El primer pico se presentó previó al plebiscito por la paz en octubre de 2016. Entre agosto y septiembre de ese año, muchos líderes que apoyaban el proceso de paz e hicieron abierta campaña por el sí fueron asesinados. El siguiente pico se presentó entre la segunda mitad de enero y febrero de 2018, antes de las elecciones legislativas. La última semana de agresiones es el tercer pico de esta gran masacre.
Si bien la diversidad de líderes asesinados es amplia -hay ambientalistas, líderes comunales, de organizaciones de víctimas, gobernadores de resguardos indígenas y miembros de comunidad negras- es importante resaltar que casi el 65% se enmarca en tres perfiles. El primer perfil es el de líderes de organizaciones de víctimas que buscaban verdad en los crímenes que sufrieron o eran reclamantes de tierras. No debe olvidarse que entre 1997 y 2003 cerca de seis millones de hectáreas fueron despojadas a campesinos en el marco de la violenta ofensiva paramilitar y esa tierra terminó, en su mayoría, en prestantes empresarios y políticos del país. El segundo perfil es el de líderes que querían participar en política y que al manifestar este deseo fueron asesinados. En tercer lugar, están los líderes comunales, es decir, que pertenecen a organizaciones de base denominadas Juntas de Acción Comunal. Estos últimos son asesinados porque denuncian o se oponen a economías ilegales.
Parece que sí hay una sistematicidad en estos homicidios desde el perfil de la víctima. Sin embargo, el Gobierno nacional ha dicho que no existe sistematicidad en estos casos, e incluso el ministro de Defensa en su momento dijo que eran “líos de faldas”, un concepto machista, pero bastante popular, para describir problemas de relaciones de pareja. La tesis del Gobierno se basa en que no hay una sola estructura criminal que esté asesinando los líderes sociales, como si la había en la época más violenta del paramilitarismo. Efectivamente, en estos asesinados hay grupos posdesmovilización paramilitar como el Clan del Golfo, grupos de disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.
Entre los tres podrían sumar un 30 % de los asesinatos. Pero el otro 70 % se encuentra tipificado en actor desconocido, es decir, son sicarios o pequeños grupos delincuenciales que son contratados por agentes supuestamente legales.
Esto significa que sí hay agentes legales detrás de los homicidios. Por ejemplo, según las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, los crímenes en la región del Urabá, al noroccidente del país, estarían determinados por supuestos empresarios que se beneficiaron del despojo de tierras. Lo mismo, en el sur del departamento del Meta y el Guaviare.
El Gobierno nacional ha realizado diferentes acciones para contener esta masacre. Por ejemplo, creó el Cuerpo Élite de la Policía para que investigue esta victimización, además se puso en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, creó un grupo especializado para estos temas y la Unidad Nacional de Protección hoy presta servicios de seguridad para centenares de líderes sociales. Aun así, la masacre no se detiene.
Tal vez el secreto está en que únicamente se ha capturado, en algunos casos, a los actores materiales, pero no se sabe nada de los autores intelectuales. Mientras no se identifiquen y se capturen los que están detrás de estos crímenes, la victimización no parara. Y muchos de ellos se sienten envalentonados con los niveles de impunidad tan grandes.
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