El Observador
Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de El Observador (ATEO) emitieron a mediados de mes un comunicado en el que informaban sobre los despidos y afirmaban que “en este caso no hubo un preaviso que permitiera negociar otras alternativas a los diez despidos”. Según contó el integrante del consejo directivo de APU, Francisco Abella, “en el correr del día se les avisó que iba a haber cambios en la estructura [de la empresa] y a la tarde estaban siendo informados de su despido”.
El 16 de febrero se iniciaron las negociaciones ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el entendido de que los despidos se realizaron sin previo aviso, violando el convenio salarial de la prensa escrita de 2015, propusieron suspenderlos. “Cambiar la carátula por suspensión en vez de egreso, de manera de poder analizar caso a caso”, explicó Abella.
En una segunda instancia, el miércoles, los representantes legales del medio dirigido por Ricardo Peirano rechazaron la posibilidad de rever los despidos y propusieron, en cambio, desarrollar una serie de instancias bipartitas en las que explicarían las razones de estas desvinculaciones laborales.
Ayer, Abella confirmó a la diaria que desde la ATEO se rechazó la propuesta en el entendido de que el incumplimiento del convenio de Consejo de Salarios –“y más, cuando en 2015 APU resignó aumentos salariales para mantener puestos de trabajo”– genera la sensación entre los trabajadores de que “no contamos con garantías ni confianza para desarrollar el ámbito”. “Se ha roto un puente” y “no nos deja para nada claro que El Observador no continúe en la misma línea”, agregó.
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la posibilidad de un apoyo del gobierno al sector. La ATEO propuso la creación de “un modelo de subsidio a la prensa escrita de Montevideo, al igual que ocurre con el Fondo de Fomento de prensa del interior del país, antes que esta situación se agrave aun más”. Ante esto, la parte empresarial se mostró de acuerdo y desde el MTSS también se dio el visto bueno “porque no concibe una sociedad sin medios informativos”, contó Abella.
En su comunicado, la asociación de trabajadores sostuvo que esta propuesta no sólo procura “salvar nuestras fuentes de empleos”, sino también “garantizar la libertad de expresión que define el propio sistema democrático”. El dirigente sindical explicó que se trata de una “industria en riesgo” ya que, “en el mapa actual de los medios de comunicación, hay dos diarios que responden a grupos de poder económico, que son El País y El Observador, y por otro lado está La República que existe gracias al gobierno frenteamplista”. El sindicalista consideró que se trata de una “situación de inestabilidad” porque “si los grupos de poder deciden no poner más dinero en empresas deficitarias, nos quedamos sin medios”.
“Lamentamos la situación, insistimos en la violación del convenio y las soluciones de buenas intenciones” dijo Abella, quien determinó que se trata de un “pésimo antecedente” para los Consejos de Salarios que se iniciarán a mediados de año, y consideró que “el panorama no es alentador”.
Durante los próximos días, el gremio se contactará con actores del sistema político para “visibilizar la gravedad de lo que ha pasado”, dijo Abella, quien adelantó que se buscará comparecer ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados “la semana que viene”.
La Juventud
En otro ámbito, el 7 de febrero la directiva del diario La Juventuddespidió a un trabajador afiliado al SAG, que oficiaba de delegado sindical. Según la empresa, la acción responde a una situación económica en declive, pero el presidente del gremio, Artigas González, dijo que esto “es falso” porque “no sólo no se redujo la cantidad de trabajo, sino que recientemente se incorporó nueva tecnología”. Para González se trata de una “clara muestra de represión sindical”, ya que “desde que se formó el sindicato, en 2006, la empresa siempre intentó destruirlo”. Contó que una primera trabajadora despedida fue Loreley Corbo –secretaria general del SAG– y que el reciente desplazado de su puesto de trabajo “viene siendo víctima de hostigamiento de los militantes que trabajan en la empresa”.
Una semana después hubo una audiencia en la Dinatra, pero tras una reunión de cuatro horas no se llegó a un acuerdo. Según contó González, el MTSS propuso dejar sin efecto el despido y en vez de esto mandarlo cuatro meses a seguro por desempleo, y en el ínterin instalar un ámbito de negociación, pero el sindicato se negó: “Sabíamos que íbamos a perder el tiempo, porque con esa patronal no se puede dialogar”, explicó el presidente. En respuesta, propuso “negociar pero con el reintegro efectivo” pero la empresa lo declinó.
Una vez firmada el acta de desacuerdo, el sindicato resolvió iniciar un juicio de amparo por persecución antisindical, para el que se está preparando la documentación a entregar antes del 7 de marzo. Mientras tanto, continuarán con las campañas de denuncias mediante pegatinas, pintadas y redes sociales, ya que “como sólo quedan dos afiliados dentro del taller, se nos hace difícil seguir con medidas a la interna”, explicó González.
La Juventud es un periódico con sede en la ciudad de Montevideo. Fue fundado como diario el 14 de julio de 1992 pero era publicado como semanario desde 1984. Es un diario de orientación marxista leninista. Es el órgano de prensa oficial del Movimiento 26 de Marzo, pero alberga con amplitud a todas las expresiones de izquierda que compartan estos objetivos.
Es propiedad de una sociedad anónima de capitales tanto extranjeros como nacionales.
El Observador se declara defensor de los principios del liberalismo económico, de la familia y de la vida. Su director es Ricardo Peirano y es considerado un diario de derecha cercano al Opus Dei
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