“De una vez por todas, se tiene que caer esta mentira y sacarle la máscara a esta falsa denuncia jurídica que presentó la oposición, con el único objetivo de poner a Ancap y a Sendic bajo la guillotina, con una claro objetivo político, que son las elecciones de 2019”, afirmó Pérez, en diálogo con Caras y Caretas Portal.
El abogado señaló que el testimonio de Sendic permitió clarificar todo lo que ocurrió en Ancap en los últimos años. Pérez dijo que las inversiones impulsadas por el ente fueron parte de “un ambicioso plan de gobierno de política energética”, que se inició en 2007 durante la administración de Daniel Martínez y que pretendió posicionar a Ancap como una marca petrolera en Uruguay y en el mundo.
En ese contexto se produce, por ejemplo, el acuerdo comercial con la petrolera venezolana Pdvsa, que fue muy positivo para Ancap. También tuvo este objetivo el acuerdo de cancelación de la deuda generada con Pdvsa por ese acuerdo comercial, que se logró tras “una gran gestión de Ancap”, que tuvo el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Poder Ejecutivo.
Este acuerdo de cancelación de deuda le permitió a Ancap “un ahorro de 300 millones de dólares” y una reducción de la deuda externa por 800 millones de dólares, y se concretó mediante una ley enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento. “La ley fue votada por unanimidad, porque era un muy buen negocio para Ancap y para el país”, insistió Pérez.
Estos hechos, por ejemplo, son “contradictorios” con la denuncia del Partido Nacional que refiere al déficit. “Ancap no tuvo déficit, sino que se trató de una cancelación de deuda, que fue aprobada por todos los directores de Ancap y por la unanimidad del Parlamento. Entonces votan la ley, tenían un representante en el Directorio y presentan este asunto ante la Justicia”, dijo.
En este punto, la Justicia investiga la participación de Exor Internacional como intermediario en el negocio. Pérez afirmó que “quedó claro” que la participación de Exor fue a instancias de Pdvsa no de Ancap. El abogado destacó que varios grupos económicos y financieros se presentaron para ofrecer esta ingeniería financiera, incluso República Afisa, pero es “el acreedor quien elige el intermediario”. El acuerdo transaccional posterior con Exor fue una recomendación de la División Jurídica de Ancap: “esa decisión la toma el Directorio, en base a un informe de un funcionario de carrera, a quien no se le puede atribuir ninguna intencionalidad política”.
Asimismo, Pérez señaló que todos los procesos licitatorios fueron avalados por el Directorio de Ancap y que el conjunto de inversiones que se realizaron con base en el plan estratégico derivaron en una inversión de unos 1.800 millones de dólares. “En ningún momento la inversión se apartó de los planes del gobierno […] El MEF estaba presente en las negociaciones, incluso, la encargada del área de Gestión de Deuda, la contadora Azucena Arbeleche, que hoy es asesora de un candidato de la oposición. O sea, no había temas oscuros o no transparentes”, enfatizó
En este sentido, “los resultados (de las inversiones) no se pueden ver de un día para el otro, pero están. Por ejemplo, en la planta de cal: Uruguay exporta 12 mil toneladas de cal a la planta de Candiota a un precio de 250 dólares la tonelada, si no fuera industrializada se vendía a 0,4 dólares la tonelada”. Los negocios con Petroecuador y Trafigura -para la refinación de crudo y venta de derivados- tienen el mismo resultado. “Ancap ganó 6 millones de dólares en este negocio y quedó claro que existían contratos espejos firmados con las dos partes. Eso está en la propia denuncia del Partido Colorado, que dice que en el negocio no hay apariencia de delito, pero que Ancap ‘pudo’ haber ganado más dinero”, afirmó Pérez.
Con todo esto, el abogado fustigó el accionar de la oposición. “La denuncia es una jugada política, a la que se le intentó poner un viso jurídico para ingresarla en un Juzgado, nada menos que en un Juzgado Especializado en Crimen Organizado. Y se llegó a esta etapa donde se está debatiendo en un ámbito jurídico, como un Juzgado Penal, un tema político”.
Según Pérez, a esto se le suma, el anuncio de un senador de que se presentarán nuevas pruebas sobre estos hechos. “Esto muestra la clara debilidad de las denuncias presentadas. Como vislumbran que no tienen nada, que no hay ninguno delito, intentan hacer estas movidas para que el tema se mantenga, difundiendo información falsa e inexactas, mientras se acerca la campaña de 2019. La oposición tiene claro que esta denuncia va al entierro”, concluyó Pérez.
Fuente: Caras y Caretas
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