La prensa limeña sacudía este viernes a la población con el asesinato de María Alvarado Cruz, causado por las quemaduras en el 90% de su cuerpo. El esposo -según las investigaciones de la Fiscalía- la roció con combustible y le prendió fuego la madrugada del jueves cuando ella dormía. Desde la selva, en la región de San Martín, la mujer fue trasladada a un hospital en Tarapoto, donde quedó internada en cuidados intensivos. “Era imposible trasladarla a Lima”, informó la directora del centro sanitario, Guadalupe Mamani. El Ministerio Público ha acusado a Leoncio Daza, de 50 años, por feminicidio y lesiones graves y ha solicitado al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva mientras continúan las pesquisas.
Apenas 24 horas después, Catty Ríos Alfaro, de 40 años, recibió varios disparos que la sacaron del sueño para trasladarla a la muerte. La mujer dormía en su puesto de venta en una feria navideña en Chanchamayo, en la región Junín de la selva central. Quienes la conocían contaron que sufría amenazas constantes por parte de Edward Grimaldo Ramos Chuquimantari, padre de sus cuatro hijos, informó Prensa Chanchamayo. Ella lo había denunciado por violencia psicológica en agosto de 2018.
La madre de la víctima, Gisela Alfaro, relató a Radioprogramas que la policía no prestó atención al caso. “Mamá, mi esposo amenaza con matarme, he ido a la Policía Nacional y no me hacen caso. Me dijeron: eres una ociosa, no has cocinado, no has lavado, por eso tu marido te ha pegado", contó a la emisora citando las palabras de su hija.
Elizabeth Cárdenas, una compañera de trabajo de la asesinada, dijo: “A cada rato la amenazaba. Le decía: ‘si me metes preso, te mato a ti con todos mis hijos’. Cuántas veces le dije: ‘sepárate de ese desgraciado”, recordó la comerciante, una de las primeras personas en enterarse del feminicidio.
En un comunicado, la Fiscalía peruana ha indicado que esta mujer había manifestado su intención de cortar la relación con Ramos “por ser violento y celoso”, y que el individuo la siguió cuando volvía de otra ciudad donde fue a comprar mercadería, le disparó en la cabeza y huyó del lugar.
A golpes fue asesinada en Otuzco, en la sierra norte, Martina Cruz Haro, de 41 años. Su pareja se suicidó después. Ambos cuerpos fueron hallados el lunes por familiares de la víctima.
Manifestación contra la Policía peruana este pasado sábado
La siniestra estadística de estos últimos días se completa con el cuádruple asesinato de Jessica Tejada y tres de sus cuatro hijos. El agresor, Juan Huriapata, la mató a cuchilladas y después prendió fuego la casa donde murieron también tres menores, dos eran hijas del criminal. Ocurrió en el distrito de El Agustino, en Lima, la madrugada del sábado. Los gritos alertaron a los vecinos que fueron a pedir ayuda a la comisaría, a solo 160 metros de la casa, pero los agentes se tomaron 40 minutos para llegar. Ya era inútil: la recién nacida, de un mes, murió por asfixia y quemaduras, según la necropsia a la que pudo acceder el diario El Comercio. La otra pequeña tenía dos años.
El mayor, de 15, murió acuchillado tratando de defender a su madre. Solo sobrevivió el de nueve, quien pudo escapar, pero le tocó el amargo trago de ver morir a dos de sus hermanos. El agresor ha sido detenido y estará en prisión preventiva por 18 meses.
Dos días después del crimen múltiple, los seis agentes de la comisaría de San Cayetano fueron retirados de sus puestos y la Procuraduría del Ministerio del Interior los denunció penalmente ante la Fiscalía, pero el ministro, Carlos Morán, no ha asumido responsabilidad política alguna.
Por el contrario, la continuidad de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, ha estado en cuestión debido a este caso. Al salir de la misa de Gallo en la catedral de Lima, un grupo de periodistas le pidió opinar sobre el feminicidio de Tejeda y -de acuerdo a la versión de la funcionaria- no escuchó la pregunta y se excusó de responder por estar “en pleno momento de Navidad”. Unos pasos más adelante, condenó el hecho, pero su primera respuesta se hizo viral, y líderes de opinión y algunos tabloides capitalinos exigen su renuncia.
La Asociación de mujeres peruanas afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) rechazó este viernes en un comunicado las declaraciones de Revilla: “Sus palabras desconocen un problema tan grave y generalizado de derechos humanos en nuestro país”. “Le exigimos al Gobierno, y en especial al sector de Justicia y Derechos Humanos, que articule con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables una política eficaz de prevención y de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de feminicidios”, añade el pronunciamiento.
Ante las críticas al Gobierno por el incremento de crímenes machistas, en una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, comentó la noche del viernes que el Ejecutivo ha previsto 170 millones de dólares “adicionales para combatir la violencia contra las mujeres”. A pesar de los 164 feminicidios registrados en Perú este año y más de 330 tentativas, según información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), solo 92 personas han ingresado a prisión por estos crímenes, y136 por tentativa.
La siniestra estadística de estos últimos días se completa con el cuádruple asesinato de Jessica Tejada y tres de sus cuatro hijos. El agresor, Juan Huriapata, la mató a cuchilladas y después prendió fuego la casa donde murieron también tres menores, dos eran hijas del criminal. Ocurrió en el distrito de El Agustino, en Lima, la madrugada del sábado. Los gritos alertaron a los vecinos que fueron a pedir ayuda a la comisaría, a solo 160 metros de la casa, pero los agentes se tomaron 40 minutos para llegar. Ya era inútil: la recién nacida, de un mes, murió por asfixia y quemaduras, según la necropsia a la que pudo acceder el diario El Comercio. La otra pequeña tenía dos años.
El mayor, de 15, murió acuchillado tratando de defender a su madre. Solo sobrevivió el de nueve, quien pudo escapar, pero le tocó el amargo trago de ver morir a dos de sus hermanos. El agresor ha sido detenido y estará en prisión preventiva por 18 meses.
Dos días después del crimen múltiple, los seis agentes de la comisaría de San Cayetano fueron retirados de sus puestos y la Procuraduría del Ministerio del Interior los denunció penalmente ante la Fiscalía, pero el ministro, Carlos Morán, no ha asumido responsabilidad política alguna.
Por el contrario, la continuidad de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, ha estado en cuestión debido a este caso. Al salir de la misa de Gallo en la catedral de Lima, un grupo de periodistas le pidió opinar sobre el feminicidio de Tejeda y -de acuerdo a la versión de la funcionaria- no escuchó la pregunta y se excusó de responder por estar “en pleno momento de Navidad”. Unos pasos más adelante, condenó el hecho, pero su primera respuesta se hizo viral, y líderes de opinión y algunos tabloides capitalinos exigen su renuncia.
La Asociación de mujeres peruanas afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) rechazó este viernes en un comunicado las declaraciones de Revilla: “Sus palabras desconocen un problema tan grave y generalizado de derechos humanos en nuestro país”. “Le exigimos al Gobierno, y en especial al sector de Justicia y Derechos Humanos, que articule con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables una política eficaz de prevención y de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de feminicidios”, añade el pronunciamiento.
Ante las críticas al Gobierno por el incremento de crímenes machistas, en una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, comentó la noche del viernes que el Ejecutivo ha previsto 170 millones de dólares “adicionales para combatir la violencia contra las mujeres”. A pesar de los 164 feminicidios registrados en Perú este año y más de 330 tentativas, según información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), solo 92 personas han ingresado a prisión por estos crímenes, y136 por tentativa.
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