La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene que el derecho a la intimidad, a la no discriminación,
al desarrollo, a la higiene ambiental y al nivel más alto posible de salud mental y física, entre otros, depende
del acceso a una vivienda adecuada. Contar con una vivienda digna no es solo una necesidad, sino uno de
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la nación.
El fenómeno de crecimiento de la cantidad de hogares se ha visto acompañado, a su vez, por una disminución en el porcentaje de propietarios y un consecuente crecimiento de familias arrendatarias.
Entonces, la demanda por vivienda para alquilar se dinamizó más que la demanda por vivienda en términos
generales. Buena parte de la oferta de vivienda nueva de los últimos años, fue orientada a satisfacer al sector
de la población que procura vivienda para alquilar.
Los Gobiernos del Frente Amplio procuraron incidir en el mercado de Vivienda de Interés Social que dispuso importantes exoneraciones tributarias a la construcción de viviendas en barrios de Montevideo,
por ejemplo, donde la oferta era casi inexistente luego de la desaparición del Banco Hipotecario como
promotor histórico.
Según datos oficiales, en los cinco años y medio de vigencia se han finalizado 5.723 viviendas en el marco de la ley. Otras 5.319 están aun en construcción. Información que sincera el bajo impacto del programa en cantidad de construcción de viviendas protegidas por exoneraciones fiscales.
El Gobierno Nacional se dio cuenta ante los precios de venta de las nuevas vivienda que la rebaja impositiva
no era suficiente condición para que los precios y los alquileres disminuyeran sustancialmente.
En 2014 se resolvió desde el Ministerio de Vivienda obligar a las empresas constructoras a ofrecer
en venta un porcentaje de esas viviendas a un costo regulado, administrado por el Estado. En la actualidad se avanza a rebajar exoneraciones del impuesto a la renta a los propietarios que arrienden
por encima de un precio fijado administrativamente.
El sistema funciona en base al lucro. Pero no solo al lucro sino a ganancias a una tasa que impone el mercado.
Los inversores, frente a las normas que procuran controlarla, retraen la inversión en la construcción.
El objetivo que se procuró como estimulo a inversores en vivienda destinada a arrendamiento se contiene,
se retrae, entrando en contradicción con lo que la ley pretende promover.
La renuncia fiscal implementada por ley fue exitosa en la creación de oferta, pero no incidió en los precios,
cuando los precios no surgen de una suma de costos sino que los fija el mercado.
La compra de vivienda para uso propio sigue siendo escasa: la ley ha funcionado como subsidio a la oferta de viviendas para alquiler, permitiendo que lo que el Estado deja de percibir ingresos en beneficio de una superior rentabilidad de los inversores, sin incidencia alguna en la buscada rebaja del costo de los alquileres.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) concluye que en el período 2005-2016 los precios de los
alquileres crecieron un 10% más que los salarios, asunto que tiene que ver con la introducción del IRPF a los arrendamientos (12%) en el 2007.
El impuesto no lo pagaron ni lo pagan los propietarios sino que es trasladado a los inquilinos en un mercado casi libre donde la demanda de vivienda para alquilar se mantiene alta. Conclusión: el impuesto IRPF se traslado íntegramente a los inquilinos.
El proyecto de Ley presentado por el compañero diputado Gerardo Núñez propone colocar tope a los alquileres en toda la nación en un 4 % del valor de Catastro del Inmueble. Inversores que han lucrado distorsionando en beneficio propio los objetivos iniciales y específicos de la nueva legislación sobre
construcción de viviendas se apresuran ahora ha hablar de “distorsión los valores del mercado y que la aprobación de la Ley propuesta por Núñez provocaría un colapso del mercado de alquileres, tornándose en un boomerang contra el objetivo de evitar que haya “viviendas sin gente” y “gente sin viviendas”.
¿Que hacer? Los sindicatos reclaman y proponen un Plan Nacional estatal de viviendas.
De acuerdo. El Plan de Vivienda Sindical que nació hace 6 años e hizo el 1° de Mayo un fuerte reclamo para que el Estado supere retrasos notorios en la comprometida financiación del Plan. El derecho al uso de la vivienda es un derecho social humano. La IM procura avanzar al expropiar un pequeño porcentaje de viviendas abandonadas. El Gobierno nacional comprometió a fines de julio del año 2015 “una inversión récord en la historia del país”.
Lo afirmó el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, al anunciar que se destinarían 12.000 millones de dólares en infraestructura durante este período de Gobierno. No se conoce a casi dos años cuanto lleva invertido la nación en general, y en infraestructura de vivienda y saneamiento en particular.
5 de junio, 2017.-
(1) Los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2012 muestra que el 59,3 % de los hogares uruguayos son propietarios de su vivienda, el 19,2 % son inquilinos y el 21,5 % son ocupantes de la vivienda que habitan (0.8 % sin permiso-20,7 % con permiso de los propietarios).
El departamento con mayor número de hogares inquilinos sobre su población es Montevideo con 24,9%.
Fuente: Frente Obrero organo de prensa del Partido Oberero Revolucionario
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