Para hablar sobre el financiamiento de las campañas políticas, visitó Teledoce, Nicolás Iglesias, licenciado en trabajo social de la Universidad de la República.
“Desde el año 2014 empezaron a hacerse públicas violaciones de derechos humanos en los hogares Beraca, que tenían que ver con manipulación, extorsión y violencia física, y por esa situación fue que me citó en ese momento la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento en aquel momento para presentar cómo funcionaba esta iglesia y los hogares Beraca”, contó Iglesias.
“Los hogares Beraca fueron fundados por el apóstol Márquez, que es el mismo que fundó la iglesia Misión Vida para las naciones, a la cual pertenece el diputado Álvaro Dastugue”.
“Estos hogares son unos 60 en Uruguay y en ellos viven unas 1.200 personas. Lo novedoso en este escenario es que se utilizaron internos de estos hogares en la participación política a favor de la lista del diputado Dastugue. Se utilizó la infraestructura de la iglesia y los medios de comunicación de la iglesia”, explicó.
“Estos internos no son voluntarios, porque el voluntariado no enmarca actividades productivas: es una acción que uno desarrolla con el fin de beneficiar a una tercera persona”.
El licenciado aseguró que el financiamiento en concreto se comprobó mediante dos cheques que Misión Vida entregó a una imprenta por la suma de 24.000 dólares para el pago de listas de Álvaro Dastugue. “Pero quizás lo más preocupante o significativo es la utilización de internos de un hogar, que están en una situación de vulneración de derechos humanos, y que fueron obligados a participar políticamente”.
“Imaginate que estás recibiendo una ayuda y el pastor un día te dice que tenés que salir a militar, a repartir listas, y estás en una situación de dependencia de poder. Estas personas no tuvieron la libertad de decidir si querían o no”.
“Yo recogí muchos testimonios donde los internos decían que estaban obligados a militar”.
“En cada hogar Beraca hay una empresa en negro, porque ellos no están en BPS y no manejan su propio dinero”.
“Las personas están ahí porque lamentablemente no existen tantas propuestas del Estado para atender sus problemáticas de adicciones”.
Iglesias explica que muchas de las personas que viven en los hogares Beraca fueron llevadas allí por sus familiares, estando en una situación de vulnerabilidad, y que en ese estado fueron obligadas a militar políticamente. Asimismo, recordó que los templos religiosos en nuestro país están exonerados de impuestos y que no se pueden utilizar dichos espacios para hacer actividades lucrativas o de proselitismo político.
El experto afirma que es el primer caso en que se da un caso de este tipo en Uruguay, pero que es común en otros países de la región como Brasil, por ejemplo.
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