Los
republicanos habían llevado esas ayudas a los tribunales, que les
habían dado parcialmente la razón pero el caso está pendiente de
sentencia en una corte de apelaciones. “El rescate a las aseguradoras
por medio de estos pagos ilegales es otro ejemplo de cómo la anterior
Administración abusó los dólares de los contribuyentes y esquivó la ley
para dar apoyo a un sistema roto”, señaló el Gobierno en un comunicado.
“El Congreso tiene que derogar y reemplazar la desastrosa ley de Obamacare y proporcionar un alivio real al pueblo estadounidense”.
El mensaje de Trump es claro: ante la inacción
del Congreso para aprobar una contrarreforma sanitaria, ha decidido
actuar por su cuenta y si los legisladores quieren impedirlo deben
ponerse manos a la obra. Es una estrategia similar a la que ha adoptado respecto al programa que impide la deportación de los dreamers,
los inmigrantes indocumentados que llegaron de pequeños a EE UU. Si el
Congreso —en que su partido, el republicano, ostenta la mayoría— no
actúa, ese programa quedará cancelado.
Vicisitudes políticas al margen, la decisión sobre
el Obamacare tendrá efectos devastadores, sobre todo para personas de
bajos recursos: los expertos coinciden en que acabar con los subsidios
disparará el coste mensual de las pólizas y puede llevar a las
aseguradoras a salirse del mercado. Es decir, es probable que los
mercados se suman en el caos cuando precisamente Trump alega que ya lo
están y que quiere revertirlo. Y el anuncio llega en un momento
delicadísimo, cuando faltan tres semanas para que abra el periodo
ordinario para comprar seguros médicos para el próximo año.
“Cortar subsidios sanitarios significará que haya
más personas sin seguro en mi distrito”, advirtió Ileana Ros-Lehtinen,
congresista republicana por Florida, en un mensaje en Twitter. El
presidente, agregó, “prometió más acceso y cobertura asequible. Esto
hace lo contrario”. Sin embargo, el líder republicano de la Cámara de
Representantes, Paul Ryan, avaló la decisión de Trump al esgrimir que es
el Congreso el que debe decidir sobre las ayudas económicas.
Obamacare, aprobada en 2010, es una ley
complejísima. Nadie lo cuestiona y tampoco que no posea ineficiencias.
Pero la conclusión varía entre partidos. Para los demócratas, lo
importante es que la ley ha dado cobertura
a 20 millones de personas que no la tenían y ha establecido requisitos
que impiden abusos, como negar coberturas o cobrar más según los
antecedentes médicos. Para los republicanos, Obamacare simboliza el
intervencionismo y asistencialismo excesivo del Gobierno porque ha
disparado los precios de algunos seguros y rebajado la oferta.
La clave de la ley es que crea un mercado regulado
para la compra de seguros para las personas (21,8 millones, un 7% de la
población) que no obtienen asistencia a través de sus empleos o el
Gobierno (con sus programas públicos para personas muy pobres o
jubiladas). Dentro de ese mercado, el Gobierno concede dos tipos de
subsidios para gastar menos en sanidad. Por un lado, cuatro de cada
cinco asegurados a través de Obamacare recibe algún tipo de ayuda que
rebaja el coste mensual de su póliza. En paralelo, las personas con
ingresos bajos —que ganan entre 12.000 y 30.000 dólares anuales— reciben
otras ayudas para pagar menos costes extras al margen de su póliza,
como copagos por acudir a un médico o reducir su nivel mínimo de gastos.
Estas últimas ayudas las paga el Gobierno a las
compañías aseguradoras. El año pasado el coste ascendió a 7.000 millones
de dólares. Los subsidios pueden llevar a una persona a ahorrarse 6.000
dólares al año, según cálculos de The Commonwealth Fund, una
organización que analiza el mercado sanitario.
Pero los pagos son problemáticos. Los republicanos
de la Cámara de Representantes recurrieron en 2014 las ayudas alegando
que eran ilegales dado que el Congreso nunca las aprobó como parte del
presupuesto anual del Gobierno. Un juez les dio la razón, pero el
Gobierno Obama presentó un recurso y no hay una sentencia final. La
Administración Trump había mantenido hasta ahora los pagos y muchos
legisladores y expertos le habían pedido que los continuara hasta que se
llegara a una solución definitiva. El presidente, sin embargo, ha
decidido dar un puñetazo sobre la mesa y acabar con ellos. Cinco
Estados, liderados por California, han anunciado que recurrirán la
decisión.
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