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domingo, 15 de octubre de 2017

D. TRUMP: SI LOS POBRES NO PUEDEN TENER ATENCION EN SALUD NO ES MI PROBLEMA, YO SOY MULTIMILLONARIO

ha dado un golpe casi mortal al Obamacare, la ley sanitaria impulsada por Barack Obama y un anatema para muchos republicanos. El presidente yanqui ha decidido acabar con unos subsidios que son clave para el funcionamiento de la ley. La Casa Blanca anunció a última hora del jueves que no tiene fondos para las ayudas que concede a las aseguradoras para que personas con bajos recursos paguen menos costes extras sanitarios, como copagos. Unas horas antes, Trump había firmado un decreto para fomentar que haya pólizas con menos requisitos.





 
Los republicanos habían llevado esas ayudas a los tribunales, que les habían dado parcialmente la razón pero el caso está pendiente de sentencia en una corte de apelaciones. “El rescate a las aseguradoras por medio de estos pagos ilegales es otro ejemplo de cómo la anterior Administración abusó los dólares de los contribuyentes y esquivó la ley para dar apoyo a un sistema roto”, señaló el Gobierno en un comunicado. “El Congreso tiene que derogar y reemplazar la desastrosa ley de Obamacare y proporcionar un alivio real al pueblo estadounidense”.

El mensaje de Trump es claro: ante la inacción del Congreso para aprobar una contrarreforma sanitaria, ha decidido actuar por su cuenta y si los legisladores quieren impedirlo deben ponerse manos a la obra. Es una estrategia similar a la que ha adoptado respecto al programa que impide la deportación de los dreamers, los inmigrantes indocumentados que llegaron de pequeños a EE UU. Si el Congreso —en que su partido, el republicano, ostenta la mayoría— no actúa, ese programa quedará cancelado.

Vicisitudes políticas al margen, la decisión sobre el Obamacare tendrá efectos devastadores, sobre todo para personas de bajos recursos: los expertos coinciden en que acabar con los subsidios disparará el coste mensual de las pólizas y puede llevar a las aseguradoras a salirse del mercado. Es decir, es probable que los mercados se suman en el caos cuando precisamente Trump alega que ya lo están y que quiere revertirlo. Y el anuncio llega en un momento delicadísimo, cuando faltan tres semanas para que abra el periodo ordinario para comprar seguros médicos para el próximo año.

 “Cortar subsidios sanitarios significará que haya más personas sin seguro en mi distrito”, advirtió Ileana Ros-Lehtinen, congresista republicana por Florida, en un mensaje en Twitter. El presidente, agregó, “prometió más acceso y cobertura asequible. Esto hace lo contrario”. Sin embargo, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, avaló la decisión de Trump al esgrimir que es el Congreso el que debe decidir sobre las ayudas económicas.

Obamacare, aprobada en 2010, es una ley complejísima. Nadie lo cuestiona y tampoco que no posea ineficiencias. Pero la conclusión varía entre partidos. Para los demócratas, lo importante es que la ley ha dado cobertura a 20 millones de personas que no la tenían y ha establecido requisitos que impiden abusos, como negar coberturas o cobrar más según los antecedentes médicos. Para los republicanos, Obamacare simboliza el intervencionismo y asistencialismo excesivo del Gobierno porque ha disparado los precios de algunos seguros y rebajado la oferta.

La clave de la ley es que crea un mercado regulado para la compra de seguros para las personas (21,8 millones, un 7% de la población) que no obtienen asistencia a través de sus empleos o el Gobierno (con sus programas públicos para personas muy pobres o jubiladas). Dentro de ese mercado, el Gobierno concede dos tipos de subsidios para gastar menos en sanidad. Por un lado, cuatro de cada cinco asegurados a través de Obamacare recibe algún tipo de ayuda que rebaja el coste mensual de su póliza. En paralelo, las personas con ingresos bajos —que ganan entre 12.000 y 30.000 dólares anuales— reciben otras ayudas para pagar menos costes extras al margen de su póliza, como copagos por acudir a un médico o reducir su nivel mínimo de gastos.

Estas últimas ayudas las paga el Gobierno a las compañías aseguradoras. El año pasado el coste ascendió a 7.000 millones de dólares. Los subsidios pueden llevar a una persona a ahorrarse 6.000 dólares al año, según cálculos de The Commonwealth Fund, una organización que analiza el mercado sanitario.

Pero los pagos son problemáticos. Los republicanos de la Cámara de Representantes recurrieron en 2014 las ayudas alegando que eran ilegales dado que el Congreso nunca las aprobó como parte del presupuesto anual del Gobierno. Un juez les dio la razón, pero el Gobierno Obama presentó un recurso y no hay una sentencia final. La Administración Trump había mantenido hasta ahora los pagos y muchos legisladores y expertos le habían pedido que los continuara hasta que se llegara a una solución definitiva. El presidente, sin embargo, ha decidido dar un puñetazo sobre la mesa y acabar con ellos. Cinco Estados, liderados por California, han anunciado que recurrirán la decisión.


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