La oleada conservadora prueba sus límites en Brasil, ejemplificados en un decreto del Ministerio del Trabajo que busca trabar la represión al trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, revocada provisionalmente por la Justicia. El poder de los “ruralistas”, bancada parlamentaria vinculada al gran negocio agrícola, acumula triunfos, como el de mantener a Michel Temer en la Presidencia del país, pese al rechazo de más de tres cuartos de los entrevistados en las últimas encuestas, quienes convencidos de la corrupción del mandatario, reclaman su renuncia. Raquel Dodge, nueva procuradora general de la República de Brasil, pidió la revocación del decreto ministerial que ablanda la represión a la esclavitud moderna. Especialista en el tema, ella presentó los argumentos jurídicos que resultaron en la condena de Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2016, por no prevenir adecuadamente el trabajo esclavo
Ablandar el combate al trabajo esclavo, por medio de la resolución ministerial del 13 de octubre, tenía por fin, según los comentaristas políticos, asegurar el apoyo ruralista en la Cámara de Diputados que, el 25 de octubre bloqueó, por 251 votos a 233, el proceso judicial contra Temer por obstrucción de Justicia y organización criminal.
La medida sería un golpe fatal a las acciones del Grupo Móvil de Inspección que ya liberó a más de 50.000 trabajadores sometidos a una esclavitud moderna, alertó Xavier Plassat, fraile dominicano que coordina la campaña contra el trabajo esclavo de la católica Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Las operaciones del grupo, creado en 1995 con inspectores del Ministerio de Trabajo e incluyendo a policías federales y fiscales del Ministerio Público del Trabajo (MPT), ya disminuyeron mucho en los últimos años por escasez de presupuesto y personal. “Antes tenía diez equipos, hoy solo ocho, lamentó Plassat en entrevista telefónica con IPS.
El decreto ministerial altera el concepto de “trabajo en condición análoga a la de esclavo”, limitándolo a los casos en que el trabajador es sometido bajo coacción e impedido de salir del local por guardia armada y retención de documentos, porque tendría “deudas contraídas con el empleador”.
Otras situaciones ahora son excluidas del concepto y definidas aparte como “trabajo forzado”, “jornada exhaustiva” y “condición degradante”, al imponerse sin el consentimiento del trabajador, hacerse “fuera de los dictámenes legales” y violar derechos y la dignidad de la persona.
“El decreto deconstruye lo que es trabajo esclavo, ya que entre 70 y 80 por ciento de los casos registrados en los últimos 15 años son de trabajo degradante y los demás son una mezcla de degradación, deuda, control físico y confiscación de documentos”, observó el fraile que acumula premios en su lucha por la erradicación de la esclavitud moderna.
“Excluyendo la jornada exhaustiva y degradante se ignora tres cuartos del problema, no habrá puniciones”, arguyó.
Las situaciones exigidas por el Ministerio del Trabajo para la analogía con el trabajo esclavo eran más frecuentes en actividades como deforestación, preparación de tierras para pastizales ganaderos y siembras, producción de carbón vegetal y corte de caña de azúcar, recordó Plassat.
Casi todas se mecanizaron en su mayor parte, se redujo la deforestación amazónica y también el uso de carbón vegetal en la producción del hierro-gusa, cuya demanda internacional cayó mucho, explicó.
Esa fue también una de las razones para la cantidad decreciente de trabajadores liberados en los últimos años.
De 2003, cuando se inauguró el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, a abril de 2017, fueron rescatados 34.940, alcanzando un máximo de 5.610 en 2007, seguido de un descenso sostenido hasta 742 en 2016, según datos de la CPT sobre trabajadores beneficiados por el seguro-desempleo luego de liberados de la esclavitud.
Descubrir trabajadores esclavizados en la forma más brutal se hizo más difícil, porque sus focos avanzaron hacia adentro en la Amazonia, junto con “la deforestación que ahora es selectiva, en áreas menores, invisibles a los satélites, clandestina”, sostuvo el fraile de origen francés, quien reside en Brasil desde 1989.
Las protestas de auditores fiscales (inspectores) del mismo Ministerio de Trabajo, del Ministerio Público, jueces y organizaciones de derechos humanos, además de críticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), forzaron el gobierno a admitir una revisión de la medida.
Pero la suspensión temporal de su vigencia, determinada por Rosa Weber, jueza del Supremo Tribunal Federal, acogiendo un pedido del partido Rede Sustentabilidad, puso una decisión definitiva en manos de la Suprema Corte, que deliberará sobre la validez del decreto ministerial en reunión plenaria sin plazo definido.
“Brasil corre el riesgo de interrumpir una trayectoria de éxito que lo hizo un modelo de liderazgo en el combate al trabajo esclavo”, y el decreto del Ministerio de Trabajo puede limitar las inspecciones y agravar “la vulnerabilidad” de trabajadores ya en condiciones frágiles, advirtió la OIT en comunicado público.
La agencia de las Naciones Unidas lamentó que Brasil pueda alejarse de “una definición conceptual de trabajo esclavo moderna y alineada con los convenios internacionales de la OIT” y del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030, en relación al trabajo esclavo.
Además de restringir el concepto, el decreto ministerial supedita a una “determinación expresa del Ministro de Trabajo”, la divulgación de las empresas que sometieron trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud.
La llamada “lista sucia” pasaría así al ámbito político, quitándole a la inspección laboral su tradicional autonomía establecida hace 126 años, protestó el Sindicato Nacional de Auditores-Fiscales del Trabajo (SINAIT).
La medida trabaría más aún las acciones ya “reducidas por falta de recursos y burocracia”, según Ivanete da Silva Sousa, secretaria administrativa del Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (CDVDH) de Açailandia, activa organización no gubernamental en la Amazonia Oriental de Brasil.
“Las operaciones del Grupo Móvil de Inspección, que antes alcanzaban ocho por año se limitaron a cuatro en 2016 y solo una este año en Açailandia y municipios cercanos en que actuamos”, señaló a IPS desde su ciudad.
El Centro sigue recibiendo denuncias de trabajos forzados, pero el Grupo Móvil solo interviene “en casos excepcionales, con más de 20 “esclavizados”, sostuvo la activista del CDVDH desde su fundación en 1996.
“Nuestro foco es el trabajo esclavo, pero atendemos otras violaciones de derechos laborales, impartimos capacitación profesional y defendemos trabajadores urbanos y rurales”, acotó.
Açailandia se destaca en ese tema por haber sido en décadas pasadas una ciudad de reclutamiento para trabajos duros en la Amazonia, al ubicarse en el estado de Maranhão, gran proveedor de mano de obra bracera, y en la frontera con Pará, el estado que más esclaviza.
La reducción de las inspecciones del Grupo Móvil se explica también por la baja de las denuncias de locales de esclavitud, que superaban 100 al año en los polos de la deforestación amazónica entre 2005 y 2007 y bajaron a 16 en 2016, justificó Plassat.
“Pero el compromiso con la causa sigue igual entre los miembros del grupo, sean inspectores laborales, fiscales del Ministerio Público o policías federales”, afirmó.
Las inspecciones también se dispersaron por el país. Se descubren esclavos incluso en grandes metrópolis, especialmente en la construcción y en la confección de ropas. El estado de São Paulo, el mas desarrollado de Brasil, concentra 2 % de los rescatados desde 2003.
Fuente: IPS
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