Fue otra vez Capriles, el líder de esta oleada de protestas que comenzaron hace diez días, el encargado de dirigir a los manifestantes hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas. Fue una decisión sorpresiva pero nada casual. La Defensoría del Pueblo es parte del Consejo Moral Republicano, una instancia que se negó a calificar como grave la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo que avalaron dos sentencias que usurpaban las funciones del Parlamento.
La Policía Nacional Bolivariana interceptó la cabeza de la marcha cuando transitaba por la avenida Libertador. La fuerte represión con gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de goma disuadió a algunos manifestantes, pero otros insistían en seguir hacia su destino. Algunos trataron de tomar vías aledañas y arrojaron piedras a los agentes. La vía quedó completamente cerrada al tránsito de vehículos.
Varios sectores del este de Caracas estaban sumidos en el caos tras las intensas escarmuzas entre la oposición al régimen de Nicolás Maduro y la policía. La represión ha durado varias horas. Al final de la tarde los enfrentamientos se concentraron en la zona de El Rosal y en Bello Monte, muy cerca de las oficinas de Capriles.
En el afán de dispersar a los manifestantes, la Guardia Nacional arrojó muchas bombas lacrimógenas. Una de ellas incendió el depósito de una empresa de encomiendas vecina al despacho de Capriles. El edificio ha sido desalojado. Capriles se encontraba en su despacho pero está fuera de peligro, al igual que el resto del equipo que le acompañaba. Solo el conserje ha sido atendido porque presentó síntomas de asfixia. Es una situación que se repitió en algunos sectores del este de Caracas, que sufrieron hasta bien entrada la tarde una gran cantidad de gases arrojados durante las escaramuzas
Al mismo tiempo que se conocía del incendio en una oficina vecina a los cuarteles generales de Capriles, se supo del incendio de la planta baja de edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, una dependencia del Tribunal Supremo de Justicia. El ministro del Interior, Néstor Reverol, responsabilizó a la oposición de los daños y ha dicho que los responsables ya están identificados.
No sólo se protestó contra el régimen en Caracas, sino en San Cristóbal (andes venezolanos), en Barquisimeto (centro occidente del país), en Maracaibo (occidente) y en otros cinco estados del país. Entrada la noche se contabilizaban unos 52 detenidos, según la organización Foro Penal Venezolano. Esta semana han sido arrestadas unas 164 personas. De ellas aún permanecen detenidos 71.
Lo sucedido este sábado siguió el mismo patrón mantenido a lo largo de la semana y que amenaza con convertirse en una pauta de largo recorrido. Al menos 17, personas resultaron heridas según el alcalde del municipio capitalino de Chacao, el opositor Ramón Muchacho.
La fuerte represión de los pasados días, que incluso provocó la muerte de un manifestante en una población vecina a Caracas, ha llevado a Amnistía Internacional a condenar en un comunicado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y a recordar que la obligación del Estado es “garantizar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica de todas las personas”.
“En vez de usar sus recursos para empecinadamente perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el Gobierno de Venezuela debería estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria, que empeora día a día”, agregó Érika Rojas, directora para las Américas de la organización.
Controlar la calle
La insistencia de la oposición de permanecer en la calle busca quebrar el apoyo interno que tiene el régimen de Maduro. Con la comunidad internacional prácticamente en contra, los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) parecen decididos a conseguir esta vez un compromiso concreto en su objetivo de reducir el poder del chavismo.
Pese a que ya no tiene el apoyo popular del pasado, el régimen no parece dispuesto a dar marcha atrás en su control del poder. Es ahí donde se explica la decisión de inhabilitar a Capriles, según un dictamen de la Contraloría General de la República —la Intervención General— hecho público el viernes, y apartarlo de la política. Si la sanción se confirma, el gobernador del Estado de Miranda no podría aspirar a cargos de representación política hasta cumplir 60 sesenta años. Una posibilidad que Capriles descarta. “A mí Maduro no me va a retirar de la política. Sólo me retiraría el pueblo de Venezuela”, afirmó en un acto celebrado el viernes en Caracas.
La medida reconfigura el panorama de la oposición y llena de dudas la selección del candidato unitario que se enfrentaría al chavismo en las elecciones presidenciales de fines de 2018. La carrera aún no ha empezado, pero ya se empiezan a vislumbrar algunas aspiraciones. Con Capriles bajo amenaza de ser inhabilitado y con Leopoldo López preso, las restantes opciones con posibilidades para liderar la oposición son figuras débiles y discutidas, que insisten en la reconciliación y el acuerdo nacional como puntos medulares de su oferta. Y ese sería el escenario más favorable para el Gobierno en unas elecciones.
De ahí que el Ejecutivo parezca estar diseñando una oposición a la carta. Obligado por la condena internacional que supuso el autogolpe promovido por el Tribunal Supremo de Justicia mediante dos polémicas sentencias, y el calamitoso estado de la economía, el régimen parece obligado a no seguir posponiendo la fecha de las elecciones de gobernadores y de no retrasar con argucias legales los comicios presidenciales. Esta semana Maduro reconoció que en 2018 habrá elecciones en Venezuela.
La insistencia de la oposición de permanecer en la calle busca quebrar el apoyo interno que tiene el régimen de Maduro. Con la comunidad internacional prácticamente en contra, los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) parecen decididos a conseguir esta vez un compromiso concreto en su objetivo de reducir el poder del chavismo.
Pese a que ya no tiene el apoyo popular del pasado, el régimen no parece dispuesto a dar marcha atrás en su control del poder. Es ahí donde se explica la decisión de inhabilitar a Capriles, según un dictamen de la Contraloría General de la República —la Intervención General— hecho público el viernes, y apartarlo de la política. Si la sanción se confirma, el gobernador del Estado de Miranda no podría aspirar a cargos de representación política hasta cumplir 60 sesenta años. Una posibilidad que Capriles descarta. “A mí Maduro no me va a retirar de la política. Sólo me retiraría el pueblo de Venezuela”, afirmó en un acto celebrado el viernes en Caracas.
La medida reconfigura el panorama de la oposición y llena de dudas la selección del candidato unitario que se enfrentaría al chavismo en las elecciones presidenciales de fines de 2018. La carrera aún no ha empezado, pero ya se empiezan a vislumbrar algunas aspiraciones. Con Capriles bajo amenaza de ser inhabilitado y con Leopoldo López preso, las restantes opciones con posibilidades para liderar la oposición son figuras débiles y discutidas, que insisten en la reconciliación y el acuerdo nacional como puntos medulares de su oferta. Y ese sería el escenario más favorable para el Gobierno en unas elecciones.
De ahí que el Ejecutivo parezca estar diseñando una oposición a la carta. Obligado por la condena internacional que supuso el autogolpe promovido por el Tribunal Supremo de Justicia mediante dos polémicas sentencias, y el calamitoso estado de la economía, el régimen parece obligado a no seguir posponiendo la fecha de las elecciones de gobernadores y de no retrasar con argucias legales los comicios presidenciales. Esta semana Maduro reconoció que en 2018 habrá elecciones en Venezuela.
Manifestación en Caracas, este sábado.
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