La efímera existencia de los 6 millones en Pressur —parte de la lista de "incobrables" del Fondes— esconde, sin embargo, una historia más larga y algo compleja, que comienza el día en que Nelson Uribe decidió abandonar el negocio. Fue a principios de 2012. Pressur, una empresa que llevaba ocho años imprimiendo libros de alta calidad, exportando el 95% de su producción y facturando hasta 10 millones de dólares por año, comenzaba a sentir los embates de las medidas paraarancelarias del gobierno de Cristina Fernández. Como Argentina era su principal comprador, fue necesario buscar nuevos mercados y, en paralelo, reducir la producción y los turnos de trabajo. No fue suficiente.
Empujado por el nuevo escenario, Uribe, un extupamaro oriundo de Colonia y radicado en México desde hace décadas, escribió una carta a su gerente de producción, Enrique Gaucher. Allí adujo "motivos personales y familiares", planteó la opción de transferir la empresa a sus empleados y mencionó por primera vez la palabra Fondes.
A partir de ahí, Gaucher y otros dos gerentes, María Huber y Rodolfo Pagano, iniciaron el camino de armar de cero una cooperativa que les permitiera golpear las puertas de la solidaridad estatal. Armaron un proyecto para demostrar que la imprenta —dotada de una maquinaria nueva de más de 18 millones de dólares— aún era viable y necesitaba 13 millones para salir a flote. Convocaron una asamblea y conquistaron la adhesión de 133 de 152 empleados.
Cuando el proyecto llegó a manos de la Unidad Técnica del Fondes, el contador Jorge Varela no escatimó en valoraciones negativas que dejó plasmadas en un documento interno al que accedió El País. "Los gerentes no tienen formación ni experiencia en autogestión. No visualizan los cambios que conlleva la nueva modalidad de gestión", escribió, y advirtió que los vínculos entre gerentes y trabajadores sindicalizados eran "por momentos, conflictivos". A su vez, se refirió a una "transición difícil" debido a las dificultades con Argentina, y apuntó: "Si bien la empresa ha reaccionado positivamente diversificando sus mercados (...) no se logró revertir la tendencia".
Si hasta ahí Varela se había mostrado pesimista, luego se reveló lapidario: "No obstante lo dicho anteriormente, se puede afirmar que el mayor problema que experimenta la empresa es el sobreendeudamiento", gatilló. Planteó que la deuda era "casi tres veces y media el patrimonio", con lo cual la empresa "no sería capaz sostener una situación mínimamente adversa respecto a sus acreedores", y advirtió que si Pressur había salido adelante hasta entonces había sido por una sucesiva renovación de líneas de crédito.
A su vez, el personal del Fondes tomó nota de que aún se debían 8,4 millones de dólares por maquinaria y había otros "pasivos bancarios" por 2,2 millones y deudas comerciales por 3,5 millones.
Pues bien, pese a semejante sinceramiento, la misma unidad dio el visto bueno a un préstamo no de 13, pero sí de 6 millones de dólares. La mitad se usaría para cancelar deudas del dueño, parte con el Banco Santander y parte con el BROU, con el objetivo de liberar los campos hipotecados de Uribe. La otra mitad se destinaría a "capital de trabajo". El 13 de febrero de 2013 se acordaron las condiciones en las que Uribe cedería a la flamante Cooperativa de Obreros y Empleados de Pressur (COEP) el 100% de las acciones de Pressur y Librarii (otra imprenta suya pero en México).
De la negociación participaron Pedro Buonomo como presidente de la Junta de Dirección del Fondes, Gabriel Frugoni como director de OPP, Ruben Hernández por el Pit-Cnt, entre otros. Curiosamente también figura el nombre del entonces edil del MPP y directivo de Envidrio, Daniel Placeres, mencionado como representante de Fondes en una reunión el 22 de febrero de 2013. Placeres nunca desempeñó un cargo (formal) en Fondes.
Al final, ninguno de los objetivos se cumplió. Ni Uribe pudo salir airoso con sus campos libres, ni la COEP consiguió perdurar más allá de ese último (y costoso) aliento de seis meses. En un libro sobre autogestión que publicó Presidencia en 2014, Gaucher se refiere a los 3 millones que iban a ser para capital de trabajo: "Lamentablemente no se utilizó para eso, porque hubo que levantar muertos con los proveedores. Además se debían licencias atrasadas. Allí faltó una mayor fiscalización del Fondes, que se limitó a entregar el dinero. Nos consta que se invirtió a consciencia, pero allí hay un problema".
Según pudo saber El País, los bienes de Uribe no fueron liberados por el BROU porque, al no prosperar el proyecto de la cooperativa, se mantuvo la hipoteca. El banco también tiene prendada la maquinaria y hace meses que se viene anunciado que se rematará, pero no se concreta. En marzo se supo que había un argentino interesado en comprar la imprenta, pero tampoco se concretó. Hoy, la imprenta de Nueva Helvecia es un galpón de sueños frustrados. Y el Fondes se quedó sin nada.
Incobrables.
El de Pressur es, a los ojos de Rodrigo Goñi, un "proyecto mal parido" y forzado. El diputado blanco guarda celosamente en dos carpetas toda la documentación a la que accedió tras sucesivos pedidos de informes y que luego entregó a la Justicia. Para el exfrenteamplista Gonzalo Mujica, este caso es "escandaloso": "No le dan la plata para producir, sino para que el dueño levante sus garantías en el banco. El Fondes se saca a sí mismo toda garantía", alega.
Mujica cuenta que empezó a prestarle atención al tema en 2015, cuando tuvo ante sí la primera rendición de cuentas del Fondes, correspondiente a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. Primero había unos 20 millones de dólares previsionados, es decir, con gran chance de no ser recuperados. En el siguiente balance la cifra ascendió a 45 millones, y para 2017 se llega a 65,4 millones previsionados de los casi 70 millones ejecutados. Hoy, de los 20 emprendimientos que Fondes tiene en su cartera de créditos, 14 tienen el 100% del préstamo catalogado como de improbable recuperación.
La última rendición contiene otro dato llamativo: Funsacoop, el proyecto de autogestión tal vez más exitoso financiado por Fondes, pasó a tener previsionado el total de lo que debía a diciembre de 2016 —3,1 millones de dólares—, que es casi el 50% de lo que se le prestó.
El País intentó hablar con alguien de Funsacoop para saber el estado actual de la cooperativa, pero no hubo respuesta. De todas formas, la circunstancia de esta fábrica de neumáticos se explica sola: su principal mercado era (es) Venezuela. Además, actualmente hay 53 empleados de Funsacoop en seguro de desempleo, de acuerdo al registro público del Ministerio de Trabajo. Otras cooperativas asistidas por Fondes están en ese listado: Puerto Sauce (la textil de Juan Lacaze), El Águila (la curtiembre de Florida) y Urutransfor (la ex MAK). En la última rendición de cuentas, estas dos tienen el 50% y el 20% de sus préstamos previsionados; son de las pocas que aún subsisten.
El ranking de las que más dinero recibieron y menos probabilidad hay de que lo devuelvan lo lideran Dyrus (Alas U, 15,8 millones), CTC Olmos (15 millones) y Envidrio (ex Cristalerías, 12,9 millones).
¿Dónde está la plata?
A mediados de este año, Goñi, Mujica y el diputado blanco Jaime Trobo hicieron una denuncia en dos partes. La primera es por "intervenciones arbitrarias y/o abusivas en el comercio exterior con Venezuela al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno"; la segunda es sobre el Fondes por lo que definieron como "concesión irregular de fondos públicos". El nexo entre ambas es Venezuela, porque algunas cooperativas exportaron a ese país a partir de acuerdos binacionales (ver recuadro). Pero como ya había una causa por los negocios de intermediación de Aire Fresco, las dos partes de la denuncia quedaron en distintos juzgados.
La que avanza es la del Fondes. Ya declararon Buonomo, Frugoni, Sebastián Torres (del Ministerio de Industria) y, esta semana, el exvicecanciller Roberto Conde. Está pendiente la respuesta del diputado Placeres, que pidió declarar por escrito. Y está previsto que se llame a declarar al excanciller Luis Almagro, por los acuerdos que se firmaron con Venezuela.
Los diputados piden determinar por qué se concedían préstamos a cooperativas cuyos informes técnicos revelaban "enormes debilidades", como Pressur o Alas U. Quieren saber por qué se seguía liberando el dinero ante el incumplimiento de metas preestablecidas. En algunos casos encontraron tramos de préstamo sujetos a una "promesa de compra". En otros, las garantías eran maquinaria que solo tiene valor para el que sabe usarla. Hasta ahora, lo único que recuperó Fondes fue el inmueble donde funcionaba Cotrapay, que se logró vender a la Intendencia de Paysandú en US$ 1,5 millones.
Finalmente, se proponen esclarecer en qué se gastó la plata. Si fue en intermediaciones, si fue en sueldos desmedidos, si se financió algún partido político o si hubo, simplemente, mala gestión. Ante la duda, se permiten sospechar. Ellos tienen sus hipótesis. La Justicia tiene la palabra.
PARTE DE LA DEFENSA EN LA JUSTICIA
PEDRO BUONOMO
Hubo asistencia técnica
Pedro Buonomo, que integró la Junta Directiva del Fondes entre 2012 y 2014, expuso ante la jueza Larrieu que el Fondes contaba con un “comité de supervisión” integrado por varios ministerios, una Junta Directiva de tres miembros y una Unidad Técnica. Esta última era “la ventanilla de entrada de los proyectos” donde se realizaba “el análisis técnico, económico, financiero, ambiental”. “En general los proyectos carecían y necesitaban apoyo técnico y económico-administrativo. Más de 40 proyectos recibieron apoyo no reembolsable para contratación de técnicos que fortalecieran el proyecto”.
GABRIEL FRUGONI
Fondes o seguro de paro
“Acá se intentó con el mayor esfuerzo posible y el Fondes asistió a empresas que en total reunían 3000 empleados. Considerando que a 2000 de ellos se les hubiera dado un seguro de paro de 30 mil pesos nominales, eso habría insumido 40 millones de dólares. Evidentemente ese no era el camino porque lo que se intentaba era resurgir los emprendimientos (...) Los casos que cerraron van a tener pérdida seguramente porque las garantías no van a cubrir la totalidad del préstamo (...) Quiero aclarar que no es la búsqueda del Fondes la ganancia, por supuesto que tampoco es tener pérdidas”, dijo Gabriel Frugoni.
SEBASTIÁN TORRES
Proyectos eran viables
Sebastián Torres, que integró la Junta Directiva como delegado del Ministerio de Industria entre 2011 y 2013, declaró ante Larrieu que “se controlaba que las empresas cumplieran las distintas etapas para el cumplimiento de los pagos” mediante el “control de las facturas, pero también del proyecto”. Tras responder acerca de aspectos puntuales de los casos de Pressur, Envidrio y Funsacoop, Torres dijo que, a su juicio, los proyectos cumplían con los requisitos del decreto regulatario: “Lo que hay que considerar es que en su conjunto los proyectos entregados al Fondes eran viables y sustentables”, opinó.
Proyectos "no eran viables ni sostenibles", denunciaron.
El decreto 341/2011, que reguló el Fondes hasta el cambio de gobierno, establece que los proyectos deberán aportar toda la información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos, entre ellos "ser sostenibles económica y financieramente". "Creemos que los mismos fueron otorgados sin cumplir en lo más mínimo con los escasos requisitos legales impuestos a tales efectos, o cumpliendo solo en apariencia, en la medida que los beneficiarios de los préstamos no contaban con proyectos viables y sustentables ni eran sostenibles económica y financieramente", dicen los diputados Jaime Trobo, Rodrigo Goñi y Gonzalo Mujica en el texto de la denuncia que presentaron meses atrás ante Crimen Organizado.
El contador detrás de 5 cooperativas.
Los denunciantes llaman la atención sobre un nombre que se repite en los documentos del Fondes: Fernando Cetrulo, un contador que en su currículum dice haber asesorado en forma honoraria a varias cooperativas asistidas, y que según manejan los diputados, luego integró los directorios de algunas de ellas. Los diputados desconfían de su rol y piden indagarlo. Consultado para esta nota, Cetrulo se mostró afectado por las acusaciones públicas y no quiso hacer comentarios. Según supo El País, el profesional redactó los proyectos de cinco cooperativas ante el Fondes, de los cuales cobró solo uno.
PIDEN ABRIR CUENTAS
Doble lupa sobre las que vendían a Venezuela; piden abrir cuentas.
Venezuela y sus compras a precios desorbitantes ya no es una sospecha: es una certeza. En ese país, los dólares que entran por cada importación son oro en billete y se venden en el mercado negro por tres o cuatro veces lo que marca el tipo de cambio oficial. Esa maniobra con la divisa explica los sobreprecios con los que han vendido varias empresas uruguayas a Venezuela, un negocio brillante para ambas partes —al menos hasta que entra la sospecha de lavado de activos.
La pregunta que viene al caso en esta oportunidad es: las cooperativas que exportaban a Venezuela, ¿lo hacían con sobreprecio? "Seguramente sí, porque así vendían todas las demás", se responde el ahora exdiputado Gonzalo Mujica. Y luego razona: "Estaban en el mejor de los mundos posibles. Trabajaban con plata prestada, vendían tres o cuatro veces por arriba de los precios internacionales. ¿Dónde está la plata?".
En el escrito de la denuncia que presentaron Mujica, Trobo y Goñi se pone de manifiesto que varios de los acuerdos comerciales firmados al comienzo del gobierno de José Mujica con Venezuela tenían, por un lado, a la "contraparte estatal y monopólica" de ese país y, por otro, a distintas empresas uruguayas. Una de ellas es Aire Fresco, que merece un capítulo aparte. Otras son Urutransfor y Envidrio, cooperativas asistidas por Fondes. Los denunciantes las señalan porque en ellas "recae la representación de nuestro país para desarrollar las actividades (…) sin que se encuentre una explicación que justifique por qué razón, en función de qué antecedentes y por qué procedimientos transparentes y competitivos fueron designadas para convenir con la contraparte estatal y monopólica venezolana". Según declaró esta semana el exvicecanciller Roberto Conde, era Venezuela la que seleccionaba las empresas sin participación alguna de la Cancillería.
"¿Cómo es que no podían pagar?", retoma Gonzalo Mujica. "Primero, hay que abrir las cuentas de estas empresas. Hay que trazar la ruta del dinero. Cuando el Fondes les prestó, ¿dónde se depositó? Y de ahí, ¿a dónde se fue?", plantea. Los diputados estiman que el trámite judicial, en caso de que se proceda a levantar el secreto bancario de las empresas involucradas y sus asesores, llevará años.
fondes
Segunda parte: topes, requisitos, manual y monitoreo
Cinco días después de asumir, Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley que modificaba la institucionalidad del Fondes, fijando topes para asumir el riesgo y exigiendo condiciones más rígidas a los aspirantes al préstamo.
La ley que finalmente se aprueba en agosto de 2015 (la 19.377) divide al Fondes en dos: una parte pasa a ser administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), y la otra por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Fondes Inacoop se focaliza en las cooperativas y los emprendimientos productivos, en particular los autogestionados. La fuente sigue siendo hasta el 30% de las utilidades anuales del BROU.
A partir de octubre de 2015 se contrata la consultoría de CPA Ferrere, que realiza un plan estratégico. Según lo escrito en la última rendición de cuentas, ese plan trae como consecuencia "la contratación de personal y puesta en marcha de la unidad de seguimiento y la elaboración de los manuales de todos los procedimientos de Fondes Inacoop".
Allí se estipula, entre otras cosas, cómo será el monitoreo de los proyectos asistidos, recogiendo una de las principales críticas al Fondes anterior.
"Estamos vivos, porque hay algunos que nos dan por muertos", dijo hace algunas semanas a Búsqueda el presidente de Fondes Inacoop, Gustavo Bernini. A principios de julio, el organismo lanzó nuevas líneas de apoyo para emprendimientos por US$ 6,6 millones.
De acuerdo a la última rendición de cuentas, a diciembre de 2016 la cartera de créditos (incluidas las líneas de financiamiento aprobadas y los créditos a cobrar) consta de 20 emprendimientos.
La previsión de créditos incobrables asciende a US$ 65,4 millones y aumenta respecto a 2015 por la situación de Dyrus (Alas U), Ucot, Funsacoop, Urutransfor y Ctepa (fábrica de fideos).
Fuente: El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario