La maniobra de abigeato que implicó el robo de 300 vacas preñadas en Rocha, y en la que se vieron involucrados cuatro operadores del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), dos consignatarios y siete empresarios, incluido el presidente de la patronal del Taxi, Óscar Dourado, terminará con todos los señalados libres de responsabilidad penal y sin antecedentes en sus legajos. La empresa y la fiscalía firmaron distintos acuerdos que implican el fin de la persecución penal de delitos de abigeato o receptación a cambio de devolverle lo hurtado a la firma damnificada.
El llamado acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso son dos institutos introducidos por el nuevo Código del Proceso Penal, que si bien acaban con resultados similares (la extinción del caso y los implicados limpios de antecedentes), actúan de manera diferente.
El acuerdo reparatorio, por un lado, es aquel al que llegan la víctima y el victimario en aquellos casos en los que “no exista interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello”. Se puede aplicar en delitos culposos (aquellos que se cometen sin la voluntad de cometer un delito), aquellos que se castigan con multa, delitos de lesiones siempre que no se ponga en peligro la vida de una persona, o aquellos llamados delitos del honor (como las injurias o la difamación), entre otros.
En el caso de abigeato de Rocha, 8 de los 13 implicados llegaron a un acuerdo de este tipo con la firma a la que se le robó el ganado. Se trata de ruralistas que tenían en su poder el ganado robado, y que se lo habían comprado a un productor que había sido contratado por la empresa para criar por un período de tiempo a las vacas de su propiedad –muchas de las cuales estaban preñadas–, así como una veterinaria que participó certificando las ventas del ganado robado.
El acuerdo implicó la devolución del ganado denunciado (lo que incluye las vaquillonas y los novillos que nacieron de ellas) así como un pago de 15% extra por el valor de mercado de esos bovinos.
El resto de los implicados, entre los que se encuentra Dourado, decidieron no pagar el 15% extra, por lo que acordaron una suspensión condicional del proceso. Este instituto permite que se extinga la acción penal (y por tanto no quede antecedente) a aquellas personas que se comprometan a cumplir con una condición, que puede ir desde la prohibición de portar armas, realizar trabajo comunitario, reparar el daño o cumplir con una orden de alejamiento.
En este caso, los imputados estarán obligados a devolver el ganado hurtado. Paulo Priliac, abogado de la empresa damnificada, adelantó que presentaría una demanda civil por daños y perjuicios contra quienes terminaron con una suspensión del condicional, con el objetivo de resarcirse con más dinero por el daño causado más allá de la recuperación de lo hurtado.
La empresa había acordado con la persona que se suponía que debía criar a las vacas –y que terminó robándolas- que se las debía devolver en octubre, lo cual no ocurrió. Además, la trazabilidad del ganado se vio afectada, por lo que será difícil exportar ese ganado.
Según pudo saber el diario El Observador, Dourado se encuentra en negociaciones con la empresa víctima de este hecho con el objetivo de llegar a algún acuerdo económico extrajudicial que le permita evitar la demanda civil.
A pesar de esta situación, quienes acordaron una suspensión condicional del proceso con la fiscalía –y no con la víctima, como ocurre con la reparación–, una vez entreguen el ganado, también acabarán con su hoja de antecedentes limpia.
El rol de la victima
La reparación y la suspensión condicional se aplicaron en el 22,4% de los casos en los que se logró imputar a al menos una persona entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 (2.247 de 10.033 casos). Esto es más de los casos que fueron a juicio oral en el mismo período, y los que se estimaba posible que lleguen a la etapa del juicio oral (13,3% de los casos con imputados).
El fiscal de flagrancia Carlos Negro valoró la posibilidad de que víctima y victimario puedan llegar a un acuerdo para reparar el delito. “Si el denunciado pide perdón y se compromete a devolver la plata, y le pregunto al denunciante qué prefiere que vaya preso o recuperar lo robado, el 99% dice que prefiere que le paguen".
Negro explicó que este tipo de soluciones no aplica cuando el objeto hurtado es incautado, ya que en ese caso siempre se le devuelve a la víctima, sino en aquellos casos en los que si no se llega a un acuerdo es imposible que la persona recupere lo que perdió.
“El sistema inquisitivo (aquel vigente hasta el 1º de noviembre de 2017) nos metió en la cabeza que la sanción penal es la solución del delito. Pero la sanción no arregla nada, solo castiga” explicó. “Castigo no es igual a justicia. La solución del conflicto es la justicia”, agregó Negro.
En el mismo sentido opinó el fiscal Rodrigo Morosoli, quien agregó que “es la victima la que sufre el delito y por tanto es la victima quien tiene todo el derecho del mundo de elegir qué se hace con su caso”. “La victima ahora está en el centro de la cuestión”, concluyó.
Negro reconoció que “no todos pueden reparar” el delito que cometen, ya que para eso hay que tener una espalda económica que no es la que suelen tener la mayoría de los delincuentes, quienes muchas veces, en un caso de hurto por ejemplo, ya vendieron el objeto robado y se gastaron el dinero que recibieron por él. De todas formas señaló que esta alternativa sigue siendo la preferida de las víctimas porque se sienten reparados por el daño causado.
La fiscal de flagrancia Brenda Puppo también dijo que la reparación del delito es una buena herramienta. Para Puppo no necesariamente la reparación pasa por el dinero, aunque hasta el momento en sus casos la solución ha sido monetaria.
En el caso de abigeato en Rocha se recuperaron 270 de las vacas 300 denunciadas, así como 200 terneros. La empresa no solo recuperó la mayoría del ganado, sino que además recibirá un monto extra de dinero por parte de algunos de los implicados.
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