Los datos de la ejecución presupuestal de 2017 procesados hasta ahora por la Contaduría General de la Nación (CGN) dan una idea de cómo evolucionó el gasto público en gran parte del Estado. Esa información muestra, entre otras cosas, que las transferencias realizadas por Rentas Generales a la seguridad social superaron el equivalente a US$ 2.300 millones y que de ese monto, casi US$ 550 millones correspondieron a asistencia a la llamada “caja militar”. También que en remuneraciones se pagaron cerca de US$ 5.000 millones, y que el presupuesto educativo representó aproximadamente 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI), según se indica en un informe presentado por el semanario Búsqueda. Vivienda y Poder Judicial entre los que menos recursos recibieron.
Por otro lado, la administración central tuvo ingresos por unos US$ 10.930 millones, el 90 % de origen tributario.
A estos datos al 31 de diciembre pasado que presenta en su Boletín de Información Presupuestal luego la CGN les hace ajustes, por lo que tienen un carácter preliminar. Los números definitivos, que pueden diferir en algunos casos de los adelantados en dicho boletín, acompañarán el próximo proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 2017.
De hecho, el gasto presupuestal total ejecutado en 2017 que surge de la información preliminar ascendió a $ 322.545 millones, lo que equivale a US$ 11.259 millones convertidos al tipo de cambio promedio del año pasado. Ese monto sugiere una caída del gasto (si se compara con lo erogado en 2016) que no es consistente con el aumento que indican las estadísticas fiscales reportadas mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Por otro lado, la administración central tuvo ingresos por unos US$ 10.930 millones, el 90 % de origen tributario.
A estos datos al 31 de diciembre pasado que presenta en su Boletín de Información Presupuestal luego la CGN les hace ajustes, por lo que tienen un carácter preliminar. Los números definitivos, que pueden diferir en algunos casos de los adelantados en dicho boletín, acompañarán el próximo proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 2017.
De hecho, el gasto presupuestal total ejecutado en 2017 que surge de la información preliminar ascendió a $ 322.545 millones, lo que equivale a US$ 11.259 millones convertidos al tipo de cambio promedio del año pasado. Ese monto sugiere una caída del gasto (si se compara con lo erogado en 2016) que no es consistente con el aumento que indican las estadísticas fiscales reportadas mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El boletín informa que los créditos totales asignados el año pasado fueron por $ 490.264 millones (unos US$ 17.000 millones), de lo cual se ejecutó 66 %.
Del presupuesto ejecutado en 2017 según la CGN —los US$ 11.259 millones—, casi la mitad correspondió a gastos de funcionamiento y dentro de este rubro, las remuneraciones al personal significaron US$ 4.947 millones. A su vez, la administración central —que abarca a los tres Poderes del Estado, los organismos de contralor, ANEP, ASSE, el Instituto del Menor, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Fiscalía de la Nación y la “Junta Anticorrupción”— invirtió el año pasado US$ 820 millones. Eso representó 7,3 % del gasto total.
La administración central representa una porción importante dentro del sector público en su conjunto, cuyas cuentas vienen siendo deficitarias en el orden de los US$ 2.000 millones anuales, es decir, en torno a 3,5% del PBI. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, estimó que al cierre de 2017 el resultado negativo será cercano a 3,3% (ver Búsqueda Nº 1.951).
Del presupuesto ejecutado en 2017 según la CGN —los US$ 11.259 millones—, casi la mitad correspondió a gastos de funcionamiento y dentro de este rubro, las remuneraciones al personal significaron US$ 4.947 millones. A su vez, la administración central —que abarca a los tres Poderes del Estado, los organismos de contralor, ANEP, ASSE, el Instituto del Menor, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Fiscalía de la Nación y la “Junta Anticorrupción”— invirtió el año pasado US$ 820 millones. Eso representó 7,3 % del gasto total.
La administración central representa una porción importante dentro del sector público en su conjunto, cuyas cuentas vienen siendo deficitarias en el orden de los US$ 2.000 millones anuales, es decir, en torno a 3,5% del PBI. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, estimó que al cierre de 2017 el resultado negativo será cercano a 3,3% (ver Búsqueda Nº 1.951).
Transferencias.
La contabilidad presupuestal registra como incisos independientes los intereses y otros gastos de la deuda pública, los subsidios y subvenciones, las transferencias financieras a la seguridad social, además de la categoría “diversos créditos”. La asignación prevista para estos rubros fue de unos $ 252.418 millones, pero de la información de la CGN surge que al cierre del año pasado se había ejecutado solo 45 % de dicho monto.
Dentro de esos incisos, las transferencias al sistema de seguridad social fueron las más relevantes en monto: $ 66.139 millones, algo más de US$ 2.300 millones. Considerando los créditos ejecutados, la asistencia de Rentas Generales al Banco de Previsión Social ascendió el año pasado a casi US$ 1.560 millones, al tiempo que transfirió US$ 548 millones a la “caja militar”, US$ 189 millones al servicio de retiros de los policías, y unos US$ 11 millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Aunque en cifras mucho más pequeñas, también hubo asistencia a los regímenes especiales de pasividades de escribanos y también a los de los demás profesionales universitarios.
El déficit que padece el servicio de retiros del personal de las Fuerzas Armadas y las transferencias que requiere desde Rentas Generales es una preocupación para las autoridades económicas del gobierno, por su impacto fiscal. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento dos proyectos de ley —que no logró aprobar hasta ahora—, uno para grabar transitoriamente las pasividades militares mayores a $ 50.000, y otro que introduce reformas al esquema de aportes y prestaciones de esa “caja”.
Áreas de gasto
La CGN informa también la distribución del gasto ejecutado según las 18 “áreas programáticas” en que está subdividido el Presupuesto Nacional. Es una forma de visualizar el uso de los fondos por parte de la administración central ya no desde la perspectiva de qué organismos realizaron el gasto sino en qué áreas se gastó, agrupando incisos que comparten propósitos.
El gasto en “protección y seguridad social” representó prácticamente un cuarto del total ($ 80.009 millones o US$ 2.793 millones), mientras que en educación se gastó apenas algo menos ($ 78.630 millones o US$ 2.745 millones). Como porcentaje del PBI, esas cifras rondan el 4,7 % en ambos casos.
El gasto en el área “servicios públicos generales” absorbió 13,7 % del total ejecutado, mientras que a salud se destinó 11,8 %. En seguridad ciudadana se utilizó 7 % del presupuesto global.
Por otra parte, “infraestructura, transporte y comunicaciones”, “defensa nacional” y “vivienda” ejecutaron en torno a 3 % del gasto total en cada caso.
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