Los enredos, por esta identidad duplicada, continuaron hasta 2005, cuando un juez ordenó que una de ellas —la protagonista de esta historia— cambiara su documentación. Los técnicos le llaman "entrega de identidad tardía". Pasó a figurar como nacida el 23 de mayo de 1961, en lugar del 22, y se le agregó la preposición "De" antes de su segundo apellido: Rossina Uria De Sosa.
Todo parecía encaminado. Votó con éxito en la elección de 2009 y hasta actualizó la documentación ante los organismos públicos. Pero en 2014, cuando fue al circuito electoral, se enteró que no figuraba. "Hicieron lo mismo que con los muertos, me borraron del padrón", cuenta con la angustia de quien ha estado buscando su identidad desde que tenía 15 años.
Para zanjar el diferendo, la Corte Electoral le propuso que adquiriera una nueva credencial, con una serie nueva y que cambiara de circuito. Pero esa medida "parche" no convenció a Rossina quien, a esta altura, siente que el Estado está en deuda "moral" con ella. Y así lo hizo saber ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tercer Turno.
El lunes pasado hubo una "audiencia de conciliación", pero no se llegó a un acuerdo. Rossina Uria De Sosa insiste con que la Justicia, en 2005, ya le había dado su "identidad cívica" y no está dispuesta a renunciar otra vez a ella. "¿Qué garantía tengo, a nivel de mis derechos humanos, si el Estado me da una identidad que el propio Estado me la niega?", se pregunta y aduce "un terrible daño moral".
Para la Corte Electoral, sin embargo, "no existe tal daño" y todo se soluciona con un "numerito" nuevo.
La otra Rossina Uria, aquella que en el plebiscito del 80 había votado primero, a priori no ha tenido inconvenientes legales. Cuando se resolvió el caso, por primera vez, ella quedó como la "verdadera" Rossina, quien conoce a sus padres y que nació el 22 de mayo de 1961.
La identidad.
Rossina Uria De Sosa fue, los primeros 15 años de su vida, Ana María Ojeda. Recién entonces se enteró cuál era su verdadero nombre, que no era aquel de "fantasía" que le había inventado el matrimonio que la crió.
Aunque intentó reconstruir su pasado, poco pudo averiguar. "Se quemaron los archivos del hospital Pereira Rossell de principios de los 60", se queja esta mujer que, cree, tiene 56 años. "Una vez me dijeron que los padres que me criaron, que pertenecían al Ejército de Salvación, me habían rescatado de un hogar de niños; luego que alguien me entregó… ¿la verdad? No sé", dice con los ojos humedecidos.
El Ejército de Salvación es una organización de cristianos protestantes, que basan la mayor parte de su trabajo en la beneficencia social, y que tiene escalafón al estilo militar.
Cuando Rossina Uria se encontró con la otra Rossina Uria, le solicitó mediante el juez un estudio de ADN. También se lo pidió a la madre de la Rossina Uria, porque esa mujer figuraba como la madre de ambas. Pero se negaron.
La "madre" nunca reconoció ser la madre y, por tanto, el juez en 2005 la anotó bajo el título de "padres desconocidos".
Tal es la incertidumbre sobre su pasado que dice sentir una "fuerte empatía" con quienes reclaman por los desaparecidos durante la dictadura. Todos los 20 de mayo integra la Marcha del Silencio. Pero, reconoce, que siente pena porque su caso, al no ser "tan público" queda oculto en un "silencio mayor".
Según el abogado Norman Giuria, quien defiende a Rossina Uria en su juicio contra la Corte Electoral, "hay un carácter selectivo de los derechos humanos". A ciertos casos se les "presta cierto interés" y a otros, otro. "Acá lo que está ocurriendo es que el Estado no está pudiendo reparar los daños que él mismo viene generando".
Rossina Uria De Sosa dice haber padecido de todo estos años, depresión incluida. El próximo 8 de marzo, justo el día de la mujer, tendrá otra audiencia judicial en busca de salvar su identidad.
Nadar en un mar lleno de dudas
Todo adoptado "tendrá derecho a partir de los quince años de acceder a los datos del Registro General de Adopciones en cuanto refieran a su historia personal y a conocer a su familia de origen". Así lo establece la ley 18.590, de 2009. Solo al amparo de esta normativa, el INAU, que es el organismo rector del tema, recibe entre 70 y 80 consultas anuales.
En el caso de Rossina Uria, el INAU no tiene registro del pasado y los archivos en el hospital "se quemaron". Beatriz Scarone, del Departamento de Familias del INAU, había dicho a El País que "hay un montón de personas que se acercan a buscar sus orígenes y no los podemos encontrar, porque no hay datos".
Buena parte de la información faltante responde a las llamadas "adopciones ilegales" y que, tras la ley de 2009, el INAU hay ido formalizando.
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