Cinco años más tarde, la investigación penal ingresa en su recta final. En el ínterin, existió una dilación de más de un año generada por un pericia y la jueza del caso y la fiscalía declinaron competencia porque el bebé fue trasladado de Paso los Toros a Salto y falleció en esa ciudad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró que era competencia de Paso los Toros porque allí ocurrió el supuesto fallo médico.
La jueza del caso, María Merlo Cabrera, dispuso la citación de una ginecóloga y de una partera en calidad de indagadas para el 17 de julio de este año, dijo a El País el abogado de Patricia Rodríguez, Nicolás Pereyra. La fiscal del caso es Daniela Revello.
"La demora de la Justicia Penal da de qué hablar. Hace cinco años que en la parte penal no se determina responsabilidad alguna. Insisto, son cinco años sin respuesta; aún no se hizo justicia", dijo a El País Patricia Rodríguez, madre del bebé fallecido.
Consideró que por lo menos una de las indagadas incurrió en error médico que le causó la muerte a su hijo.
"Esas personas siguen su vida como si nada; no tienen cargo de conciencia. Hay otros casos penales en Paso los Torsos que también siguen sin resolverse", agregó.
Una situación muy distinta ocurrió en la Justicia de lo Contencioso Administrativo. El 19 de diciembre de 2017, un juez de dicha materia condenó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a pagar una cifra récord por la muerte del bebé de nombre Benjamín: US$ 350.000 más intereses legales desde el inicio del juicio en 2015.
Errores garrafales.
En un escrito presentado en el Juzgado Penal de Paso de los Toros, Pereyra opinó que la muerte de Benjamín pudo haber sido evitada. Y aludió a pericia hecha por el doctor Justo Alonso, una de las más altas autoridades en la especialidad neonatal.
Este profesional, según el abogado de Patricia Rodríguez, remarcó que el 1 de agosto de 2013 se efectuó un monitoreo fetal a Patricia R., el cual concluyó como "No Reactivo" (feto sin movimientos), pese a que la partera en el informe estampa "Reactivo" (estado normal). Luego le dieron el alta a la paciente. "Este error de interpretación de ese monitoreo (a Patricia Rodríguez) se asocia al manejo de la situación clínica", señala Justo Alonso según el escrito de Pereyra.
Una opinión similar manifestaron peritos del Instituto Técnico Forense (ITF), los que concluyeron que debió realizarse un "monitoreo más extenso" a la paciente.
En su escrito, Pereyra insistió en que, luego del examen de la situación del feto, se debieron haber tomado medidas especiales que hubieran evitado el desenlace mortal posterior. "Quiere decir que desde el primer momento, desde el arranque de la atención médica de ASSE ya hay errores garrafales, que predeterminaron a Benjamín".
En una segunda consulta realizada el 9 de agosto de 2013, a Patricia tampoco le realizan dos controles fundamentales para determinar el bienestar fetal: ecografía y monitoreo.
Pereyra culpó de esa omisión a la ginecóloga del hospital, quien otorgó el alta sin cumplir con los controles.
Cinco días más tarde, Patricia volvió al centro con contracciones uterinas. Poco después, al comprobar sufrimiento fetal, se le realizó una cesárea. El bebé fue trasladado a Salto donde falleció.
En su escrito, el penalista recordó que la ginecóloga y la partera involucradas en la muerte de Benjamín también están relacionadas con el fallecimiento de Lucía Olivera en un parto. Ello, agregó Pereyra, "no es algo anecdótico; es demostrativo de un patrón de conducta" en el Hospital de Paso de los Toros.
La muerte evitable de Lucía Olivera
En marzo de 2013, un informe preliminar de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), señaló que la muerte de Lucía Olivera en un parto en el Hospital de Paso de los Toros se debió a una "falla en la percepción del riesgo por parte de los profesionales que la atendieron". Agrega que la paciente debió ser trasladada a otro hospital.
El director del centro de salud fue cesado. Según el documento, se debió implementar el plan de contingencia porque ese centro no tenía los profesionales indicados para el tratamiento. Es decir, Olivera debió ser trasladada a Durazno que es el lugar más cercano. Esa ciudad está a 60 kilómetros de Paso de los Toros.
El 23 de junio de 2014, la Justicia de Paso de los Toros procesó sin prisión al médico de guardia que no le dio atención adecuada a Lucía Olivera, quien ingresó al hospital público de esa ciudad, dio a luz y luego falleció desangrada. La jueza Karen Cuadrado lo procesó por un delito de omisión de funciones, y ordenó como medida sustitutiva que concurra tres veces por semana una seccional durante 90 días.
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