El intendente de Soriano, integrante del partido Nacional, Agustín Bascou, enfrenta desde este jueves 2 causas distintas en la Justicia penal. A la acusación por supuesto libramiento de cheques sin fondo, un caso que está en la órbita judicial desde febrero, el Frente Amplio agregó una denuncia por conjunción del interés público y privado, a partir de las compras de combustible que la intendencia realizaba en estaciones que eran propiedad de Bascou.
Hasta febrero de 2017, el intendente fue propietario de dos estaciones del sello ANCAP que proveían de combustible a la comuna a través del Sistema de Control Vehicular (Sisconve), un software que monitorea a los coches de organismos públicos.
Según la denuncia del Frente Amplio, una de las dos estaciones propiedad del intendente, ubicada en ruta 2, despachó en 2016 casi tres veces más combustible a vehículos de la intendencia que otra estación del mismo sello, ubicada a solo 100 metros de distancia.
Antes de ir a la justicia, el Frente Amplio había agotado otros caminos. Primero, promovió un juicio político en la Junta Departamental, pero no obtuvo los votos suficientes. En esa misma sesión, del pasado 26 de setiembre, un grupo de ediles del Partido Nacional que responden al sector Todos instó a conformar una comisión investigadora que analice el caso, pero tampoco consiguió el respaldo necesario.
Según la edil y abogada patrocinante Elsa Barolín, se realizó la denuncia penal "porque se agotaron el resto de las vías". En conferencia de prensa, la frenteamplista explicó que la decisión de la bancada de ediles de seguir este proceso fue únanime y que cuenta con el apoyo del partido.
"Fue una resolución del colectivo formado por diputados, ediles y la mesa política del Frente Amplio", dijo la edil.En esta línea, el edil Carlin Susaye aseguró que el partido "no tiene duda de que hubo una violación a la Constitución tajante".
Según el frenteamplista, el intendente de Soriano violó el artículo 291 de la Constitución por "comprar combustible de una empresa de la que era el director, presidente y administrador". "Para nosotros aparejaría una situación configurada y tipificada que es la conjunción del interés público con el privado", concluyó por su parte Barolín.
A tres frentes
Indagado por la Justicia, el intendente del Partido Nacional se encuentra también en el ojo de otros dos organismos. Por un lado, la Comisión de Ética de su propio partido, que definirá si hubo o no un apartamiento de las conductas esperadas de un servidor público.
Por otra parte, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analiza la posibilidad de ingresar el tema a estudio. Según dijo a El Observador su vicepresidente, Daniel Borreli, aún no han decidido indagar el caso Bascou, pero "lo más probable" es que ello suceda una vez que culminen las tareas que los mantienen ocupados por estos días.
El caso Bascou dividió en dos al Partido Nacional y reflotó viejas tensiones entre los líderes Luis Lacalle Pou (Todos) y Jorge Larrañaga (Juntos). Mientras que Larrañaga defendió al intendente, que pertenece a su sector, Lacalle Pou declaró que si fuera Bascou "ya hubiera renunciado".
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