Las facilidades también incluyen que las autoridades panameñas acepten como válidas las licencias de conducir estadounidenses para que estos militares puedan conducir en territorio nacional; que puedan importar bienes y suministros libres de aranceles; y la exención de la inspección y tributación de productos, bienes, suministros y equipos importados a Panamá desde los Estados Unidos.
Estas condiciones fueron solicitadas por la Embajada de Estados Unidos a través de la Nota Verbal No. 1323 del 11 de diciembre de 2017. En una nota de respuesta del 4 de enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá consideró que las condiciones eran "aceptables".
De acuerdo con la nota verbal de la embajada, el personal militar comenzó a llegar desde el 2 de enero de 2018, y su estadía terminará el 15 de julio.
El 3 de enero, el Ministerio de Seguridad confirmó a la Cancillería que el contacto en Panamá con el personal militar estadounidense será el ministro Alexis Bethancourt. El documento que lo certifica es la nota No. 002-DVMSP-2018, firmada por el viceministro de Seguridad, Jonattan del Rosario.
Los ejercicios Nuevos Horizontes se realizarán en Darién, Veraguas, Coclé y "cualquier otro lugar aprobado por el gobierno de Panamá y la Embajada", según el acuerdo.
El uso de uniforme y armas por parte de los militares de Estados Unidos se dará "cuando así lo exijan sus funciones oficiales".
Estados Unidos de América ha solicitado -y Panamá aceptado- que los 415 militares gocen de una "condición equivalente a la que se otorga al personal técnico y administrativo de la Embajada conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961".
"Los vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o explotados por ellas, o para ellas no estarán sujetos al pago de cuotas portuarias o de aterrizaje, cargos de pilotaje, navegación, sobrevuelo o estacionamiento, o cargos por lanchaje o puerto, mientras se encuentren en Panamá, exceptuando los cargos relacionados con el tránsito normal por el Canal de Panamá".
Por otro lado, se establece que: "Será responsabilidad del personal de los Estados Unidos respetar las leyes de la República de Panamá y abstenerse de cualquier actividad incompatible con el espíritu de su misión". Ambos gobiernos se comprometen a tomar las medidas necesarias para lograr este fin.
Igualmente, las autoridades policiales, civiles y militares de las dos naciones colaborarán en la investigación de cualquier delito que se alegue haya sido cometido por personal estadounidense o en su contra.
En otro punto, el Gobierno panameño acepta asumir responsabilidad plena y eximir al Gobierno estadounidense de "cualquier demanda que se entable por el uso de los proyectos construidos, o en construcción, entera o parcialmente, por parte del personal de los Estados Unidos con relación a su misión en Panamá".
Los gobiernos renuncian a demandas entre sí por lesiones personales o muerte de su personal civil o militar, por daños o pérdidas o destrucción de sus bienes derivados de las actividades amparadas por el acuerdo. No renuncian a demandas de tipo contractual.
En caso de demandas de terceros por daños, pérdida de bienes, lesiones personales o muerte causadas por (o inherentes a) actividades no relacionadas al combate del personal militar, en conexión a su misión en Panamá, el gobierno de Estados Unidos pagará de conformidad a las leyes estadounidenses.
https://m.critica.com.pa/nacional/militares-gringos-podran-andar-armados-en-panama-en-el-2018-503618
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