
Lo que sí resulta evidente es que Manini terminó siendo la víctima de sus propias maquinaciones.
Si cuando todavía no tenía los fueros aplicó las mismas chicanas de inconstitucionalidad de sus colegas uniformados para frenar la acción de la Justicia, su postrera decisión de plegarse, como buen conductor, a la voluntad de sus conducidos, terminó revelando el miedo a ser procesado por la justicia penal, por más que esa posibilidad fuera remota en el corto plazo.
Todas las diatribas contra jueces y fiscales tienen esa finalidad. Finalmente, la mayoría de sus socios multicolores reafirman un criterio compartido: el pedido del fiscal no tiene sustento jurídico, como lo anuncian tanto los blancos como los colorados de Julio María Sanguinetti.
Sin embargo, la fundamentación de esa apreciación aún se mantiene en reserva; no se ha explicado en qué se basa y probablemente no se exponga al debate público hasta que el pedido de desafuero sea considerado en comisión del Senado. Voceros del FA han adelantado una posible explicación para esa postergación: la indefinición sobre los fueros pretende mantener a Manini y su partido en el redil, aunque todo indica que con poco éxito. Manini sigue atacando a la Justicia y en particular al fiscal general Jorge Díaz, ahora insistiendo en que el pedido de desafuero es una maniobra para cortar su ascenso político, mientras especula con el carácter decisivo de sus votos para la aprobación del presupuesto nacional.
La imagen del conductor sale deteriorada, pero en libertad.
Soldado cobarde sirve para otra guerra
Samuel Blixen
11 septiembre, 2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario