FUNCIONARIOS JUDICIALES: VOLVERIAN A PEDIR INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA APROBADA POR EL PARLAMENTO

El texto aprobado plantea que "el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales", entre otros, y agrega: "No obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza, excedan las 75 millones de unidades indexadas (US$ 10 millones), el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal".

Los judiciales pretenden que ahora se les adecue el salario para luego sentarse a discutir el pago de la deuda generada por el retroactivo. “Por el juicio no hemos tenido aumento del salario real desde 2011. Otra vez estamos sin chances a mediano plazo de cobrar el salario correctamente”, apuntó.

Si bien Ascurrein aseguró que no descartan ningún tipo de medida, dijo que las que tomaron hasta ahora no han sido efectivas. "No existen medidas de lucha mágicas y cuando nosotros hacemos paro afectamos a los más vulnerables", dijo.

A principios de este año el Poder Ejecutivo realizó una oferta para saldar el conflicto pero esta solo fue aceptada por una parte de los trabajadores. En la Rendición de Cuentas aprobada hay un dinero destinado para pagar la deuda con jueces, fiscales, defensores de oficio y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fueron los que aceptaron la oferta del gobierno. 

Los funcionarios judiciales cuentan con una sentencia a su favor que obliga al Estado a pagar un aumento salarial del 26 % retroactivo a 2012.

El conflicto se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo resolviera en 2010 en la Ley de Presupuesto incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la SCJ están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial. A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales. 

El PIT-CNT respalda el reclamo de los funcionarios judiciales y esta tarde se comunicarán con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para pedirle un ámbito de diálogo. “No estamos hablando de trabajadores que tienen salarios enormes. La mayoría no superan los $ 30.000”, dijo el presidente de la central sindical, Fernando Pereira y aseguró que debido al conflicto los funcionarios judiciales han tenido un “congelamiento” del salario real.