Dias atras habituales titiriteros de intereses ocultos, que suelen recurrir a otras personas para lanzar mentiras, con el criterio del ministro de propaganda de Hitler, que aunque se demuestre luego que es infundada y mentirosa la acusación, algo queda, recurrieron a un ex ministro mexicano de exteriores, Jorge Castañeda Gutman, para reflotar algo que la justicia ya habia definido hace años. Les presentamos, a efectos recordatorios, el detalle de lo que en su momento resolvió la justicia de Uruguay
En el mes de febrero de 2010, el juez en lo penal de 3º Turno, Dr. Sergio Torres, dispuso el archivo “sin perjuicio” de la indagatoria por los negocios entablados entre Uruguay y Venezuela, en el marco del “Fondo Artigas-Bolívar”, ante una denuncia penal entablada por el ex diputado colorado Washington Abdala contra un grupo de empresarios vinculados a la industria del software.
El magistrado avaló la posición esgrimida por el fiscal Juan Gómez e hizo lugar al pedido de archivo de las actuaciones. El representante del Ministerio Público solicitó el archivo en el entendido que “de la valoración de los elementos de prueba reunidos en esta investigación, no surgen elementos de convicción suficientes para atribuir conductas con relevancia penal a las personas indagadas”, tal cual lo expresa en su dictamen.
En este sentido “las denuncias que se referenciaron, que encuentran su seriedad en la relevancia de los temas en los que se fundamentan, no cuentan con elementos objetivos que respalden las imputaciones que en ellas se formulan y por el contrario, en muchos de los aspectos que los denunciantes cuestionaban son claramente desvirtuados”, agregó la Fiscalía.
“La génesis de la creación del Fondo (Artigas-Bolívar) se encuentra en el llamado Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, con la firma de convenios entre Uruguay y Venezuela, por la compra de petróleo por parte de nuestro país, en los que se estableció que el 75% del precio sería pagado a 90 días y el 25% restante financiado a 15 años, a la vez que una porción del pago contado podía ser compensada por bienes y servicios que Venezuela requería de Uruguay”, ante lo cual Pdvsa “constituye un fideicomiso” de unos 200 millones de dólares “donde Ancap depositaría sus pagos por las compras de crudo”, recuerda el fiscal Gómez.
Sin embargo, de la “simple” lectura del documento de creación del fideicomiso “debe concluirse sin ningún tipo de dudas, que no ha tenido ni tuvo que ver el gobierno uruguayo con la administración y funcionamiento del Fondo Bolívar-Artigas”, lo cual se “corrobora” con el testimonio de los ex ministros de Industria Jorge Lepra y Daniel Martínez, los cuales resaltaron “la ajenidad del Estado uruguayo con la multicitada operativa”, señala Gómez.
Por tanto, “queda descartada toda posibilidad de tráfico de influencias referidas a la operativa de ese fondo, al no ser posible que se verifique influencia decisiva, sobre un funcionario público uruguayo, tanto para retardar u omitir un acto o para ejecutarlo contrario a derecho”, concluye la Fiscalía.
“Respeto absoluto”
La denuncia penal interpuesta por el ex legislador colorado se sustentaba en la información difundida en los semanarios “Búsqueda” y “Brecha”, que insinuaba la participación irregular de Javier Vázquez, hijo del presidente de la República Tabaré Vázquez, en los negocios de software entablados en el marco del Fondo Artigas-Bolívar.
El legislador señalaba en su escrito que Javier Vázquez intervino como gestor de la empresa Artech en la venta de tecnología Genexus a la corporación estatal venezolana de Guayana-Telecom, en un negocio que superó los 50 millones de dólares, absorbiendo gran parte del presupuesto del fideicomiso. La denuncia fue posteriormente ratificada por el contador Eduardo Gómez Canon, quien aseguraba haber sido perjudicado en los negocios de software tras la intervención de Vázquez.
Sin embargo, el desarrollo de la indagatoria desvirtuó ambas denuncias. “El asesoramiento que brindó el ingeniero Javier Vázquez a empresas que vendieron equipamientos y servicios para organismos y empresas estatales de Venezuela se inscribe dentro de su actividad profesional regular, que cumple desde muchos años antes a la asunción de su padre como Presidente de la República”, indica Gómez.
Por tanto, “no resulta acreditado que el referido Javier Vázquez hubiere usufructuado de ningún privilegio por su relación de parentesco, ni usufructuado de organismos estatales para la prestación de servicios profesionales a las empresas privadas, con las cuales trabajaba desde épocas muy anteriores al año 2005″.
En este sentido, el dictamen fiscal recoge las expresiones vertidas por el empresario Nicolás Jodal (también denunciado), quien aseguró que el hijo del Presidente de la República sólo realiza para su empresa tareas de asesoramiento de propuestas hacia el exterior y no en Uruguay, “por iniciativa” del propio Javier Vázquez.
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