El tiempo pasó y el sistema de Justicia se expidió. No solo se comprobó que Giordano nunca había siquiera intentado lavar dinero o traficar droga, sino que, paralelamente, en 2016 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió que la acusación de la DGI además de infundada era "maliciosa" y no podía cobrarle ni medio peso de una evasión de impuestos que no existía.
A su vez, en diciembre de ese año la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó que a nivel penal también era inocente y lo absolvió del delito de defraudación tributarian por el que el juez Eduardo Guevara lo había condenado a 24 meses de prisión. Varios años antes, el juez penal Mario Suárez Suñol lo había procesado sin prisión.
El caso de Giordano tuvo tantas ramificaciones que ni él podía seguirlo con claridad. Pero sus abogados en el área tributaria -socios del estudio Pescadere, Peri y Pezzutti- lo resumen con un paralelismo bastante gráfico: "Es como si lo hubieran condenado por homicidio y a los 10 años le hubieran dicho que el muerto en realidad está vivo".
Ahora que el máximo órgano de la Justicia le confirmó que es inocente, prepara una demanda al Estado tras prácticamente una década en la que se lo señaló como un delincuente.
El operativo del fracasoTodo comenzó en 2008 a partir de la llamada Operación Hydra, que por ese entonces se perfilaba como una de las más grandes de la historia policial uruguaya. Como muchos cambistas, si no la mayoría, Giordano se dedicaba a la importación y exportación de oro y plata, actividad libre en Uruguay.
Era común que conversara con colegas para hacer compras conjuntas y esas conversaciones solían ser en clave para preservar la seguridad de la empresa y los empresarios. "¿Cuándo llega la merca?", se preguntaban por teléfono, a lo que otros respondían: "Me están llegando la blanca y la dorada". No se referían a otra cosa que a miles de dólares en lingotes.
"Es como si lo hubieran condenado por homicidio y a los 10 años le hubieran dicho que el muerto en realidad está vivo". Abogados tributaristas del estudio Pescadere, Peri y Pezzutti
Nunca sospecharon que esas comunicaciones, los dejarían en jaque con la Justicia. Una investigación a dos cambios de la ciudad de Young (Río Negro) derivó en escuchas telefónicas por las que terminaron pinchando también los teléfonos de la empresa de Giordano. Los investigadores olfatearon droga.
Fue con esa excusa que ingresaron a su oficina en octubre de 2008 y luego de llevarlo al área de Investigaciones, lo trasladaron a la ciudad de Young para que el juez Suárez Suñol le tomara declaración. Varios de sus empleados fueron liberados y Giordano quedó prácticamente solo sin entender muy bien qué pasaba y sin poder contarle a su familia que, por lo menos esa noche, no dormiría en su casa.
"Don Vito Corleone no era nadie al lado mío". Enrique Giordano, cambista condenado por defraudación y luego absuelto
El juez lo interrogó sobre las 10 de la mañana de aquel primer día eterno. Varios periodistas comenzaban a concentrarse en la puerta del juzgado de Young a la espera de novedades de quien llegó a ser definido como uno de los integrantes de "la mafia del oro". "Don Vito Corleone no era nadie al lado mío", ironiza Giordano con tristeza.
Apenas había comenzado la investigación cuando se descartó el presunto tráfico de droga. Pero si bien para la Policía y la Justicia Giordano había dejado de ser un narcotraficante, empezaba a perfilarse como un blanqueador de dinero. Y en medio de ese posible caso de lavado, el juez avisó a la DGI lo que estaba sucediendo porque nadie de su entorno tenía mucha idea de si todos los impuestos que correspondía pagar estaban declarados.
No llegaron a transcurrir 24 horas de aquella notificación cuando llegó un fax al juzgado con una denuncia del órgano impositivo por defraudación tributaria. La denuncia pedía como medida cautelar que Giordano y sus hermanos –todos dueños de las empresas Geralin SA (Cambio Lugano) y Giordano e Hijos Sociedad de Bolsa- fueran embargados. El embargo fue genérico, es decir que afectó todos los bienes de los Giordano, al punto de que se les cayó la venta de una chacra que estaban a días de cerrar.
El organismo alegó que "la maniobra detectada consistió en la compra de metal ingresado en forma irregular al país, utilizando diversas empresas con la finalidad de ocultar los verdaderos clientes y proveedores del metal y obtener un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a percibir los tributos por concepto de Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) e Impuesto a la Renta para No Residentes (IRNR)", según indica en su sentencia de casación la SCJ.
Si bien en menos de 24 horas la DGI tenía pronta su denuncia, el organismo dictó la resolución por una deuda millonaria con el Estado recién en 2012, cuatro años después. Según lo calculado por la Impositiva, la multa ascendía a unos $ 25 millones ( US$ 897 mil al valor actual).
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos. En el medio, Giordano fue procesado sin prisión por el delito de defraudación tributaria y debió cumplir una pena sustitutiva de seis meses por la que durante dos horas diarias archivaba carpetas en un centro educativo religioso y dormía todos los fines de semana en una seccional policial.
Cuando todavía era inocente porque no había una condena en el horizonte, y la DGI ni siquiera había terminado de calcular la multa que iba a aplicar por la supuesta evasión, el Poder Ejecutivo le pegó una piña más: mediante una resolución firmada por el entonces presidente de la República, José Mujica, le prohibió seguir siendo agente de Loterías y Quinielas por "insolvencia moral", a pesar de reconocer que el proceso judicial recién estaba comenzando.
"No es aceptable mantener años y años una incertidumbre de la eventual deuda".
Apenas había comenzado la investigación cuando se descartó el presunto tráfico de droga. Pero si bien para la Policía y la Justicia Giordano había dejado de ser un narcotraficante, empezaba a perfilarse como un blanqueador de dinero. Y en medio de ese posible caso de lavado, el juez avisó a la DGI lo que estaba sucediendo porque nadie de su entorno tenía mucha idea de si todos los impuestos que correspondía pagar estaban declarados.
No llegaron a transcurrir 24 horas de aquella notificación cuando llegó un fax al juzgado con una denuncia del órgano impositivo por defraudación tributaria. La denuncia pedía como medida cautelar que Giordano y sus hermanos –todos dueños de las empresas Geralin SA (Cambio Lugano) y Giordano e Hijos Sociedad de Bolsa- fueran embargados. El embargo fue genérico, es decir que afectó todos los bienes de los Giordano, al punto de que se les cayó la venta de una chacra que estaban a días de cerrar.
El organismo alegó que "la maniobra detectada consistió en la compra de metal ingresado en forma irregular al país, utilizando diversas empresas con la finalidad de ocultar los verdaderos clientes y proveedores del metal y obtener un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a percibir los tributos por concepto de Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) e Impuesto a la Renta para No Residentes (IRNR)", según indica en su sentencia de casación la SCJ.
Si bien en menos de 24 horas la DGI tenía pronta su denuncia, el organismo dictó la resolución por una deuda millonaria con el Estado recién en 2012, cuatro años después. Según lo calculado por la Impositiva, la multa ascendía a unos $ 25 millones ( US$ 897 mil al valor actual).
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos. En el medio, Giordano fue procesado sin prisión por el delito de defraudación tributaria y debió cumplir una pena sustitutiva de seis meses por la que durante dos horas diarias archivaba carpetas en un centro educativo religioso y dormía todos los fines de semana en una seccional policial.
Cuando todavía era inocente porque no había una condena en el horizonte, y la DGI ni siquiera había terminado de calcular la multa que iba a aplicar por la supuesta evasión, el Poder Ejecutivo le pegó una piña más: mediante una resolución firmada por el entonces presidente de la República, José Mujica, le prohibió seguir siendo agente de Loterías y Quinielas por "insolvencia moral", a pesar de reconocer que el proceso judicial recién estaba comenzando.
"No es aceptable mantener años y años una incertidumbre de la eventual deuda".
Fallo del tribunal de apelaciones en lo Civil que destrabó el embargo, el 2 de marzo de 2016
La condena le llegó un tiempo después y fue apelada por sus penalistas, Leonardo Guzmán, Paola Hochman y Gastón Chaves.
Pero en 2011, los piñazos le dolían tanto que Giordano decidió que no quería seguir viviendo más en Uruguay. Con un embargo y una condena a cuestas, el cambista dejó a sus tres hijas y al resto de su familia y marchó a Panamá, esperanzado de que allí no sería señalado como un delincuente.
La condena le llegó un tiempo después y fue apelada por sus penalistas, Leonardo Guzmán, Paola Hochman y Gastón Chaves.
Pero en 2011, los piñazos le dolían tanto que Giordano decidió que no quería seguir viviendo más en Uruguay. Con un embargo y una condena a cuestas, el cambista dejó a sus tres hijas y al resto de su familia y marchó a Panamá, esperanzado de que allí no sería señalado como un delincuente.
Pero se equivocó.
Al llegar a ese país, no pudo abrir los negocios que pretendía porque figuraba como un delincuente. No solo aparecía una mancha negra en su certificado de buena conducta que decía "condenado" sino también en varias páginas financieras, lo que le impedía trabajar normalmente.
A su familia le pasó algo parecido en Uruguay: como Giordano todavía aparecía en portales de noticias como integrante de "la mafia del oro", les negaron algunos trabajos a sus hijas.
Cuando el cambista creía que poco más había para hacer, empezaron a surgir las sentencias a su favor.
"La DGI elaboró una torcida tesis que no se condice con la realidad, pretendiendo responsabilizar a los comparecientes en calidad de agentes de retención respecto de tributos que no se generaron", argumentaron los abogados tributaristas de Giordano
Al llegar a ese país, no pudo abrir los negocios que pretendía porque figuraba como un delincuente. No solo aparecía una mancha negra en su certificado de buena conducta que decía "condenado" sino también en varias páginas financieras, lo que le impedía trabajar normalmente.
A su familia le pasó algo parecido en Uruguay: como Giordano todavía aparecía en portales de noticias como integrante de "la mafia del oro", les negaron algunos trabajos a sus hijas.
Cuando el cambista creía que poco más había para hacer, empezaron a surgir las sentencias a su favor.
"La DGI elaboró una torcida tesis que no se condice con la realidad, pretendiendo responsabilizar a los comparecientes en calidad de agentes de retención respecto de tributos que no se generaron", argumentaron los abogados tributaristas de Giordano
Primero, un tribunal de apelaciones en lo civil levantó el embargo genérico de los hermanos Giordano. Luego, un tribunal de apelaciones en lo penal absolvió a Enrique Giordano de delito y cuestionó a la DGI por actuar con "ligereza", "imprecisiones" y por violar el Código Tributario, por no informar a los acusados (a él y a un hombre que se dedicaba a corroborar la veracidad del oro y la plata comprados) los motivos de la denuncia. Esa revocación motivó a que la Fiscalía presentara un recurso ante la Corte, que el 21 de diciembre de 2017 confirmó su absolución.
A su vez, el TCA falló a favor del otro empresario que también había sido acusado y sentenció que las acusaciones de la DGI contra el cambio de Giordano habían sido realizadas de forma "maliciosa", "temeraria" y mediante "desvíos".
Ante una consulta del diario El Observador por el caso, desde la DGI se señaló que se trata de un caso de otra administración (ocurrió en la gestión de Nelson Hernández).
A su vez, el TCA falló a favor del otro empresario que también había sido acusado y sentenció que las acusaciones de la DGI contra el cambio de Giordano habían sido realizadas de forma "maliciosa", "temeraria" y mediante "desvíos".
Ante una consulta del diario El Observador por el caso, desde la DGI se señaló que se trata de un caso de otra administración (ocurrió en la gestión de Nelson Hernández).
Como quien dice se lavaron las manos y además poco menos qeu indicando que esa DGI era de otro
El cambista sigue viviendo en Panamá e intenta viajar a Uruguay varias veces al año para visitar a sus hijas. En su último viaje, esta Semana Santa, llegó a su casa y cuando metió la mano en el buzón sacó un sobre con la notificación de la SCJ que confirmaba su inocencia. Relata esa pequeña anécdota y exclama: "Yo solo quiero que a mis hijas les quede claro que todo esto fue un malentendido".
El Poder Ejecutivo y una resolución tardía
Los abogados de Enrique Giordano impugnaron la multa establecida en 2012 por la DGI, lo que llevó a dos recursos administrativos: uno de revocación -que derivó en una demanda en el TCA- y otro jerárquico del Poder Ejecutivo. El TCA se expidió en 2016 y la resolución de Presidencia llegó tres días después y revocó la resolución de la DGI por la que pretendía aplicar la multa. Y en este caso fue mejor el remedio que la enfermedad.
¿Por qué para la DGI fue mejor el remedio?
Un fallo inédito del TCA no solo cuestionó el accionar de la DGI en ese caso, sino que por primera vez condenó al organismo a pagar costas y costos. Sin embargo, como tres días después el Poder Ejecutivo revocó la resolución de la Impositiva, esa condena quedó sin efecto.
El cambista sigue viviendo en Panamá e intenta viajar a Uruguay varias veces al año para visitar a sus hijas. En su último viaje, esta Semana Santa, llegó a su casa y cuando metió la mano en el buzón sacó un sobre con la notificación de la SCJ que confirmaba su inocencia. Relata esa pequeña anécdota y exclama: "Yo solo quiero que a mis hijas les quede claro que todo esto fue un malentendido".
El Poder Ejecutivo y una resolución tardía
Los abogados de Enrique Giordano impugnaron la multa establecida en 2012 por la DGI, lo que llevó a dos recursos administrativos: uno de revocación -que derivó en una demanda en el TCA- y otro jerárquico del Poder Ejecutivo. El TCA se expidió en 2016 y la resolución de Presidencia llegó tres días después y revocó la resolución de la DGI por la que pretendía aplicar la multa. Y en este caso fue mejor el remedio que la enfermedad.
¿Por qué para la DGI fue mejor el remedio?
Un fallo inédito del TCA no solo cuestionó el accionar de la DGI en ese caso, sino que por primera vez condenó al organismo a pagar costas y costos. Sin embargo, como tres días después el Poder Ejecutivo revocó la resolución de la Impositiva, esa condena quedó sin efecto.
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